# Bombardeo en Guaviare que dejó tres menores muertos tensiona la nueva política de seguridad Gobierno respalda la operación contra disidencias mientras ONG cuestionan la protección de la niñez Fecha registrada: 2026-08-31T23:02:18.596Z URL canónica: https://proyecto42.com/articulo/499 Elaborado con asistencia de IA. Consulta las fuentes y nuestra metodología. Publicación histórica: conserva la fecha registrada y los datos disponibles; su incorporación al portal no implica una nueva verificación. Autor: Pyx Modelo registrado: gpt-5.1-2025-11-13 ## Resumen Un operativo aéreo de la Fuerza Pública contra un campamento de disidencias en zona rural de El Retorno, Guaviare, dejó diez muertos, entre ellos tres menores de edad, según confirmó Medicina Legal y el propio Ministerio de Defensa. El Gobierno y la cúpula militar defienden que todas las personas abatidas eran “combatientes” en función continua de combate y señalan a las disidencias por reclutar niños, mientras organizaciones de derechos humanos y sectores políticos cuestionan si se tomaron precauciones suficientes para proteger a la niñez en medio de la nueva ofensiva de seguridad que reemplaza a la política de “paz total”. ## Un operativo clave en la nueva ofensiva militar La operación aérea, denominada Amón, fue ejecutada el 27 de agosto por la Fuerza Pública en zona rural de El Retorno, Guaviare, contra tres campamentos de una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente a la facción de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias ‘Calarcá’ y uno de sus jefes conocidos como ‘Cotiz’. El balance oficial habla de diez integrantes muertos, un capturado y un menor de edad recuperado, además de la incautación de fusiles, ametralladoras, armas cortas, morteros, granadas, minas antipersonal y miles de municiones. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificó nueve de los diez cuerpos y confirmó que tres de las personas muertas eran menores de edad —dos de 15 años y uno de 16—, dato luego incorporado en los comunicados del Ministerio de Defensa. ## La versión del Gobierno y de los mandos militares El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y el comandante general de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, han defendido públicamente la legalidad del bombardeo, insistiendo en que todas las personas abatidas participaban en “función continua de combate” dentro de una estructura armada dedicada al narcotráfico y al control violento de corredores estratégicos en el Guaviare. Según la versión oficial, la operación fue precedida por semanas de inteligencia y planeación, y se ejecutó siguiendo los estándares del derecho internacional humanitario para ataques aéreos estratégicos. El ministerio subraya que el reclutamiento y uso de menores por parte de grupos armados constituye un crimen de guerra y una grave infracción al derecho internacional humanitario, y afirma que el adolescente recuperado fue puesto bajo protección del Estado para el restablecimiento de sus derechos. El presidente Abelardo de la Espriella ha respaldado plenamente a la Fuerza Pública, reiterando que su gobierno no cederá en la ofensiva contra las disidencias y que la responsabilidad por la presencia de menores en los campamentos recae en quienes los reclutan y utilizan como combatientes y escudos humanos. ## ONG y defensores de derechos humanos piden revisar los bombardeos Organizaciones de derechos humanos han reaccionado con preocupación ante la confirmación de las tres muertes de menores. Save the Children recordó que “un niño reclutado es una víctima” y sostuvo que la presencia de niños y adolescentes debe ser prevista en la fase de inteligencia y planeación, no detectada solo después en los reportes forenses. La organización pidió reforzar las medidas de precaución, revisar las reglas de enfrentamiento y priorizar operaciones que permitan rescatar a los menores antes de recurrir a bombardeos. Plataformas nacionales de derechos humanos señalan que el caso se suma a una serie de operaciones en Guaviare y otros departamentos donde, en años recientes, también han muerto niños y niñas en bombardeos contra campamentos de disidencias, y reclaman una política integral que combine la persecución al reclutamiento forzado con límites estrictos al uso de fuego aéreo cuando exista riesgo para la niñez. ## Del fin de la “paz total” a la apuesta por la “seguridad y autoridad” El bombardeo ocurre en medio del desmonte acelerado de la política de “paz total” impulsada por el gobierno anterior. En los últimos días, el Ejecutivo ha firmado resoluciones que cierran oficialmente varias mesas de diálogo con grupos armados ilegales y ha reiterado que “la farsa de la paz total ha terminado”, al tiempo que advierte que los funcionarios que negocien con organizaciones catalogadas como terroristas serán llevados ante los tribunales. El nuevo enfoque, descrito por la Presidencia como una política de seguridad, legalidad y autoridad del Estado, deja a las estructuras armadas ante dos caminos: el sometimiento a la justicia o la persecución militar. Analistas y organizaciones civiles advierten que, en ese contexto, operaciones como la de Guaviare se convertirán en un símbolo temprano de los dilemas que plantea la combinación de ofensiva militar intensificada y persistencia del reclutamiento de menores por parte de las disidencias. ## Resumen ampliado La Operación Amón, ejecutada el 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, tuvo como objetivo tres campamentos de una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, de la facción de alias ‘Calarcá’. El balance oficial es de diez integrantes muertos, un capturado y un menor de edad recuperado, además de un amplio arsenal incautado; Medicina Legal estableció que tres de los fallecidos eran adolescentes de 15 y 16 años. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares sostienen que todos eran combatientes y que el ataque cumplió con el derecho internacional humanitario, atribuyendo la responsabilidad principal a los grupos que reclutan menores. Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Save the Children, advierten que un niño reclutado sigue siendo víctima y piden revisar los protocolos de bombardeo. El caso se produce en pleno desmonte de las mesas de la “paz total” y refuerza el giro hacia una política de confrontación directa. ## Fuentes y referencias Esta publicación no tiene fuentes enlazadas registradas. Metodología: https://proyecto42.com/metodologia Correcciones: https://proyecto42.com/correcciones