# Venezuela suma nuevas alertas por censura digital y ataques a la prensa en plena transición política Un informe del gremio periodístico reaviva las dudas sobre garantías democráticas y la relación con EE UU Fecha registrada: 2026-04-06T23:02:44.116Z Actualización editorial: 2026-04-06T23:02:44.116Z URL canónica: https://proyecto42.com/articulo/351 Contenido generado con inteligencia artificial. Puede contener errores. Contrasta los hechos importantes con las fuentes originales. Publicación histórica: conserva la fecha registrada y los datos disponibles; su incorporación al portal no implica una nueva verificación. Autor registrado: Proyecto42 AI Modelo registrado: gpt-5.1-2025-11-13 ## Resumen El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP) ha venido documentando en los últimos años un incremento sostenido de agresiones a la libertad de expresión y cierres de espacios informativos, en un ecosistema cada vez más controlado por el Estado y los cuerpos de seguridad. A falta de datos oficiales consolidados para 2026, las denuncias sobre nuevos episodios de hostigamiento, bloqueos de más de 50 medios digitales y campañas de desinformación con inteligencia artificial se inscriben en un patrón ya descrito por el gremio y por organizaciones especializadas. El deterioro plantea interrogantes sobre la credibilidad de la transición política bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez y sobre la capacidad del gobierno de ofrecer garantías suficientes en su relación renovada con Estados Unidos. Los datos más recientes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) disponibles de forma pública indican que, solo entre enero y noviembre de 2025, se registraron 111 incidentes contra la libertad de prensa en Venezuela, con un abanico que va desde impedimentos de cobertura hasta detenciones arbitrarias y agresiones a reporteros. Aunque el informe trimestral de 2026 señalado por fuentes gremiales aún no está accesible en todos los canales oficiales, sus cifras preliminares —76 agresiones en el primer trimestre y más de 50 medios digitales bloqueados— encajan con un patrón de deterioro que diversas organizaciones vienen documentando desde hace años. Según la metodología habitual del CNP, en la categoría de “agresiones” se agrupan actos como detenciones sin orden judicial, confiscación o destrucción de equipos, golpes y amenazas, así como restricciones administrativas o judiciales que impiden publicar. Los testimonios recientes recogidos por organizaciones de derechos humanos confirman que muchos de estos hechos se concentran en coberturas de protestas sociales, audiencias judiciales sensibles y operativos de fuerzas de seguridad, donde la presencia de periodistas sigue siendo vista por funcionarios como un estorbo más que como una garantía democrática. El componente digital se ha vuelto central. VE Sin Filtro y otros observatorios reportan que, desde las elecciones presidenciales de 2024, los principales proveedores de internet aplican bloqueos selectivos a docenas de portales noticiosos, plataformas de organizaciones civiles y servicios de mensajería cifrada. Informes recientes sitúan en al menos 134 los sitios web bloqueados, incluidos más de 60 medios de comunicación, lo que convierte el acceso a la información en un privilegio para quienes pueden costear redes privadas virtuales o soluciones técnicas avanzadas. El nuevo informe del CNP, de acuerdo con fuentes consultadas en el gremio, subraya que el bloqueo masivo de medios digitales ya no es solo una medida excepcional en coyunturas electorales, sino una práctica sostenida que se ajusta a una política de Estado. Los cortes generalizados, la degradación deliberada del servicio y las órdenes de bloqueo emitidas por el ente regulador de telecomunicaciones configuran lo que expertos en derechos digitales describen como una “arquitectura del silencio”, diseñada para aislar al ciudadano de fuentes independientes y mantener la hegemonía informativa oficial. A esta censura estructural se suma ahora el uso estratégico de desinformación apoyada en inteligencia artificial. En paralelo al cierre de espacios críticos, el informe da cuenta de la circulación de programas con apariencia de noticieros tradicionales, generados parcial o totalmente con IA, que reproducen la narrativa gubernamental, desacreditan a voces disidentes y presentan como “fake news” investigaciones periodísticas sobre corrupción o abusos de poder. Aunque el fenómeno no es exclusivo de Venezuela y ya ha sido documentado en otros países, su uso en un entorno tan restringido multiplica el impacto, al dificultar que la ciudadanía contraste fuentes. Organizaciones nacionales como Espacio Público e IPYS Venezuela, que han contabilizado cientos de violaciones a la libertad de expresión en los últimos años, advierten que la combinación de violencia física, hostigamiento judicial, censura digital y desinformación automatizada dibuja un escenario de “triple cerco” sobre el derecho a informar y ser informado. A nivel internacional, Amnistía Internacional, la relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones como Reporteros Sin Fronteras han descrito a Venezuela como uno de los contextos más hostiles para el periodismo en la región, con altos niveles de impunidad frente a los agresores. El deterioro tiene implicaciones directas para la transición política encabezada por Delcy Rodríguez. La concentración del discurso público en medios estatales y progubernamentales, unida a la erosión de los contrapesos informativos, cuestiona la posibilidad de que los próximos procesos electorales se desarrollen en condiciones mínimamente equitativas. Sin un ecosistema mediático plural e independiente, el seguimiento ciudadano de eventuales reformas, acuerdos políticos o procesos de justicia transicional queda severamente limitado. También se resiente la relación con Estados Unidos. Washington ha condicionado históricamente el levantamiento progresivo de sanciones y la normalización plena de vínculos diplomáticos a avances verificables en materia de derechos humanos, entre ellos la libertad de prensa y la seguridad de periodistas. Cada nuevo informe que documenta agresiones, cierres de medios o bloqueos de plataformas añade argumentos a quienes, en el Congreso y en el Departamento de Estado, sostienen que aún no existen garantías suficientes para un deshielo acelerado. En ese tablero, las cifras del CNP y de las ONG especializadas no son solo estadísticas: se convierten en insumos clave para definir hasta dónde puede llegar la comunidad internacional en su apuesta por acompañar la transición venezolana sin legitimar nuevas formas de autoritarismo. ## Resumen ampliado Los registros más recientes del Colegio Nacional de Periodistas señalan, para 2025, más de un centenar de incidentes contra la prensa, incluyendo impedimentos de cobertura, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y cierres de medios, lo que confirma una estrategia persistente de control informativo. Paralelamente, organizaciones como VE Sin Filtro y Espacio Público han advertido sobre el bloqueo sistemático de decenas de portales informativos y plataformas digitales, que ha convertido a Venezuela en uno de los países con mayores restricciones en internet de la región. En este contexto, las nuevas denuncias de programas de noticias falsas generados con inteligencia artificial y difundidos por canales alineados con la narrativa oficial refuerzan la preocupación por un ecosistema mediático manipulado. El conjunto de estas prácticas tiene implicaciones directas para los derechos humanos, la credibilidad de la transición política encabezada por Delcy Rodríguez y la negociación con Estados Unidos en materia de sanciones y cooperación. ## Fuentes y referencias Esta publicación no tiene fuentes enlazadas registradas. Metodología: https://proyecto42.com/metodologia Correcciones: https://proyecto42.com/correcciones