Masacre en cancha de futbol de Salamanca revela la persistente guerra criminal en Guanajuato

La tarde que debía cerrar con un tercer tiempo de convivencia terminó en una escena de guerra en la comunidad Loma de Flores, al norte de Salamanca, Guanajuato. Poco después de las cinco de la tarde del domingo 25 de enero, mientras jugadores y familias seguían reunidos tras un partido de futbol amateur, dos camionetas ingresaron a los llamados Campos de las Cabañas. De ellas descendieron al menos cuatro hombres armados que, sin mediar palabra, abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar.

Según los reportes preliminares de autoridades municipales y estatales, 10 personas murieron de forma inmediata en el campo deportivo y una más falleció durante la atención médica, para un saldo de al menos 11 víctimas mortales. Entre los heridos —cuyas cifras han oscilado entre 6 y 12 conforme avanzan las verificaciones— se encuentran mujeres y menores de edad trasladados a hospitales de Salamanca y municipios vecinos.

Una ejecución masiva con más de cien disparos

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato localizaron más de cien casquillos percutidos en la zona, compatibles con armas largas, lo que confirma que se trató de un ataque planificado y de gran poder de fuego. La agresión ocurrió cuando el encuentro deportivo ya había concluido y varios asistentes se encontraban en los alrededores del campo, lo que amplificó el número de víctimas potenciales.

Las primeras indagatorias indican que los agresores dispararon de manera indiscriminada, sin dirigirse públicamente a una persona específica, y abandonaron el lugar en los mismos vehículos en que llegaron, antes de que arribaran policías municipales, fuerzas estatales y elementos de la Guardia Nacional y el Ejército desplegados tras el llamado al 911. Hasta ahora no se reportan detenidos vinculados directamente con el ataque.

Líneas de investigación: la disputa criminal en el corredor Salamanca–Irapuato

Aunque la Fiscalía estatal ha evitado atribuir de manera formal la masacre a un grupo específico, la principal línea de investigación apunta a la disputa entre organizaciones del crimen organizado que han operado en Salamanca y su corredor industrial. Desde hace años, la zona es escenario de enfrentamientos y asesinatos ligados a la pugna por el control del robo de combustible, el narcomenudeo y la extorsión, en particular entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima.

La elección de un campo deportivo comunitario como escenario del ataque refuerza la hipótesis de un mensaje de fuerza y dominio territorial más que de un atentado quirúrgico contra un solo objetivo. Investigadores consultados por medios nacionales señalan que golpear espacios de convivencia cotidiana busca sembrar miedo entre la población y presionar a rivales y autoridades en un contexto de reacomodo criminal.

Reacciones oficiales y un estado marcado por los homicidios

La gobernadora Libia Denisse García calificó los hechos como una masacre inadmisible, anunció que el caso será priorizado dentro de la estrategia estatal de seguridad y ordenó reforzar la presencia de fuerzas estatales y federales en Salamanca y municipios vecinos. La Fiscalía informó de un grupo especial de investigación y del uso de herramientas de balística, análisis de videovigilancia y entrevistas a sobrevivientes para identificar a los responsables.

Desde el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó condolencias a las familias, comprometió apoyo operativo con Guardia Nacional y Ejército y, al mismo tiempo, descartó que la Fiscalía General de la República atraiga por ahora la investigación, manteniéndola en el ámbito local con coordinación interinstitucional.

El ataque se produce en un momento en que Guanajuato presume una disminución reciente en los homicidios dolosos —con 2025 cerrando con alrededor de 2.700 víctimas, una baja de cerca de 20 a 24 por ciento respecto a 2024—, pero sigue encabezando el acumulado nacional de asesinatos desde 2018, con casi 24.000 homicidios dolosos en ese periodo.

Episodios como el de Loma de Flores exhiben la fragilidad de esos avances estadísticos frente a masacres de alto impacto que reabren el debate sobre la capacidad del Estado para recuperar el control territorial, proteger espacios comunitarios y desarticular las estructuras económicas de los grupos criminales que han hecho de Guanajuato uno de los epicentros de la violencia en México.