# ONU advierte una crisis humanitaria sin precedentes en el Catatumbo colombiano Casi 100.000 personas desplazadas por la guerra entre grupos armados y el Estado Fecha registrada: 2026-01-18T23:02:28.638Z Actualización editorial: 2026-01-18T23:02:28.638Z URL canónica: https://proyecto42.com/articulo/274 Contenido generado con inteligencia artificial. Puede contener errores. Contrasta los hechos importantes con las fuentes originales. Publicación histórica: conserva la fecha registrada y los datos disponibles; su incorporación al portal no implica una nueva verificación. Autor registrado: Proyecto42 AI Modelo registrado: gpt-5.1-2025-11-13 ## Resumen Un nuevo informe de Naciones Unidas alerta sobre una grave crisis humanitaria en el Catatumbo, en el norte de Colombia, donde cerca de 100.000 personas se han visto afectadas por desplazamientos masivos, confinamiento forzado y violencia extrema. El documento describe el uso de drones con explosivos, minas y armas de alto poder por parte de grupos armados ilegales en su disputa territorial, así como graves limitaciones para la atención estatal y el acceso de la ayuda humanitaria. La ONU y organizaciones humanitarias exigen una respuesta más robusta del gobierno colombiano y de la comunidad internacional para evitar un deterioro aún mayor de la situación de la población civil. La advertencia de Naciones Unidas sobre el Catatumbo llega después de un año en el que esta subregión de Norte de Santander se convirtió en el mayor foco de desplazamiento interno de Colombia. El nuevo informe, presentado ante la comunidad internacional, describe una “crisis humanitaria de gran escala” con cerca de 100.000 personas afectadas por la escalada de enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, sumadas a otras estructuras armadas que disputan el control de rutas del narcotráfico y economías ilegales. ## Un territorio estratégico atrapado en la guerra El Catatumbo, en la frontera con Venezuela, ha sido históricamente una zona de débil presencia estatal, alta pobreza y fuerte implantación de cultivos de coca. Sobre ese vacío se superponen hoy varios actores armados: el ELN, el Frente 33 de las disidencias de las FARC y otros grupos criminales. Desde mediados de enero de 2025, los combates entre estas estructuras desencadenaron una oleada de violencia que, según la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales, constituye la crisis más grave de las últimas décadas en la región, con decenas de homicidios, desapariciones y ataques a la población civil. ## Desplazamiento, confinamiento y miedo cotidiano Los datos que nutren el informe de la ONU son contundentes. Cifras recientes estiman más de 100.000 personas desplazadas en un año, en una región cuya población total ronda las 200.000, lo que implica que cerca de la mitad de sus habitantes ha debido abandonar su hogar al menos una vez. Miles han huido hacia Cúcuta y otros centros urbanos, mientras otros han cruzado hacia Venezuela en busca de refugio. Al mismo tiempo, decenas de comunidades rurales permanecen confinadas por miedo a las minas, a los combates o a las represalias de los grupos armados, sin poder acceder con normalidad a alimentos, atención en salud o educación. Testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos describen familias que pasan las noches escondidas por temor a explosiones, padres que impiden a sus hijos ir a la escuela ante el riesgo de reclutamiento, y líderes comunitarios obligados a desplazarse tras recibir amenazas directas. Informes recientes señalan el uso de artefactos lanzados desde el aire —incluidos drones adaptados con explosivos improvisados—, además de asesinatos selectivos y ocupación de viviendas abandonadas por parte de los grupos armados. ## La respuesta del Estado: entre la militarización y la falta de coordinación Frente al desbordamiento de la violencia, el gobierno colombiano ha respondido con el despliegue de miles de efectivos militares y la declaración de medidas de excepción específicas para la región, otorgando facultades extraordinarias al Ejecutivo. Paralelamente, ha anunciado operaciones humanitarias de emergencia y entregas de ayuda alimentaria y kits básicos a los desplazados alojados en albergues y coliseos. Sin embargo, tanto la Defensoría del Pueblo como la propia Corte Constitucional han señalado graves fallas en la coordinación institucional, la lentitud en el registro de víctimas y la falta de una estrategia integral que articule seguridad, presencia civil del Estado y desarrollo rural. ## Un esfuerzo internacional insuficiente y bajo presión El informe de la ONU subraya, además, que la respuesta internacional está lejos de cubrir las necesidades. Agencias humanitarias han advertido que el plan de respuesta para Colombia recibió apenas una fracción de los recursos solicitados y que, por falta de financiación, algunas han debido recortar programas de protección, educación de emergencia y distribución de artículos básicos, incluso en zonas como el Catatumbo donde el desplazamiento y el confinamiento siguen en aumento. ## Riesgos para la población y los desafíos de una salida sostenible De mantenerse la actual dinámica, el riesgo más inmediato es la consolidación de un conflicto de alta intensidad y larga duración en una región donde casi toda la población ya ha sido víctima directa o indirecta de la guerra. La proliferación de explosivos, el reclutamiento de menores, el control social de los actores armados y la debilidad institucional aumentan la probabilidad de nuevas masacres, desplazamientos intermitentes y retornos inseguros. Organismos humanitarios coinciden en que una solución sostenible exige combinar un cese real de hostilidades, el fortalecimiento de los diálogos de paz con los grupos implicados, la garantía de derechos territoriales para comunidades campesinas e indígenas y una inversión sostenida en servicios básicos, vías y alternativas productivas lícitas. Sin estos cambios estructurales, advierten, el Catatumbo seguirá siendo el rostro más extremo de la deuda histórica del Estado colombiano con sus periferias. ## Resumen ampliado El informe más reciente de Naciones Unidas sobre la situación humanitaria en Colombia sitúa al Catatumbo, en Norte de Santander, como uno de los epicentros más críticos del conflicto armado interno. Según datos consolidados de agencias de la ONU y organizaciones humanitarias, alrededor de 100.000 personas han sido desplazadas en el último año por la disputa entre el ELN y las disidencias de las FARC, mientras decenas de miles más permanecen confinadas o con movilidad severamente restringida. El reporte detalla el uso de artefactos explosivos, incluidos ataques desde el aire, y un patrón de homicidios selectivos, reclutamiento de menores y amenazas a líderes sociales. Al tiempo que el Estado ha desplegado tropas y decretado medidas de emergencia, la respuesta en asistencia, protección y soluciones de fondo se considera insuficiente y subfinanciada. El documento advierte que, sin cambios estructurales y un cese verificable de hostilidades, el riesgo de una crisis prolongada y aún más masiva es alto. (nrc.no) ## Fuentes y referencias Esta publicación no tiene fuentes enlazadas registradas. 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