ELN ofrece tregua navideña tras paro armado y ataque con drones: ¿gesto de paz o táctica?

La decisión del ELN de decretar un cese unilateral del fuego entre el 24 de diciembre y el 3 de enero abre una ventana de relativa calma en un país que llega a las fiestas navideñas sacudido por un nuevo ciclo de violencia. El grupo anunció que durante ese periodo sus estructuras se abstendrán de realizar “operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado” y presentó la medida como un “mensaje claro de paz” para las familias colombianas.

Qué dice realmente el comunicado del ELN

En el texto divulgado por su Dirección Nacional, la guerrilla enmarca la tregua en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo e insiste en que no es su “política” afectar a la población civil, señalando a la inteligencia estatal y a los medios como responsables de una supuesta “guerra comunicacional” en su contra. El documento también introduce un componente geopolítico: denuncia el despliegue de tropas de Estados Unidos en el Caribe, que presenta como una amenaza para la soberanía regional, y se ofrece a “defender la soberanía de Colombia” en ese escenario. Varios medios recogen, además, que el grupo describe la tregua como un “regalo de Navidad”, pero advierte que retomará sus acciones armadas en 2026, lo que subraya el carácter estrictamente temporal del gesto.

Paro armado y ataque con drones: el telón de fondo

El anuncio se produce apenas días después de un paro armado de 72 horas, entre el 14 y el 17 de diciembre, que dejó decenas de ataques, vehículos incendiados, carreteras bloqueadas y restricciones a la movilidad en al menos una decena de departamentos. En ese contexto se registró el ataque con drones y otros explosivos contra una base militar en zona rural de Aguachica, en el Cesar, que causó la muerte de siete soldados y más de treinta heridos, y evidenció la creciente capacidad tecnológica del grupo. La ofensiva reciente no solo golpeó a la Fuerza Pública, sino que sembró miedo en corredores estratégicos como el Catatumbo, el Bajo Cauca, el Chocó y el sur de Bolívar, donde el ELN disputa control territorial y rentas ilegales con otros actores armados.

Respuesta del Gobierno y de las Fuerzas Militares

Los diálogos formales entre el Gobierno de Gustavo Petro y el ELN están suspendidos desde comienzos de año, tras una ola de violencia en el Catatumbo que el propio presidente calificó como “crímenes de guerra” y que motivó la ruptura de la mesa de negociación. Desde entonces, la llamada “paz total” con esta guerrilla se encuentra congelada. El Ejecutivo ha evitado, por ahora, presentar el nuevo cese como un paso procesal; lo asume más bien como una decisión unilateral que no modifica la obligación estatal de proteger a la población ni de perseguir delitos.

El Ministerio de Defensa ha resaltado que, durante el paro armado, se registraron más de 80 eventos que alteraron el orden público, y ha insistido en que las operaciones militares continúan. Tras el ataque de Aguachica, el presidente ordenó fortalecer la defensa antidrón y la presencia militar en zonas críticas, en un mensaje claro de que la Fuerza Pública se mantendrá en ofensiva aun durante la tregua. Esto significa que, en la práctica, el cese del ELN no implica una desmovilización de tropas ni un alto generalizado de las hostilidades, sino una disminución esperada de acciones ofensivas de un solo actor.

Comunidades: entre el alivio y la desconfianza

En las regiones más golpeadas, líderes sociales y autoridades civiles hablan de un respiro necesario para el transporte, el comercio y la vida cotidiana durante las fiestas. Sin embargo, la reacción institucional más clara la ha dado la Defensoría del Pueblo, que recibió el anuncio con “alivio, pero también con angustia”, recordando que el año pasado el ELN proclamó un cese similar y semanas después desató una escalada de ataques que provocó desplazamientos masivos, especialmente en el Catatumbo. La Defensoría subraya que un verdadero gesto humanitario debería incluir el cese del secuestro y la liberación de personas retenidas, algo que el comunicado guerrillero no contempla.

En varios territorios, comunidades temen que estructuras locales del ELN o frentes en disputa con otros grupos no acaten plenamente la orden de alto al fuego, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Esa incertidumbre se agrava por la ausencia de un mecanismo de verificación independiente: al tratarse de un cese unilateral, no existe un protocolo pactado con el Estado que permita monitorear incidentes, atribuir responsabilidades y reparar daños.

¿Qué significa para el proceso de paz?

En términos políticos, la tregua navideña muestra que la Dirección Nacional del ELN aún busca conservar una narrativa de actor político que hace “gestos de paz” en momentos simbólicos, pero sin renunciar a la guerra como herramienta central. La suspensión prolongada de los diálogos y el anuncio explícito de reanudar ataques en 2026 reflejan que el proceso con el Gobierno Petro está en un punto muerto: no hay avances sustantivos, pero tampoco un cierre definitivo.

En el corto plazo, si el grupo respeta su orden interna, el cese unilateral podría reducir enfrentamientos directos con la Fuerza Pública y dar un alivio parcial a poblaciones que han vivido toques de queda de facto en las últimas semanas. No obstante, el historial de incumplimientos, la competencia con otros actores armados y la continuidad de operaciones militares estatales hacen que el riesgo de violaciones sea alto. Más que un punto de inflexión, la tregua se perfila como una pausa táctica: un tiempo limitado para que el Estado refuerce la protección de civiles en zonas críticas y defina si, pasado el 3 de enero, insistirá en reabrir la negociación o se preparará para un nuevo ciclo de confrontación con el ELN.