México cede ante la presión de Trump y pacta un nuevo plan de entrega de agua a Estados Unidos

México y Estados Unidos anunciaron un nuevo acuerdo para encauzar el histórico conflicto por el agua del Río Bravo. El gobierno de Claudia Sheinbaum se comprometió a entregar, de forma sostenida, al menos 431–432 millones de metros cúbicos de agua al año y a liquidar la deuda acumulada con su vecino del norte bajo el Tratado de Aguas de 1944, luego de meses de presiones directas del presidente Donald Trump, que había llegado a amenazar con aranceles y recortes de cooperación.

Cómo funciona el Tratado de 1944

El Tratado de Aguas de 1944 regula el reparto de los caudales del Río Bravo aguas abajo de Fort Quitman y del río Colorado. A grandes rasgos, Estados Unidos se obliga a entregar a México 1,5 millones de acres-pie anuales del Colorado, mientras que México debe aportar al menos 350.000 acres-pie por año —promediados en ciclos de cinco años— desde seis tributarios mexicanos del Río Bravo, equivalentes a unos 431 millones de metros cúbicos anuales. Si al final del ciclo México no alcanza ese volumen, el déficit se arrastra al siguiente, salvo que ambos países acuerden que hubo “sequía extraordinaria”.

En la práctica, desde la década de 1990 México ha incumplido varios ciclos, generando tensiones periódicas con los usuarios del sur de Texas, que dependen casi por completo de esas aportaciones para riego y abastecimiento urbano.

El déficit acumulado y el nuevo plan de entregas

De acuerdo con estimaciones recientes basadas en reportes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, al cierre del ciclo 2020‑2025 México había entregado alrededor de 880.000 acres-pie, menos de la mitad de los 1,75 millones exigidos en cinco años. El faltante, cercano a 870.000 acres-pie —más de 1.000 millones de metros cúbicos— fue reconocido por ambos gobiernos como una “deuda hídrica” que debía cubrirse en el ciclo siguiente.

El nuevo acuerdo fija como piso anual la cuota de 350.000 acres-pie, pero añade un componente extraordinario: entregas adicionales de entre 80.000 y 100.000 acres-pie por año, provenientes de embalses como La Amistad y Falcón, con el objetivo de amortizar totalmente el déficit en un horizonte de varios años. El instrumento, que se formalizaría mediante una nueva “minuta” de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, incluiría medidas de monitoreo en tiempo real y límites a nuevas concesiones en los distritos de riego del norte.

El gobierno de Sheinbaum sostiene que el plan combina cumplimiento internacional con protección interna: promete inversiones en tecnificación de riego, rehabilitación de canales y control de fugas urbanas para liberar volúmenes sin dejar sin agua a las comunidades. Asegura también que no se renegocia el tratado, sino su implementación, y que el costo de no llegar a un acuerdo habría sido mayor por el riesgo de sanciones comerciales y un deterioro general de la relación con Washington.

Sequía extrema y temor en el norte de México

El anuncio llega en medio de una sequía severa en la cuenca del Río Bravo. Estudios recientes alertan de que más de la mitad del agua que se consume en la cuenca es insostenible: el río y sus presas se han agotado a tal grado que amplios tramos permanecen secos durante meses, mientras acuíferos y embalses pierden volumen y aumentan las temperaturas. El sistema abastece a unos 15 millones de personas y riega cerca de dos millones de hectáreas agrícolas en ambos países, por lo que cualquier recorte adicional se traduce en riesgo para el consumo humano y la producción de alimentos.

En estados como Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, productores agrícolas y comunidades rurales recuerdan episodios recientes de confrontación, desde la toma de presas hasta bloqueos carreteros y protestas contra la nueva Ley General de Aguas, que consideran un intento de quitarles el recurso en favor de intereses urbanos o industriales. Muchos de ellos ven el acuerdo como una imposición dictada desde la Ciudad de México y Washington, y temen que se les exija “apretar aún más el cinturón” en distritos de riego ya asfixiados por la falta de lluvia.

Reacciones en Estados Unidos y voces expertas

Del lado estadounidense, autoridades federales y agricultores del valle del Río Grande celebran el pacto como una “victoria” y una prueba de que la presión política funciona. Argumentan que la falta de agua mexicana ha obligado a dejar sin sembrar miles de hectáreas y ha encarecido seguros y créditos agrícolas. Sin embargo, algunos especialistas en gestión del agua en ambos países advierten que centrar la discusión solo en el volumen que cruza la frontera ignora la fragilidad del sistema.

Hidrólogos y expertos en gobernanza del agua consultados subrayan que, sin cambios profundos en el patrón de uso —cultivos menos sedientos, reconversión productiva, límites estrictos a nuevas concesiones y criterios claros para declarar sequía extraordinaria—, el acuerdo corre el riesgo de convertirse en un alivio temporal para Texas a costa de agravar la escasez en el norte de México. Para ellos, la prioridad debería ser asegurar primero el derecho humano al agua y la resiliencia de la cuenca; solo sobre esa base, argumentan, puede sostenerse a largo plazo un tratado que nació para repartir abundancia y hoy opera sobre un río cada vez más seco.