# Corte Suprema sacude al nuevo Congreso colombiano con órdenes de captura por caso UNGRD Wadith Manzur y Karen Manrique, reelectos el 8 de marzo, irán a prisión preventiva Fecha registrada: 2026-03-12T23:03:01.821Z Actualización editorial: 2026-03-12T23:03:01.821Z URL canónica: https://proyecto42.com/articulo/326 Contenido generado con inteligencia artificial. Puede contener errores. Contrasta los hechos importantes con las fuentes originales. Publicación histórica: conserva la fecha registrada y los datos disponibles; su incorporación al portal no implica una nueva verificación. Autor registrado: Proyecto42 AI Modelo registrado: gpt-5.1-2025-11-13 ## Resumen La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó enviar a prisión a los congresistas reelegidos Wadith Manzur, del Partido Conservador, y Karen Manrique, de las curules de paz, por el delito de cohecho impropio dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se basa en un entramado de presuntos sobornos vinculados a la aprobación de créditos públicos y a la asignación de contratos en municipios de Córdoba, Bolívar y Arauca. El fallo irrumpe de lleno en el nuevo Congreso surgido de las elecciones legislativas recientes y reaviva el debate sobre la responsabilidad de los partidos y el impacto del caso UNGRD en la campaña presidencial en curso. ## La decisión que golpea al Congreso recién elegido En una decisión que sacude el tablero político colombiano, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura y envío a prisión de Wadith Manzur, senador electo del Partido Conservador, y Karen Astrith Manrique, representante de curul de víctimas por Arauca, ambos recién reelegidos en las elecciones legislativas del 8 de marzo. La medida los vincula de manera directa al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los acusa del delito de cohecho impropio por supuestamente haber recibido o aceptado promesas de beneficios a cambio de su voto en el Congreso. La Corte no solo ordena su detención en centro carcelario, sino que además los llama a juicio junto con otros congresistas y un excongresista que integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, encargada de aprobar el endeudamiento externo del Estado. Según el alto tribunal, los hechos investigados no se limitan a irregularidades administrativas, sino que configuran un esquema deliberado de compra de voluntades legislativas con recursos públicos originalmente destinados a atender emergencias y desastres. ## Cómo operaba el esquema con la UNGRD El caso se enmarca en el amplio escándalo de la UNGRD, destapado inicialmente por sobrecostos y fallas en la compra de carrotanques para abastecer de agua a La Guajira y luego ampliado a una red de contratos direccionados en varias regiones. Exdirectivos de la entidad, como el exdirector Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, han declarado que recursos de gestión del riesgo se usaron para asegurar apoyos a iniciativas del Gobierno en el Congreso. En esa lógica, Manzur y Manrique habrían intervenido para garantizar votos favorables a operaciones de crédito público del Ministerio de Hacienda, a cambio de que la UNGRD financiara proyectos específicos en territorios de su interés político. Expedientes conocidos señalan tres contratos por alrededor de 92.000 millones de pesos, dirigidos a Cotorra (Córdoba), el corregimiento de El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca), este último el fortín electoral de Manrique. Las pruebas reseñadas incluyen más de medio centenar de documentos, al menos una decena de testimonios y registros de reuniones en el Ministerio de Hacienda y en la propia UNGRD entre finales de 2023 y 2024. En el caso de Manrique, se destaca el seguimiento detallado al avance de los contratos mediante mensajes y contactos con asesores de Hacienda, así como anotaciones en una libreta personal de Olmedo López en la que se consigna su nombre junto al del excongresista Juan Diego Muñoz y el municipio de Saravena. ## Los perfiles políticos y el contexto electoral Wadith Manzur, de 39 años, proviene de Córdoba y dio el salto de la Cámara de Representantes al Senado con más de 130.000 votos, convirtiéndose en una de las mayores votaciones del Partido Conservador pese a que ya estaba investigado por el caso UNGRD. Karen Manrique fue reelegida en la curul de víctimas de paz por Arauca con poco más de 6.000 sufragios, consolidando su presencia en una región golpeada por el conflicto y la pobreza. Ambos fueron ratificados por sus partidos o movimientos en las listas para las legislativas del 8 de marzo, en unas elecciones que reconfiguraron el Congreso y dieron paso a unas consultas presidenciales en las que la derecha se ordenó alrededor de Paloma Valencia, el centro respaldó a Claudia López y el bloque progresista perfiló a Roy Barreras. El nuevo Parlamento, más polarizado y con varios miembros bajo investigación, llega así marcado por el peso de los clanes regionales y por el avance de procesos judiciales que ahora pasan de la sospecha a las medidas de aseguramiento. ## Reacciones de partidos y debate sobre la “silla vacía” La orden de captura desató una oleada de reacciones. Dirigentes opositores como Enrique Gómez cuestionaron que la justicia actuara después de las elecciones, señalando que la información sobre la presunta corrupción de Manzur y Manrique era conocida desde hace meses y que su reelección distorsionó la competencia electoral. La periodista y exaspirante presidencial Vicky Dávila calificó el episodio como muestra de una “política podrida” y responsabilizó a los partidos por mantener en sus listas a figuras cuestionadas. Desde Cambio Radical se celebró la decisión de la Corte con el argumento de que “mejor tarde que nunca”, mientras voces como la de la exfiscal Ángela Monsalve pusieron el foco en un electorado que sigue respaldando candidatos asociados a escándalos de corrupción. La senadora Angélica Lozano destacó, además, que en el caso de Manzur se activaría la figura de la silla vacía, reduciendo de diez a nueve las curules conservadoras en el Senado y debilitando la bancada en la negociación de mayorías. En cuanto a Karen Manrique, su detención abre interrogantes sobre el futuro de una curul de paz que ya estaba bajo la lupa del Consejo de Estado por una demanda de pérdida de investidura relacionada con el mismo escándalo. La definición sobre si procede o no la silla vacía en su caso quedará en manos de las autoridades electorales y contenciosas, pero cualquiera sea el desenlace, el mensaje político es claro: las curules especiales tampoco están blindadas frente a la acción penal. ## Efectos en la campaña presidencial El impacto del caso trasciende la aritmética parlamentaria y se cuela de lleno en la campaña presidencial que avanza hacia la primera vuelta. Para la derecha, las capturas refuerzan el relato de un Gobierno asociado a la corrupción de la UNGRD y alimentan propuestas de mano dura institucional. Sectores de centro y de izquierda crítica buscan capitalizar el escándalo con agendas de reforma política, transparencia en la contratación y depuración de listas, mientras el oficialismo enfrenta el reto de defender sus reformas en un Congreso donde varios de sus antiguos aliados llegan bajo sospecha o directamente rumbo a la cárcel. En este escenario, el caso Manzur-Manrique se convierte en símbolo de la frontera cada vez más difusa entre la gestión del riesgo, la intermediación política y la captura del Estado por redes clientelistas. ## Resumen ampliado La Corte Suprema ordenó la captura y medida de aseguramiento en cárcel contra Wadith Manzur y Karen Manrique, recién reelegidos en los comicios del 8 de marzo, al considerarlos presuntamente responsables de cohecho impropio en el caso UNGRD. Según decisiones judiciales y expedientes conocidos, ambos habrían aprovechado su participación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para avalar operaciones de endeudamiento del Gobierno a cambio de la promesa de millonarios contratos financiados con recursos de gestión del riesgo, dirigidos a Cotorra, El Salado y Saravena. Las pruebas incluyen testimonios de exdirectivos de la UNGRD, registros de reuniones, comunicaciones y anotaciones en libretas oficiales. La orden de captura desata fuertes reacciones de opositores y sectores independientes, abre la puerta a la figura de la “silla vacía” en el Senado y amenaza con agravar el costo político del escándalo para el Gobierno en plena campaña presidencial. ## Fuentes y referencias Esta publicación no tiene fuentes enlazadas registradas. Metodología: https://proyecto42.com/metodologia Correcciones: https://proyecto42.com/correcciones