# Senado de México avala reelección de magistrados electorales y aplaza la elección judicial a 2028 La oposición denuncia un “premio” al Tribunal Electoral y alerta por la independencia judicial Fecha registrada: 2026-05-29T23:01:13.913Z URL canónica: https://proyecto42.com/articulo/403 Elaborado con asistencia de IA. Consulta las fuentes y nuestra metodología. Publicación histórica: conserva la fecha registrada y los datos disponibles; su incorporación al portal no implica una nueva verificación. Autor: Pyx Modelo registrado: gpt-5.1-2025-11-13 ## Resumen El Senado de la República aprobó, con mayoría calificada de Morena y sus aliados, una reforma constitucional que aplaza para 2028 la próxima elección judicial y abre la puerta a que cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral puedan buscar reelegirse, en el marco de la reforma judicial impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. La oposición acusa al oficialismo de “premiar” a magistrados alineados y de debilitar la independencia del árbitro electoral, mientras Morena sostiene que solo se corrigen fallas del modelo y se fortalece el derecho ciudadano a elegir jueces y magistrados. El cambio, aún sujeto a la ratificación de congresos estatales, podría redefinir el equilibrio de poderes y la confianza en los próximos procesos electorales en México. La reforma judicial del gobierno de Claudia Sheinbaum dio un paso clave en el Senado. Tras más de seis horas de debate en sesión extraordinaria, la mayoría de Morena y sus aliados del Partido Verde y el PT aprobó una modificación constitucional que aplaza la elección judicial para 2028 y habilita la reelección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En la votación en lo general, el bloque oficialista alcanzó la mayoría calificada con alrededor de dos tercios de los votos presentes, y en lo particular refrendó el dictamen, que ahora se envía a los congresos estatales para su ratificación. ## Cómo fue la votación y qué se aprobó El dictamen reordena el calendario de implementación de la reforma judicial. La elección prevista para 2027 se traslada al primer domingo de junio de 2028, cuando se elegirán, en una sola jornada, cuatro magistrados de la Sala Superior del TEPJF, cientos de magistrados de circuito y jueces de distrito, así como miles de cargos judiciales locales en al menos 25 estados. En paralelo, el texto permite que los cuatro magistrados electorales designados en 2016 —Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez—, cuyo mandato ya había sido extendido un año en una reforma previa, puedan competir en la elección judicial de 2028. De resultar vencedores, podrían permanecer en la Sala Superior hasta 2033, acumulando 17 años en el máximo órgano electoral del país. La reforma también ajusta el calendario de la consulta de revocación de mandato, que se fija en el primer domingo de junio del cuarto año de gobierno, con el objetivo de evitar que coincida con otras elecciones federales, y forma parte de un paquete más amplio que reorganiza órganos y procedimientos del Poder Judicial. ## Los argumentos de Morena y sus aliados Para Morena, el cambio es una corrección técnica al modelo aprobado en 2024 y estrenado en la elección judicial de 2025. Senadores oficialistas sostienen que mover la segunda fase a 2028 da margen para simplificar las boletas, reducir el número de candidaturas por cargo y ajustar la logística de una elección de miles de plazas judiciales, que debutó con problemas de comprensión ciudadana y de operación. Defienden que mantener temporalmente a los actuales magistrados garantiza continuidad en el árbitro electoral mientras se consolida el nuevo esquema, y subrayan que no se trata de una “reelección automática”: los magistrados deberán someterse al voto popular en igualdad de condiciones con otros aspirantes. ## Las críticas de la oposición y el riesgo para la independencia judicial El PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra y acusan al oficialismo de usar la Constitución para “premiar” a magistrados que, a su juicio, han tomado decisiones favorables al gobierno. Hablan de una “reelección disfrazada”, señalan un conflicto de interés —pues los mismos jueces podrían conocer impugnaciones relacionadas con el proceso en el que buscan reelegirse— y advierten que se consolida un control político sobre el Tribunal Electoral. Algunos legisladores incluso comparan el modelo con experiencias de concentración de poder en otros países de la región. Organizaciones y especialistas críticos alertan que permitir estancias de hasta 17 años en la Sala Superior, en un contexto de fuerte polarización, puede erosionar la percepción de imparcialidad del árbitro electoral. Si la reforma es ratificada por los congresos locales, el TEPJF que calificará futuras elecciones federales y locales —y eventuales controversias sobre la propia elección judicial— estará integrado por magistrados con incentivos directos para sostener un modelo que les dio continuidad. Ello podría tensar la confianza en los comicios de 2027 y en la gran cita judicial de 2028, y aumentar la litigiosidad postelectoral, incluso si las reglas formales de imparcialidad se mantienen. Al mismo tiempo, el ajuste al calendario de la revocación de mandato busca separar ese ejercicio de otras campañas, pero también introduce un nuevo punto de fricción política: la coincidencia o cercanía entre el juicio ciudadano al Ejecutivo y la elección de quienes revisan la legalidad de las elecciones. El efecto final de esta reforma sobre la independencia judicial dependerá tanto de cómo se implementen las nuevas reglas como de la capacidad del sistema político para respetar la autonomía del Tribunal y aceptar sus resoluciones en los próximos procesos electorales. ## Resumen ampliado En una sesión extraordinaria marcada por la polarización, el Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma que recorre a 2028 la elección judicial originalmente prevista para 2027 y permite que los actuales magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral busquen mantenerse en el cargo en esa contienda. La mayoría de Morena, PVEM y PT logró la mayoría calificada frente al voto en bloque del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. El paquete incluye ajustes al calendario de la revocación de mandato y otros cambios organizativos al Poder Judicial. El oficialismo defiende la medida como una “corrección de rumbo” para dar estabilidad al nuevo sistema de elección judicial y garantizar que sea la ciudadanía quien decida. La oposición responde que se trata de un “premio” a magistrados cercanos al gobierno y de un precedente peligroso para la autonomía judicial y la credibilidad electoral. ## Fuentes y referencias Esta publicación no tiene fuentes enlazadas registradas. Metodología: https://proyecto42.com/metodologia Correcciones: https://proyecto42.com/correcciones