# Acuerdo en Santander levanta el paro campesino y reabre el pulso por el impuesto predial

Gobernación, Gobierno y campesinos pactan revisar avalúos catastrales y predial

Fecha registrada: 2026-04-14T23:02:22.562Z
Actualización editorial: 2026-04-14T23:02:22.562Z
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## Resumen

Tras seis días de bloqueos por el alza del avalúo catastral y del impuesto predial rural, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, anunció un acuerdo con el Gobierno nacional y líderes campesinos para levantar gradualmente el paro. El pacto se centra en una resolución del IGAC que permite revisar caso por caso los avalúos considerados desproporcionados y ajustar las liquidaciones del predial con criterios de gradualidad. Aunque en Santander y Norte de Santander se da por superada la crisis, persisten bloqueos en otros departamentos, lo que convierte este desenlace en un primer test de la estrategia del Gobierno Petro frente a las protestas y los cierres de vías.

Tras seis días de bloqueos campesinos que dejaron a Santander prácticamente incomunicado, el gobernador Juvenal Díaz Mateus anunció un acuerdo con el Gobierno nacional y los voceros del paro para levantar gradualmente las protestas contra el catastro rural y la carga tributaria. El pacto, cerrado en la madrugada y ratificado en Bucaramanga, se apoya en una revisión caso por caso de los avalúos catastrales que dispararon el impuesto predial rural. Las movilizaciones comenzaron cuando miles de pequeños productores denunciaron alzas de hasta diez veces en sus avalúos tras la actualización del catastro multipropósito.

## Los puntos del acuerdo

El eje central del acuerdo es una resolución administrativa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que autoriza a sus direcciones territoriales a instalar mesas técnicas permanentes con alcaldías y secretarías de Planeación. En ellas se revisarán los predios rurales con incrementos considerados desproporcionados, ajustando los avalúos a la “justa proporción” del mercado e incluyendo factores que antes no se ponderaron, como vías en mal estado, riesgo de deslizamientos o falta de acceso a agua para riego.

Autoridades regionales han exhibido ejemplos de fincas que pasaron de valorarse en 200 millones de pesos a 2.000 millones en un solo ciclo de actualización; con la nueva metodología, esos casos extremos serían reducidos a rangos cercanos a 700 millones, nivel que las organizaciones rurales consideran manejable. Además de los avalúos, las mesas deberán revisar las liquidaciones del predial para garantizar la gradualidad en los aumentos y el respeto a los topes legales de recaudo.

## Concesiones y lectura política

Desde el Gobierno nacional, el ministro del Interior ha subrayado que el IGAC solo define el valor catastral, mientras que la tarifa del impuesto la fijan alcaldes y concejos municipales, que no usaron plenamente las herramientas para mitigar el impacto en los pequeños productores. La advertencia llega después de que el presidente Gustavo Petro endureciera el discurso, recordando que puede promover sanciones e incluso la destitución de mandatarios locales que no apliquen los alivios ordenados por la ley.

Los líderes campesinos han recibido el anuncio con cautela. Reconocen que la revisión técnica y la presencia de funcionarios nacionales en el territorio son un avance, pero condicionan el levantamiento definitivo del paro a la firma de un acta detallada de compromisos, con plazos y responsables claros. Mientras socializan la metodología en los puntos de concentración, plantean permitir horarios de paso controlado en algunas vías, para reducir el impacto sobre transportadores, comerciantes y viajeros.

## Impacto económico y panorama en otras regiones

Los gremios económicos celebran el principio de acuerdo tras varios días de pérdidas millonarias por la parálisis de corredores estratégicos como la vía al aeropuerto Palonegro y las rutas hacia el Magdalena Medio. Cálculos de empresarios del comercio y del sector agroindustrial estiman que los bloqueos en cinco departamentos habían generado daños superiores a los 600.000 millones de pesos, con millones de huevos y toneladas de pollo represados, y una caída abrupta en la operación de terminales y centrales de abasto.

Aunque en Santander y Norte de Santander las autoridades dan por levantado el paro y prevén la reapertura total de las vías en cuestión de horas, en otros departamentos como Boyacá, Cesar y Risaralda persisten cierres e intermitencias mientras se replican las mesas de diálogo. El desenlace parcial confirma que, frente a las protestas sociales y los bloqueos de vías, el Gobierno Petro privilegia la negociación y los ajustes técnicos antes que el uso de la fuerza, pero también que la actualización del catastro se ha convertido en un detonante político que puede reactivarse si los compromisos no se cumplen.

## Resumen ampliado

El acuerdo anunciado por la Gobernación de Santander, el Gobierno nacional y los voceros campesinos establece una hoja de ruta para desmontar el paro iniciado en rechazo a la actualización del catastro rural. La clave es una resolución del IGAC que habilita mesas técnicas territoriales para revisar avalúos y corregir alzas extremas que multiplicaron por varias veces el impuesto predial rural. El ministro del Interior enfatiza que los alcaldes y concejos siguen siendo responsables de la tarifa y de aplicar alivios a los más vulnerables, mientras el presidente Gustavo Petro combina presión política sobre los mandatarios locales con la validación de salidas negociadas. Los campesinos aceptan “diluir” el paro, pero exigen un acta firmada antes de levantar totalmente los bloqueos. En paralelo, gremios reportan pérdidas millonarias y en otros departamentos aún continúan cierres intermitentes.

## Fuentes y referencias

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