Venezuela libera a una minoría de presos políticos mientras Trump ata gestos a petróleo y embajada

Un gesto tras la captura de Maduro

La liberación de presos políticos en Venezuela se ha convertido en la primera gran señal de cambio tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Desde el 8 de enero, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria, anunció la excarcelación de un “número importante” de detenidos, venezolanos y extranjeros, como gesto unilateral para “consolidar la paz” y facilitar una ruta de reconciliación nacional. Entre los liberados figuran opositores de larga trayectoria, como Enrique Márquez y Biagio Pilieri, así como la abogada de derechos humanos Rocío San Miguel y al menos cinco ciudadanos españoles, cuyas salidas han sido confirmadas por autoridades consulares europeas. Pese al tono triunfalista del anuncio oficial, la realidad numérica y estructural del sistema represivo es mucho más compleja.

Cifras opacas y un universo de más de 800 detenidos

Las cifras disponibles muestran un desfase significativo entre el discurso gubernamental y los datos de las ONG especializadas. De acuerdo con el recuento más reciente de organizaciones como Foro Penal y el Penal Forum, a finales de diciembre había entre 800 y 860 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, incluidos militares, activistas, estudiantes, periodistas y al menos 80 extranjeros. Hasta la noche del sábado, esas mismas ONG habían verificado solo 16 excarcelaciones desde el anuncio del 8 de enero, aunque el primer día se habrían producido nueve liberaciones, entre ellas las de cinco ciudadanos españoles. Es decir, por ahora menos del 3 % del total de presos políticos habría recuperado la libertad, y en varios casos se desconoce si se trata de libertades plenas o condicionadas, con medidas cautelares o prohibiciones de salida del país.

Condiciones de Washington: entre la presión militar y el petróleo

Desde el inicio de la intervención, la Administración Trump colocó la liberación de presos políticos en el centro de sus exigencias al nuevo poder en Caracas. Washington había reclamado de forma reiterada este paso, y el anuncio de Jorge Rodríguez permitió a Trump presentar las excarcelaciones como prueba de “cooperación” de la dirigencia chavista que permanece en el poder. Según el propio presidente estadounidense, la respuesta de Caracas fue tan amplia que “todo lo que hemos pedido, nos lo han dado”, en referencia a la liberación de detenidos y al acceso preferencial al crudo venezolano. Paralelamente, la Casa Blanca ha tejido un acuerdo petrolero valorado en unos 2.000 millones de dólares y ha relajado selectivamente sanciones, mientras mantiene un férreo bloqueo sobre los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba. La suspensión de una “segunda ola” de ataques militares se presentó explícitamente como un incentivo ligado a este paquete de concesiones.

Embajada, seguridad y normalización incierta

Las excarcelaciones también se inscriben en un tablero diplomático más amplio. Tras años sin relaciones formales, Caracas y Washington han iniciado conversaciones para restablecer vínculos y estudiar la reapertura de la embajada estadounidense en la capital venezolana, cerrada desde 2019. Altos funcionarios del Departamento de Estado ya han viajado a Caracas, en lo que se interpreta como una exploración de condiciones de seguridad y de garantías políticas mínimas. Sin embargo, en paralelo, Estados Unidos emitió una alerta urgente pidiendo a sus ciudadanos abandonar Venezuela ante reportes de que colectivos armados afines al chavismo estarían buscando a estadounidenses y levantando retenes en zonas urbanas. Esta tensión entre gesto diplomático y deterioro de la seguridad ilustra los límites de la actual “desescalada”: la arquitectura represiva y paramilitar construida bajo Maduro sigue activa, ahora en un contexto de transición y de negociaciones altamente asimétricas.

ONG, oposición y aliados: entre la cautela y el escepticismo

Organizaciones de derechos humanos han recibido las liberaciones con una mezcla de alivio y desconfianza. Voces como Foro Penal, el Observatorio Venezolano de Prisiones y otras plataformas insisten en que se trata de “buenas noticias” para las familias afectadas, pero subrayan que cientos de personas siguen detenidas por razones políticas. Recuerdan, además, que gobiernos anteriores usaron la táctica de liberar a un grupo de presos al mismo tiempo que detenían a nuevos críticos, en una dinámica de “puerta giratoria” que permite aliviar la presión internacional sin desmontar la maquinaria represiva.

La oposición política, por su parte, saluda la salida de figuras emblemáticas, pero exige una amnistía amplia, el cierre definitivo de centros de detención como El Helicoide y garantías de no repetición. Algunos aliados internacionales —entre ellos gobiernos europeos y latinoamericanos— han calificado las excarcelaciones de “paso positivo” pero insuficiente, atando un eventual reconocimiento pleno del gobierno interino a una reducción sustancial del número de presos políticos y a reformas en el poder judicial y los cuerpos de seguridad. El protagonismo simultáneo de Delcy y Jorge Rodríguez en las negociaciones, frente al control que mantiene Diosdado Cabello sobre las fuerzas de seguridad, alimenta la duda central: si estas liberaciones son el inicio de una transición hacia un Estado menos autoritario o solo otra maniobra táctica para ganar oxígeno financiero y diplomático sin renunciar al control coercitivo del país.