Salario mínimo 2026 en Colombia: pulso entre alza del 16% y oferta del 7,21%

La negociación del salario mínimo en Colombia para 2026 arrancó con un choque frontal de cifras. En la primera sesión formal de la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, las centrales obreras propusieron un incremento del 16 %, mientras que los gremios empresariales llevaron una oferta de 7,21 %, con el Gobierno del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, como mediador y encargado de presentar escenarios de acercamiento.

Hoy el salario mínimo mensual legal vigente es de 1.423.500 pesos, más un auxilio de transporte de 200.000 pesos, para un total de 1.623.500 pesos al mes. Con el aumento del 16 % que proponen los sindicatos, el salario pasaría a 1.651.260 pesos y el paquete total, incluyendo transporte, se acercaría a 1.883.260 pesos, es decir, entre 227.000 y 260.000 pesos adicionales para quienes devengan el mínimo. La oferta empresarial de 7,21 % llevaría el salario a unos 1.526.191 pesos y el total con auxilio de transporte a cerca de 1.740.554 pesos, lo que implica un incremento cercano a 117.000 pesos sobre el ingreso actual.

Calendario y reglas de juego

El proceso está sujeto a un cronograma legal. La Mesa de Concertación tiene como primera fecha límite el 15 de diciembre para intentar un acuerdo tripartito. Si no se logra, las conversaciones pueden prolongarse hasta el 30 de diciembre; vencido ese plazo, la definición queda en manos del Ejecutivo, que puede fijar el aumento del salario mínimo mediante decreto para que empiece a regir desde la primera quincena de enero.

En los últimos años, ese desenlace ha sido frecuente. Para 2025 el Gobierno decretó un aumento de 9,5 % tras fracasar la concertación, llevando el mínimo a 1,423 millones de pesos y el auxilio de transporte a 200.000 pesos. En 2024 el incremento ya había sido fijado por decreto en 12,07 %.

Inflación, productividad y empleo en la balanza

La referencia central es la inflación. Colombia cerró 2024 con un alza de precios cercana al 5,2 %, muy por encima de la meta del 3 % del Banco de la República. Aunque el banco central prevé que la inflación continúe bajando gradualmente hacia la meta, los datos más recientes muestran una tasa anual alrededor del 5,5 %, con varios meses de repunte.

Los empresarios sostienen que su oferta de 7,21 % es “técnica”: combina la inflación observada (cerca del 5,3 %), la productividad total de los factores estimada en 0,91 % y un punto porcentual adicional de ganancia real para los trabajadores. Las centrales obreras, en cambio, argumentan que el 16 % es necesario para recuperar plenamente el poder adquisitivo perdido en la ola inflacionaria de los últimos años y para compensar la carestía en rubros como servicios públicos, arriendo y alimentos.

En el trasfondo, el mercado laboral sigue marcado por alta informalidad y tasas de desempleo que, aunque han descendido frente a los picos de la pandemia, continúan en niveles de un dígito alto, lo que hace a los gremios advertir sobre el riesgo de encarecer demasiado las contrataciones formales.

Impacto sobre hogares, empresas y finanzas públicas

Con un alza del 16 %, el salario mínimo crecería muy por encima de la inflación proyectada, fortaleciendo el ingreso real de quienes ganan el mínimo y de millones de personas con pagos indexados a esta referencia, incluyendo algunos contratos y tarifas. El efecto inmediato sería un mayor alivio sobre el consumo de los hogares de menores ingresos, pero también un aumento significativo de los costos laborales unitarios para las empresas, particularmente las pequeñas y medianas, que afrontan márgenes estrechos y condiciones crediticias aún costosas.

El escenario de 7,21 % apenas superaría la inflación reciente, con una ganancia real modesta para los trabajadores formales, aunque reduciría la presión sobre los costos empresariales, la nómina del Estado y el gasto en programas atados al mínimo. Para las finanzas públicas, cada punto adicional de incremento implica más recursos para sueldos, transferencias y pensiones cuyo cálculo parte del salario mínimo, en un momento en que el Gobierno enfrenta restricciones fiscales y exigencias de consolidación.

Lo que está en juego si no hay acuerdo

Los antecedentes recientes muestran que, cuando no hay concertación, el Ejecutivo tiende a optar por aumentos intermedios pero cercanos a las demandas sindicales, como ocurrió con el 9,5 % decretado para 2025, superior a la mayoría de propuestas empresariales de entonces. Este historial alimenta las expectativas de los trabajadores y la cautela de los gremios.

Si la mesa no logra consenso antes de fin de año y el Gobierno fija el aumento por decreto, la decisión se convertirá en una señal clave de su apuesta entre impulsar el ingreso de los hogares, proteger el empleo formal y resguardar la sostenibilidad de las cuentas públicas.