Petro apuesta por la emergencia económica para crear impuestos por decreto y salva su presupuesto

El gobierno de Gustavo Petro activó una de las herramientas más controvertidas de la Constitución colombiana: la emergencia económica y social. Mediante el Decreto 1390, la Casa de Nariño declaró por 30 días un estado de excepción que le permite expedir decretos con fuerza de ley, incluida la creación de nuevos impuestos, tras el fracaso de su más reciente reforma tributaria en el Congreso y ante un faltante de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026.

Qué permite la emergencia económica

La figura se basa en el artículo 215 de la Constitución, que autoriza al presidente a declarar la emergencia económica cuando sobrevienen hechos que perturban de manera grave e inminente el orden económico y social. Durante un máximo de 30 días, prorrogables hasta 90 en el año, el Ejecutivo puede expedir decretos con fuerza de ley, siempre que guarden relación directa y específica con las causas de la crisis. Entre esas facultades está establecer nuevos tributos o modificar los existentes, con carácter generalmente temporal y con destino exclusivo a conjurar la situación excepcional. Los decretos deben ser enviados al Congreso, que puede derogarlos o modificarlos, y están sujetos a control automático de la Corte Constitucional.

El argumento fiscal del Gobierno

En el decreto y en las explicaciones posteriores, el Gobierno sostiene que Colombia enfrenta una situación fiscal “grave” que compromete la capacidad del Estado para garantizar derechos y prestar servicios esenciales. Señala un déficit creciente, advertencias sobre el riesgo de un eventual incumplimiento de la deuda y la imposibilidad de cubrir el presupuesto aprobado sin nuevos ingresos.

Los recursos se orientarían a tres frentes principales: cumplir un fallo de la Corte Constitucional que obliga a aumentar el giro per cápita a las EPS, financiar subsidios a combustibles y energía —especialmente en la Costa Caribe— y robustecer el gasto en seguridad, incluyendo infraestructura y tecnología antidrones para enfrentar ataques de grupos armados contra bases militares y otras instalaciones estratégicas.

Los nuevos impuestos en el radar

Aunque los decretos tributarios aún no se han expedido, borradores conocidos en Bogotá apuntan a un paquete centrado en los contribuyentes de mayores ingresos y en consumos específicos. Entre las medidas en discusión figuran elevar el gravamen a los movimientos financieros del 0,4 % al 0,5 %, ampliar el impuesto al patrimonio para patrimonios altos con tarifas progresivas que podrían llegar a 5 %, e incrementar los impuestos al alcohol, los cigarrillos y los juegos de azar en línea. El propio Petro ha insistido en que los “megarricos” deben aportar una “devolución” de los beneficios acumulados, y que la emergencia no se traducirá en mayores impuestos para las capas medias o pobres.

Críticas: ¿uso legítimo o abuso del estado de excepción?

Gremios empresariales, centros de pensamiento y reconocidos constitucionalistas coinciden en que el verdadero detonante de la emergencia no fue un hecho sobreviniente, sino la derrota política de una reforma tributaria en el Congreso y un déficit conocido desde hace meses. Sostienen que utilizar un estado de excepción para revivir por decreto un proyecto rechazado viola el principio de separación de poderes y puede ser un “fraude a la Constitución”. También alertan sobre el impacto en la confianza inversionista, el aumento de la prima de riesgo y la señal que envía un país que recurre reiteradamente a poderes extraordinarios para ajustar sus cuentas.

El papel de la Corte Constitucional y los escenarios posibles

La Corte Constitucional debe revisar de oficio tanto el decreto que declara la emergencia como los decretos legislativos que se expidan al amparo de ella. Según se ha informado, el alto tribunal decidió programar el estudio de fondo para 2026, lo que deja un margen de actuación inmediata al Gobierno, pero también una elevada incertidumbre.

Existen tres escenarios principales. Primero, que la Corte avale integralmente la emergencia y sus decretos, lo que consolidaría la reforma tributaria por decreto y daría aire a las finanzas públicas, aunque a costa de validar un precedente discutido. Segundo, que la declare exequible de forma parcial, tumbando algunos motivos o impuestos que considere desproporcionados o no relacionados directamente con la crisis, como ya ocurrió con anteriores emergencias regionales. Tercero, que la tumbe por completo, obligando al Gobierno a recortar gasto, renegociar el presupuesto o volver a la arena política del Congreso, al tiempo que asumiría el costo político de haber forzado al límite la figura del estado de excepción.