{"id":507,"publicationKind":"news","title":"Decreto 1368 reabre el porte de armas en Colombia y profundiza la polarización","subtitle":"Gobierno de De la Espriella reactiva salvoconductos en medio de alertas por violencia","content":"La firma del decreto 1368 por parte del presidente Abelardo de la Espriella marca un giro brusco en la política de armas de Colombia. La norma levanta la suspensión general del porte de armas de fuego que se mantenía desde mediados de la década pasada y reabre de lleno el sistema de salvoconductos administrado por las Fuerzas Militares, en el marco del Decreto Ley 2535 de 1993, que regula la tenencia y el porte para particulares.\n\n## Qué cambia en la práctica\n\nHasta ahora, la regla era la prohibición casi total del porte, con contadas excepciones tramitadas como autorizaciones especiales para casos de riesgo extremo, bajo la sombrilla de decretos de suspensión renovados año a año. Con el decreto 1368 se reactivan los permisos ordinarios: quienes ya cuentan con salvoconductos de porte vigentes podrán llevar de nuevo sus armas sin necesitar un aval extraordinario, y las autoridades militares vuelven a recibir solicitudes para nuevos permisos dentro del régimen habitual.\n\nNo se trata de un libre porte irrestricto. El monopolio estatal sobre las armas se mantiene y sólo las Fuerzas Militares, a través del Departamento de Control de Comercio de Armas, pueden autorizar la tenencia y el porte. Los solicitantes deben registrarse en el sistema de información de armas, presentar certificados de idoneidad física y mental, demostrar que no tienen antecedentes penales ni procesos por violencia intrafamiliar y acreditar una situación de riesgo particular, además de pagar tasas y someterse a verificaciones en terreno.\n\nPodrán acceder, en principio, personas naturales que invoquen defensa personal, coleccionistas, deportistas de tiro, empresas de vigilancia y transporte de valores, así como ciertos organismos del Estado distintos de la Fuerza Pública. Los permisos seguirán siendo revocables y estarán sujetos a restricciones espaciales y temporales definidas por la autoridad militar y la Policía, por ejemplo en eventos masivos o zonas de alta tensión de orden público.\n\n## Los argumentos del Gobierno y sus defensores\n\nEl Gobierno presenta el decreto como un “reordenamiento” del sistema más que como una liberalización. De la Espriella y su equipo de seguridad sostienen que los delincuentes llevan años armados con pistolas ilegales y fusiles de grupos criminales, mientras los ciudadanos que superan controles estrictos estaban impedidos de portar para defenderse.\n\nEn ese marco, el restablecimiento de los salvoconductos se inscribe en la ofensiva de “mano dura” anunciada tras ataques como el bombardeo en Guaviare y las acciones con drones atribuidas a grupos armados. El Ejecutivo insiste en que el decreto no crea nuevos derechos, no elimina requisitos ni controles y que cualquier uso indebido de un arma legal seguirá siendo castigado penalmente, por lo que, a su juicio, el impacto principal será limitarse a personas “cumplidoras de la ley” que ya estaban dentro del sistema.\n\n## Críticas y temores sobre violencia y orden público\n\nOrganizaciones de derechos humanos, académicos en seguridad y varios mandatarios locales cuestionan la decisión. Recuerdan que, según datos oficiales, durante los años de suspensión general del porte se observó una tendencia descendente en homicidios y lesiones personales causadas con arma de fuego, y que esa política fue presentada como una herramienta efectiva para reducir la letalidad en conflictos cotidianos.\n\nLos críticos advierten que, incluso si las armas legales representan una fracción del arsenal criminal, cada pistola adicional en circulación aumenta el riesgo de desvío hacia el mercado ilegal por robo, pérdida o corrupción, en un país donde ya se documenta la utilización de armas hurtadas a la Fuerza Pública y a empresas de seguridad.\n\nTambién alertan sobre la posible escalada de riñas, violencia intrafamiliar y confrontaciones de tránsito que podrían volverse letales cuando uno de los involucrados porta un arma amparada. Desde esta perspectiva, la medida traslada parte de la carga de la seguridad a la autodefensa armada en lugar de reforzar capacidades policiales, inteligencia y justicia, y podría complicar el control del orden público en zonas urbanas densas y territorios rurales atravesados por el conflicto armado. El país entra así en una nueva fase del debate sobre cuánta seguridad se gana —o se pierde— poniendo más armas, aunque sean legales, en manos de civiles.","summary":"El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto 1368 con el que se levanta la suspensión general de los permisos de porte de armas de fuego y se reactiva el sistema de salvoconductos basado en el Decreto Ley 2535 de 1993. El Gobierno asegura que no habrá “libre porte” y que se mantienen estrictos requisitos de idoneidad física y mental, estudios de seguridad y controles militares, mientras defensores celebran que “ciudadanos decentes” puedan armarse frente al crimen. Organizaciones de derechos humanos, alcaldes y expertos en seguridad advierten que la medida contradice la evidencia de reducción de homicidios lograda durante la suspensión del porte y puede escalar la violencia cotidiana y los riesgos para el orden público.","extendedSummary":"El decreto 1368, firmado recientemente por Abelardo de la Espriella, deroga la suspensión general del porte de armas que regía desde 2016 y restablece el esquema ordinario de permisos previsto desde hace tres décadas, administrado por el Departamento de Control de Comercio de Armas de las Fuerzas Militares. En la práctica, quienes ya tenían permisos vigentes podrán portar de nuevo sin autorizaciones especiales adicionales y se reabre la posibilidad de nuevos salvoconductos, siempre bajo exigentes requisitos de antecedentes, exámenes psicofísicos y justificación de riesgo extraordinario. El Ejecutivo encuadra la decisión en su ofensiva de “mano dura” contra el crimen y sostiene que fortalece la autodefensa de la ciudadanía respetuosa de la ley. Críticos recuerdan que la suspensión del porte se asoció a caídas en homicidios, alertan sobre más armas en circulación legal susceptibles de desvío y cuestionan el impacto en violencia urbana y rural.","imageUrl":"https://media.proyecto42.com/articles/1788908508712-11k4z.webp","contentType":"colombia","keywords":["Colombia","porte de armas","Abelardo de la Espriella","decreto 1368","seguridad","salvoconductos","derechos humanos","violencia"],"regionCodes":["CO"],"sources":[],"audioExtendedSummary":"https://media.proyecto42.com/audio-summarys/1788908512171-decreto-1368-reabre.mp3","isUrgent":true,"publishedAt":"2026-09-08T23:01:52.427Z","contentModifiedAt":"2026-09-08T23:01:52.427Z","publicationMode":"legacy-import","aiModel":"gpt-5.1-2025-11-13","author":{"name":"Pyx"}}