Sheinbaum defiende como “decisión soberana” la entrega de 37 capos de cárteles a Estados Unidos

El gobierno de Claudia Sheinbaum ejecutó el martes la tercera entrega masiva de presuntos miembros de cárteles mexicanos a Estados Unidos, un operativo que trasladó a 37 reclusos de alta peligrosidad y elevó a 92 el número de personas enviadas al norte en menos de un año. La decisión, adoptada al amparo de la Ley de Seguridad Nacional para acelerar los trámites, llega en medio de la presión sostenida del presidente Donald Trump, que ha amenazado con acciones militares y arancelarias si México no endurece la lucha contra el narcotráfico.

Entre los trasladados hay integrantes de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Noreste, varios de ellos considerados objetivos prioritarios por las agencias estadounidenses. Entre los nombres que han trascendido figuran Armando Gómez Núñez, señalado como operador financiero del CJNG, y Pedro Inzunza Noriega, acusado de narco‑terrorismo. Según las autoridades mexicanas, algunos ya cumplían condenas largas, pero seguían coordinando extorsiones, tráfico de drogas y homicidios desde prisión, lo que llevó al Consejo de Seguridad Nacional a clasificarlos como una “amenaza real” para la seguridad interna y ordenar su salida del país.

El operativo se preparó durante semanas en coordinación con el Departamento de Justicia y la agencia antidrogas estadounidense. Los internos fueron concentrados de madrugada en penales federales de alta seguridad, trasladados bajo fuerte resguardo militar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y embarcados en dos aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Funcionarios mexicanos subrayan que, antes de autorizar la entrega, Washington firmó compromisos formales de no solicitar la pena de muerte ni recluir a los acusados en prisiones secretas o instalaciones militares, en línea con los estándares de derechos humanos que México dice respetar en materia de cooperación penal.

En su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum insistió en que la medida fue una “decisión soberana” tomada por el Consejo de Seguridad Nacional tras evaluar lo que consideró más conveniente para el país. Admitió que la lista de 37 nombres llegó como una solicitud del Departamento de Justicia, pero negó que se trate de una respuesta sumisa a Trump. “México va primero, por encima de cualquier presión”, afirmó, al tiempo que reiteró su rechazo a una intervención militar extranjera y defendió que la cooperación seguirá siendo “de Estado a Estado”, sin tropas estadounidenses en territorio mexicano.

Sin embargo, la decisión ha abierto un intenso debate interno. Partidos de oposición acusan al gobierno de “ceder ante el chantaje” de Washington y de usar la Ley de Seguridad Nacional para sortear controles judiciales y del Congreso sobre las extradiciones. Organizaciones de derechos humanos advierten de riesgos de violaciones al debido proceso, al enviarse incluso a personas aún no sentenciadas y sin agotar todas las instancias de defensa en tribunales mexicanos. Académicos en materia constitucional señalan además que se consolida un esquema discrecional, en el que el Ejecutivo decide quién se va y quién se queda sin criterios transparentes ni supervisión independiente.

En Washington, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia celebraron la operación como un “hito” en la cooperación bilateral y una muestra de que la estrategia de presión de Trump está dando resultados. Voces más duras en el Congreso republicano exigen, no obstante, pasos adicionales, desde designar más cárteles como organizaciones terroristas hasta condicionar comercio y aranceles al cumplimiento de metas en decomisos y capturas. Analistas advierten que, si las entregas masivas se convierten en la principal moneda de cambio para evitar una intervención militar o castigos económicos, México corre el riesgo de erosionar su margen de decisión soberana y de quedar atrapado en una relación de seguridad cada vez más asimétrica.