Maduro se declara no culpable en Nueva York mientras Caracas redefine su transición

Nicolás Maduro enfrentó hoy su primera audiencia ante un tribunal federal en Manhattan, dos días después de ser capturado por fuerzas estadounidenses durante una operación militar en Venezuela. Con grilletes en los pies y asistido por un intérprete, el dirigente venezolano se declaró “inocente” y “presidente legítimo” mientras rechazaba una acusación que lo señala por conspirar para cometer narcoterrorismo, importar cocaína a Estados Unidos y utilizar armas de guerra en apoyo a esas actividades. El tribunal le leyó un pliego de cuatro cargos que, de ser condenado, podrían acarrearle penas de hasta cadena perpetua.

La Fiscalía sostiene que, desde la cúpula del poder, Maduro habría articulado durante años una red de protección a carteles y grupos armados, aprovechando estructuras del Estado para facilitar el envío de toneladas de cocaína y proveer armamento pesado. La acusación extiende responsabilidades a otros altos funcionarios y remite a una causa abierta desde 2020, ahora reactivada tras la captura del mandatario y de su esposa, Cilia Flores, quien también se declaró no culpable en la misma sala.

El juez federal mantuvo a ambos en detención preventiva, sin opción de fianza por el momento, y fijó una próxima audiencia para el 17 de marzo, en la que se espera que la defensa presente sus primeros recursos formales. Los abogados adelantaron que alegarán inmunidad por condición de jefe de Estado y la ilegalidad de la “rendición” forzada de Maduro tras los bombardeos estadounidenses. Aunque la jurisprudencia en Estados Unidos ha tolerado en el pasado juicios pese a capturas irregulares, este caso reabre el debate sobre los límites de la extraterritorialidad penal.

Mientras el foco mediático se concentra en Nueva York, el tablero político se reconfigura en Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, ambos controlados por el chavismo, juramentaron a Delcy Rodríguez como presidenta interina al interpretar la situación de Maduro como “ausencia temporal” y no como falta absoluta. Esa lectura evita, de momento, la obligación constitucional de convocar a elecciones en 30 días y otorga a Rodríguez hasta seis meses prorrogables al frente del Ejecutivo, en medio de un estado de excepción ya vigente.

En sus primeras intervenciones, Rodríguez alternó un tono desafiante —denunciando la operación militar como una agresión y reivindicando a Maduro como “único presidente”— con mensajes más conciliadores, en los que invitó a Washington a construir una “agenda de cooperación” y una relación “equilibrada y respetuosa”. Esta ambivalencia refleja la presión simultánea de un aparato militar que exige la liberación de Maduro y de un entorno internacional que condiciona el reconocimiento a avances reales hacia una transición democrática.

La oposición, encabezada por María Corina Machado y el presidente electo no proclamado Edmundo González Urrutia, celebra la caída del líder chavista pero denuncia que el relevo interno deja intacto al régimen. Exigen que la interinidad de Rodríguez conduzca a la restitución de los resultados de 2024 y a un gobierno de transición amplio, en lugar de un recambio dentro del mismo bloque hegemónico. La disputa por quién encarna hoy la legitimidad —el tribunal de Nueva York que juzga a Maduro, la cúpula chavista que se reordena o la oposición que invoca las urnas— añade capas de incertidumbre.

En el plano externo, la Unión Europea y varios gobiernos europeos han reiterado que el mandato de Maduro carecía de legitimidad, pero al mismo tiempo cuestionan la legalidad de la intervención militar y advierten que sienta un precedente peligroso para el orden internacional. En América Latina, la región aparece partida: líderes de izquierda como los presidentes de Brasil, Colombia y México condenan la operación y reclaman respeto a la soberanía, mientras gobiernos de signo conservador, como el de Argentina, celebran la captura como una oportunidad para que se materialice la transición pendiente.

Desde Washington, la Casa Blanca y el Departamento de Estado presentan el juicio como la culminación de años de esfuerzos para llevar ante la justicia a un “narco-régimen”, aunque voces dentro y fuera del país alertan sobre el riesgo de que la narrativa de “guerra contra las drogas” justifique nuevas acciones unilaterales. Para Venezuela, el proceso abre la posibilidad inédita de que un exmandatario rinda cuentas ante un tribunal extranjero por crímenes de alto impacto, pero también consolida una transición tutelada por actores externos, con una presidencia interina frágil, una oposición fragmentada y una sociedad exhausta.

En última instancia, lo que ocurra en la sala de Manhattan tendrá efectos que trascienden a Maduro: marcará los contornos de la justicia transnacional frente a gobiernos acusados de crimen organizado y definirá si la salida del chavismo se encamina mediante elecciones, acuerdos internos o una combinación incómoda de sentencias extraterritoriales y arreglos políticos bajo presión internacional.