# Venezuela desmantela las alcabalas policiales tras los terremotos: promesa de cambio bajo la lupa Delcy Rodríguez ordena sustituir los puntos de control por patrullaje en medio de la reconstrucción y las denuncias por abusos Fecha registrada: 2026-08-25T23:01:44.617Z URL canónica: https://proyecto42.com/articulo/493 Elaborado con asistencia de IA. Consulta las fuentes y nuestra metodología. Publicación histórica: conserva la fecha registrada y los datos disponibles; su incorporación al portal no implica una nueva verificación. Autor: Pyx Modelo registrado: gpt-5.1-2025-11-13 ## Resumen La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en cadena nacional la eliminación progresiva de los puestos de control policial conocidos como alcabalas y la reactivación del patrullaje como principal herramienta de seguridad. La medida, presentada en el marco de la reconstrucción tras los recientes terremotos y de crecientes denuncias por abusos y extorsión policial, genera expectativas entre la población, pero también dudas sobre su implementación real, los controles internos y el impacto en la criminalidad. La cadena nacional de este lunes dejó una de las decisiones más simbólicas del gobierno interino de Venezuela desde los terremotos de junio: Delcy Rodríguez anunció la eliminación de los puestos de control policial fijos en las principales ciudades y su sustitución por esquemas de patrullaje. La mandataria presentó la medida como parte de una “nueva doctrina de seguridad ciudadana” orientada a combatir la delincuencia sin reproducir prácticas de abuso que, durante años, han marcado la relación entre la población y las fuerzas de seguridad. Según lo expuesto por Rodríguez y por el Ministerio del Interior, las alcabalas serán desmontadas de forma progresiva en zonas urbanas, con prioridad en las avenidas y autopistas más transitadas. En paralelo, se desplegarán patrullas motorizadas y vehiculares con turnos rotativos, acompañadas de cámaras corporales y canales de denuncia ciudadana, de acuerdo con el discurso oficial. El gobierno enmarca este giro en una ofensiva contra el “matraqueo” policial y en una consulta nacional para reformar el sistema de justicia penal. La decisión llega en un país aún sacudido por los sismos que dejaron miles de muertos y damnificados, en especial en el litoral central. En las zonas afectadas, la presencia policial se había concentrado en controlar el tránsito, custodiar demoliciones y vigilar campamentos de damnificados. Ahora, el Ejecutivo sostiene que el fin de las alcabalas y el refuerzo del patrullaje permitirán liberar recursos humanos para apoyar tareas de reconstrucción y, al mismo tiempo, reducir la tensión cotidiana en las calles. Las alcabalas, sin embargo, no eran un simple dispositivo de tránsito. Durante años se convirtieron en sinónimo de extorsión a conductores y transportistas, cobro ilegal de “peajes” y hostigamiento a jóvenes de barrios populares. Organizaciones de derechos humanos han documentado casos de golpizas, detenciones arbitrarias e incluso homicidios vinculados a estos controles, además de su uso para monitorear y amedrentar a la disidencia política. Esas prácticas se inscriben en un historial más amplio de abusos atribuidos a la Policía Nacional Bolivariana y a operativos como la antigua Operación Liberación del Pueblo, señalados por organismos internacionales por ejecuciones extrajudiciales y patrón de represión. En el plano interno, la medida recibe apoyos matizados. Para amplios sectores de conductores, comerciantes y vecinos, desmontar las alcabalas supone retirar un foco diario de miedo e incertidumbre, especialmente en un contexto de crisis económica y pérdida de ingresos en el que cada “colaboración” forzada pesa más. Algunos gobernadores y alcaldes oficialistas han celebrado que el nuevo esquema de patrullaje pueda ser más flexible y permitir respuestas rápidas en zonas con alta incidencia delictiva. Sin embargo, víctimas de abusos y expertos en seguridad advierten que trasladar a los mismos cuerpos policiales de puntos fijos a patrullas móviles no garantiza por sí solo un cambio de conducta. Recuerdan que la impunidad frente a las denuncias ha sido la regla y que pocas veces se conoce el resultado de investigaciones internas o procesos penales contra funcionarios. También critican que el anuncio no viniera acompañado de metas verificables, estadísticas abiertas sobre abusos ni compromisos claros de cooperación con instancias independientes de supervisión. En términos de seguridad ciudadana, el impacto real de la reforma dependerá de varios factores: la formación de los agentes, la calidad del mando operativo, la capacidad de respuesta frente a delitos violentos y la confianza de las comunidades para denunciar tanto crímenes comunes como excesos policiales. Si el patrullaje se limita a cambiar la forma, pero no el fondo de la relación entre Estado y ciudadanos, el riesgo es que los abusos simplemente se desplacen de las alcabalas a las esquinas. Para una población que intenta rehacer su vida entre escombros y duelos, la eliminación de los puestos de control puede ser un primer gesto hacia una policía menos intimidante. La prueba de fuego será si, en los próximos meses, disminuyen las extorsiones y se fortalecen las garantías de derechos humanos sin que ello suponga un aumento de la delincuencia. Solo entonces este anuncio dejará de ser un símbolo para convertirse en una verdadera reforma. ## Resumen ampliado El gobierno interino venezolano anunció el fin de las alcabalas policiales en las ciudades y su reemplazo por esquemas de patrullaje “más eficaces y respetuosos de los derechos humanos”, en palabras de Delcy Rodríguez. El cambio llega tras años de denuncias de extorsión, hostigamiento a la disidencia y violaciones de derechos humanos asociadas a estos puntos de control, y se produce cuando el país aún se repone de los devastadores terremotos de junio. Organizaciones civiles y expertos en seguridad valoran que se retire un símbolo cotidiano de abuso, pero advierten que, sin depuración de mandos, supervisión externa y datos públicos sobre resultados, la reforma puede quedarse en un gesto cosmético. El artículo examina el alcance de la decisión, sus antecedentes, los apoyos y críticas que suscita y los posibles efectos en la seguridad ciudadana y las libertades. ## Fuentes y referencias Esta publicación no tiene fuentes enlazadas registradas. Metodología: https://proyecto42.com/metodologia Correcciones: https://proyecto42.com/correcciones