Consejo de Estado anula la personería del PTC y sacude la izquierda presidencial

Un fallo que desmonta la resurrección del PTC

La decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado significó un frenazo a la corta resurrección del Partido del Trabajo de Colombia. El tribunal anuló la resolución del Consejo Nacional Electoral que, en 2023, había restituido la personería jurídica al PTC, devolviéndole la condición de partido con plenos derechos. Según el fallo, esa resolución incurrió en infracción de las normas aplicables y en “falsa motivación”, porque presentó al PTC como parte de la coalición Pacto Histórico en un momento en que la colectividad no contaba con personería jurídica reconocida. Además, el CNE justificó la restitución en hechos de violencia contra dirigentes del partido, pero el Consejo de Estado consideró que no se probó de forma suficiente que esos ataques estuvieran ligados a su actividad política, ni que hubieran impedido efectivamente su participación electoral. Con ello, el alto tribunal cerró una de las vías que distintas colectividades venían usando para recuperar su estatus legal.

Efectos hacia el futuro: qué se protege y qué se pierde

Consciente del impacto que tendría desmontar, de un plumazo, todas las decisiones adoptadas desde 2023, el Consejo de Estado optó por modular los efectos de la sentencia. El fallo aclara que la nulidad de la resolución del CNE solo rige hacia el futuro y que deben “protegerse los actos que surgieron de la restitución de la personería jurídica al PTC”, de modo que sus efectos se harán efectivos desde la ejecutoria de la providencia. En la práctica, esto significa que las actuaciones ya consumadas —como la inscripción de listas al Congreso o coavales otorgados mientras el PTC estuvo formalmente vigente— no caen automáticamente. Sin embargo, desde el momento en que el fallo quede en firme el partido vuelve a ser, a ojos del sistema electoral, una organización sin personería: no podrá presentar nuevos candidatos, acceder a financiación estatal, ni participar oficialmente en coaliciones o consultas interpartidistas. El margen de maniobra de la izquierda se reduce justo cuando se acelera la carrera hacia 2026.

Quintero y Romero, dos precandidaturas bajo reglas cambiantes

En el caso de Daniel Quintero, el impacto inmediato es limitado pero políticamente ruidoso. El exalcalde de Medellín había recibido un coaval del PTC para participar en la consulta presidencial del “Frente por la Vida”, pero su aspiración también fue respaldada por el movimiento indígena AICO. Al modular los efectos del fallo, el Consejo de Estado protege los actos ya adoptados, y la propia nota jurídica resalta que la candidatura de Quintero se sostiene en el aval indígena, por lo que su presencia en la consulta no se cae, aunque pierda el sello del PTC.

Más compleja es la situación de Camilo Romero. El exgobernador de Nariño recibió el aval del PTC el 22 de enero para competir en una consulta que él mismo ha llamado “la consulta de la gente” o “consulta progresista”. Ese aval se otorgó cuando el partido aún aparecía con personería, por lo que, en principio, se encuentra dentro del conjunto de actos protegidos por la modulación del fallo. Pero, una vez la sentencia quede en firme, Romero dependerá de que el CNE precise si un candidato puede seguir amparado exclusivamente en el aval de una colectividad que ya no existe jurídicamente como partido. Su alternativa realista pasa por conseguir el respaldo de otra fuerza con personería dentro del Pacto Histórico o de sus aliados, pues la vía de las firmas está cerrada: el plazo para presentar apoyos ciudadanos venció en diciembre de 2025 y su verificación concluyó en enero de 2026.

El reloj electoral corre para el Pacto Histórico

El fallo aterriza en pleno arranque del calendario electoral. La Registraduría abrió la inscripción de candidaturas presidenciales el 31 de enero y la mantendrá hasta el 13 de marzo, con una regla clave: los ganadores de las consultas del 8 de marzo cuentan con cinco días hábiles extra para formalizar su inscripción. Ese diseño ofrece a la izquierda un breve margen para reacomodar avales y coaliciones después de las consultas, pero también comprime la ventana para resolver el limbo jurídico que deja la caída del PTC.

Para el Congreso, el impacto es más acotado. Las listas legislativas debieron inscribirse entre noviembre y diciembre de 2025, y el propio fallo del Consejo de Estado ordena proteger los actos derivados de la personería restituida, lo que incluye las inscripciones ya realizadas. Así, las listas donde aparezca el PTC no serían desmontadas a semanas de la votación del 8 de marzo, pero el partido quedaría sin capacidad de proyectar su representación más allá de este ciclo. En conjunto, la sentencia reduce el número de actores con personería en el campo de la izquierda y obliga al Pacto Histórico a redistribuir cuotas, logos y recursos en un escenario de tiempo limitado y alta fragmentación interna.