Huachicol eléctrico y criptominería: así operaba la presunta red ligada al SME en cuatro estados

En las últimas horas, disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) volvieron a colocar en el centro del debate una acusación que lleva meses madurando: el presunto “huachicol eléctrico” en instalaciones sindicales, donde se habría robado energía a gran escala para alimentar granjas de criptominería en Puebla, Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México. Un reportaje de investigación y una nota de seguimiento difundidos este 22 de diciembre sistematizan por primera vez el alcance nacional del esquema, que hasta ahora se conocía de manera fragmentada.

El corazón de la denuncia se ubica en Nuevo Necaxa, municipio de Juan Galindo, Puebla, donde inmuebles del SME —entre ellos la sede de la División Necaxa, el campamento del kilómetro 153 y una casa en Salto Chico— habrían albergado durante más de un año cientos de equipos dedicados a minar criptomonedas, conectados a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante “líneas directas” sin medición. Autoridades federales desmantelaron al menos una de estas granjas a principios de 2025, pero los montos de energía sustraída se mantienen reservados.

El Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval” A.C., integrado por extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, sostiene que el patrón se repite en otras instalaciones del SME, como El Oro, en el Estado de México, y Juandhó, en Hidalgo. Como prueba, anexaron a su denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) fotografías de naves con paredes cubiertas de equipos de cómputo, imágenes de conexiones eléctricas de gran capacidad y un documento de CFE que acredita el hallazgo de una toma ilegal en El Oro.

Ese oficio, emitido por la división comercial Centro-Sur, zona Atlacomulco, calcula que entre el 22 de febrero y el 23 de abril de 2025 se consumieron 5.9 millones de kilowatts-hora, con un cobro de 16.6 millones de pesos sólo por ese bimestre. La disidencia sindical extrapola que, en Necaxa y otros puntos donde la extracción se habría prolongado más de un año, el daño económico acumulado alcanzaría “decenas de millones de pesos”, aunque esa cifra sigue siendo una estimación no confirmada por la empresa.

La denuncia del Frente Amplio fue dirigida formalmente a la FGR e incluye copia al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, al argumentar que los inmuebles entregados al SME en comodato tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro se usaron para fines ilícitos. CFE, por su parte, ha sustentado su actuación en revisiones técnicas y avisos de cobro, pero ha clasificado como reservada la información sobre la energía robada y sobre el eventual pago del adeudo. Hasta ahora, ni la FGR ni la empresa han informado de órdenes de aprehensión, cateos adicionales o sanciones administrativas derivadas del caso.

En el terreno político, la respuesta ha sido ambivalente. La Presidencia ha llamado a no “estigmatizar” al SME con el término huachicol sin una investigación concluida, mientras autoridades de seguridad estatal en Puebla confirmaron el desmantelamiento de granjas cripto y turnaron el expediente a la FGR. La dirigencia sindical, encabezada por Martín Esparza, ha negado los señalamientos y los ha calificado como parte de una maniobra golpista de grupos disidentes.

Detrás del escándalo está la lógica económica de la criptominería. Minar monedas digitales exige equipos especializados que realizan millones de operaciones criptográficas por segundo, generando calor y un enorme consumo eléctrico. En mercados regulados, el costo de la luz y de la infraestructura suele hacer inviable el negocio; por ello, las granjas buscan tarifas subsidiadas, vacíos regulatorios o, en el extremo, conexiones clandestinas que eliminan el principal costo de operación.

Los denunciantes afirman que los responsables aprovecharon tres factores: comunidades donde existe “resistencia civil” que no paga electricidad, la cercanía de instalaciones hidroeléctricas que facilitan sistemas de enfriamiento con agua y el control sindical de inmuebles amplios con infraestructura eléctrica ya instalada. En ese contexto, el robo de energía permitiría convertir la volatilidad de las criptomonedas en ganancias potencialmente millonarias, socializando las pérdidas sobre CFE y, en última instancia, sobre el erario.

En términos penales, la querella imputa a los dirigentes del SME delitos de asociación delictuosa, robo de energía eléctrica, despojo de aguas y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros. De acreditarse, podrían derivar en penas de prisión, multas elevadas, inhabilitaciones y la posible revocación de comodatos sobre bienes federales; además, abrirían la puerta a acciones civiles para resarcir el daño a CFE.

Más allá de este expediente, el caso revela tres grietas estructurales. Primero, la vulnerabilidad operativa de CFE ante el robo de energía en gran escala, en un contexto donde sus “pérdidas no técnicas” ascienden a cientos de miles de millones de pesos. Segundo, la falta de una regulación específica para la criptominería que obligue a registrar y monitorear granjas de alto consumo. Y tercero, el desgaste de la confianza pública en los sindicatos, cuando se sospecha que bienes obtenidos en nombre de la defensa laboral terminan usándose para negocios opacos.

Mientras no haya una respuesta clara de la FGR y de la autoridad energética, el caso del presunto huachicol eléctrico ligado al SME queda en una zona gris: con evidencias técnicas y documentales significativas, pero sin castigos visibles. Esa combinación alimenta la percepción de impunidad y deja abierta la pregunta de cuánta energía, y cuánto dinero público, puede seguir perdiéndose en la sombra de las criptogranjas clandestinas.