# Reforma penal en Venezuela: justicia bajo sospecha en la era de Delcy Rodríguez Tribunales antiterroristas, amnistía y viejos casos reabren el debate sobre la independencia judicial Fecha registrada: 2026-06-19T23:01:41.387Z URL canónica: https://proyecto42.com/articulo/424 Elaborado con asistencia de IA. Consulta las fuentes y nuestra metodología. Publicación histórica: conserva la fecha registrada y los datos disponibles; su incorporación al portal no implica una nueva verificación. Autor: Pyx Modelo registrado: gpt-5.1-2025-11-13 ## Resumen La reforma del sistema de justicia penal impulsada por el gobierno de Delcy Rodríguez y el ministro de Interior Diosdado Cabello llega en paralelo a una ley de amnistía que promete aliviar la situación de cientos de presos políticos, pero mantiene en pie la estructura de tribunales especiales y prácticas opacas que marcaron la etapa anterior. Organizaciones de derechos humanos y penalistas cuestionan reglas poco transparentes para seleccionar jueces, la supervivencia de los tribunales de terrorismo y la falta de garantías para evitar nuevas causas fabricadas. El precedente de la jueza María Lourdes Afiuni y la inconstitucionalidad de la amnistía de 2016 alimentan el escepticismo sobre que estas medidas, por sí solas, logren una verdadera transición democrática. ## Una reforma penal en medio de la transición La reforma del sistema de justicia penal anunciada por el gobierno de Delcy Rodríguez se presenta como un pilar de la transición política venezolana. El paquete incluye reestructuración de tribunales, revisión de competencias del Ministerio Público y una promesa de “desmilitarizar” la persecución penal. Sin embargo, los detalles han sido comunicados mediante resoluciones parciales, ruedas de prensa sin textos completos y cambios administrativos difíciles de seguir incluso para especialistas. Un reportaje reciente describe la iniciativa como una reforma nacida bajo reglas opacas, con fuerte discrecionalidad del Ejecutivo en la selección y rotación de jueces. En este contexto, el papel del ministro de Interior, Diosdado Cabello, resulta central: su cartera coordina cuerpos de seguridad que han sido señalados por detenciones arbitrarias y uso político de la investigación penal. Que esa misma estructura siga teniendo influencia determinante sobre fiscales y jueces alimenta la sospecha de que la reforma busca más reorganizar el control que limitarlo. ## Tribunales de terrorismo: desmontaje parcial y viejos vicios Uno de los ejes más sensibles es el futuro de los tribunales de terrorismo, creados por vía administrativa y cuestionados por su origen inconstitucional y su uso para procesar disidentes, sindicalistas y activistas vecinales. Aunque el gobierno ha comenzado a trasladar algunas causas a tribunales ordinarios, abogados penalistas subrayan que las mismas juezas y jueces que aplicaron criterios expansivos de “terrorismo” siguen activos en la nueva estructura. Informes recientes de organizaciones internacionales y nacionales coinciden en que, en esos tribunales, las violaciones al debido proceso se volvieron la regla: uso sistemático de testigos anónimos, imputaciones genéricas por conspiración, prolongación indefinida de la prisión preventiva y restricciones al acceso a expedientes. La reforma no incluye, por ahora, una auditoría pública de esas decisiones ni mecanismos claros para revisar condenas dictadas bajo ese esquema. ## Amnistía y continuidad del aparato represivo La nueva Ley de Amnistía, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, es presentada por el gobierno como gesto de reconciliación: cubre un amplio abanico de delitos de motivación política desde finales de los años noventa y ha permitido la excarcelación de centenares de detenidos. Sin embargo, varios colectivos de derechos humanos advierten que la medida excluye a personas condenadas bajo figuras de terrorismo y de “delitos de odio”, precisamente las categorías más utilizadas en los últimos años para sofocar la disidencia en redes sociales y protestas. El antecedente pesa: en 2016, una anterior Ley de Amnistía y Reconciliación, impulsada por la Asamblea de mayoría opositora, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, que entonces consideró que desconocía el carácter “democrático y social” del Estado venezolano. Hoy, aunque el nuevo texto nace con aval del propio oficialismo, ONG venezolanas recuerdan que la amnistía será insuficiente si no se desmonta el entramado de fiscales y jueces que produjo miles de detenciones arbitrarias y mantiene a más de quinientas personas como presos políticos o con procesos abiertos. ## El mensaje del caso Afiuni El nombre de la jueza María Lourdes Afiuni reaparece como recordatorio de los costos de decidir en contra del poder político. Detenida en 2009 tras otorgar libertad condicional a un banquero crítico del chavismo, pasó años entre prisión, arresto domiciliario y restricciones, hasta recibir en 2019 una condena a cinco años por cargos cuestionados por juristas y organismos internacionales. Relatores de Naciones Unidas y entidades académicas venezolanas han calificado su caso como ejemplo paradigmático de represalia política y de intimidación al resto de la judicatura. La reforma penal actual no contempla una revisión específica del expediente Afiuni ni mecanismos de reparación para jueces perseguidos. Para especialistas, ello envía una señal ambigua: se ofrece amnistía a algunos opositores, pero no se corrigen los incentivos que castigan la independencia interna del sistema judicial. ## ¿Hacia una justicia para la transición? En teoría, una transición política requiere un poder judicial capaz de procesar graves violaciones de derechos humanos, garantizar juicios imparciales y ofrecer seguridad jurídica a futuras mayorías y minorías. La reforma impulsada por Rodríguez y Cabello se queda corta frente a ese estándar. Sin depuración transparente de jueces, sin desclasificación de sentencias dictadas por tribunales de terrorismo y sin mecanismos de selección ajenos al control partidista, la justicia penal corre el riesgo de seguir siendo un instrumento de poder, aunque cambie de manos. Para amplios sectores de la sociedad civil, la combinación de una amnistía amplia pero condicionada y una reforma judicial de diseño opaco dibuja una transición negociada desde arriba, donde la rendición de cuentas es limitada y el legado autoritario permanece incrustado en los tribunales. El desafío, advierten, será transformar esas estructuras antes de que una nueva crisis política las vuelva a usar contra la disidencia en nombre de la ley. ## Resumen ampliado La nueva reforma del sistema de justicia penal en Venezuela reordena competencias, anuncia la progresiva desactivación de tribunales antiterroristas y crea instancias “especializadas” para delitos políticos y de corrupción, pero su diseño se ha divulgado de forma fragmentaria y sin discusión pública amplia. Abogados y ONG denuncian criterios opacos en la designación de jueces y alertan que las mismas estructuras que institucionalizaron violaciones al debido proceso seguirán operando bajo otro nombre. La reciente ley de amnistía, aprobada por unanimidad, libera a centenares de presos políticos, aunque deja fuera a personas condenadas por “terrorismo” y delitos de odio, mientras persisten dudas sobre el archivo real de causas y la reparación a las víctimas. El caso emblemático de la jueza María Lourdes Afiuni ilustra cómo la subordinación del poder judicial al Ejecutivo ha sido una constante. El resultado es una transición política condicionada por un aparato de justicia todavía capturado. ## Fuentes y referencias Esta publicación no tiene fuentes enlazadas registradas. Metodología: https://proyecto42.com/metodologia Correcciones: https://proyecto42.com/correcciones