Ley de amnistía en Venezuela pone a prueba la promesa de liberar a todos los presos políticos

Frente a El Helicoide y al centro de detención Zona 7, en Caracas, las noches se han llenado de velas, mantas y carteles con nombres. Familias de presos políticos esperan allí que se cumpla la promesa más ambiciosa en décadas: la liberación de todos los detenidos por razones políticas antes del próximo viernes. Esa expectativa se sostiene en la ley de amnistía general impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y en el compromiso público del jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, de que “no quedará nadie preso” al final de la semana.

El proyecto, aún sin texto completo divulgado, se presenta como una amnistía amplia para delitos de naturaleza política cometidos desde 1999, a lo largo de todo el ciclo chavista. Según el gobierno, cubriría a dirigentes opositores, estudiantes, periodistas, activistas de derechos humanos y militares acusados de rebelión, conspiración o “terrorismo” por su participación en protestas o en procesos electorales. Quedarían excluidos quienes hayan sido condenados por homicidio, narcotráfico, corrupción u otros delitos graves, así como responsables directos de torturas, desapariciones forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos.

A diferencia de los indultos selectivos dictados durante el gobierno de Nicolás Maduro, la nueva amnistía busca también borrar antecedentes penales y levantar medidas cautelares como prohibiciones de salida del país o de declarar en medios. Organizaciones venezolanas de derechos humanos, entre ellas Foro Penal y PROVEA, reconocen el posible alcance de la medida pero alertan sobre su opacidad: no existe aún un listado oficial de beneficiarios ni se conoce con precisión cómo se aplicarán los criterios de inclusión y exclusión, ni qué instancia independiente supervisará el proceso.

En el plano institucional, la Asamblea Nacional aprobó ya en primera discusión el proyecto y se prepara para un segundo debate que permitiría su promulgación inmediata. A las puertas de Zona 7, Jorge Rodríguez prometió que, una vez sancionada la ley, todas las personas privadas de libertad por motivos políticos deberían quedar en libertad “entre el martes y, a más tardar, el viernes”. Cifras de ONG estiman que, pese a más de trescientas excarcelaciones desde comienzos de enero, aún quedarían alrededor de setecientos presos políticos y miles de ciudadanos sometidos a medidas judiciales restrictivas.

En las afueras de las cárceles, las vigilias combinan canciones, rezos y protestas. Las familias denuncian un goteo de liberaciones, sin listados oficiales ni criterios claros, y temen que la amnistía se convierta en un mecanismo discrecional que privilegie a los casos más visibles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre la persistencia de centros de detención clandestinos y reclama que cualquier amnistía respete los estándares interamericanos: exclusión de crímenes de lesa humanidad, derecho de las víctimas a la verdad y garantías efectivas de investigación y sanción para los responsables de tortura y ejecuciones extrajudiciales.

El futuro de los centros de detención más emblemáticos también está en disputa. El gobierno anunció el cierre de El Helicoide y su conversión en complejo deportivo y cultural para policías y comunidades cercanas, como símbolo de una “nueva etapa”. Sobrevivientes y organizaciones de memoria reclaman, en cambio, que se preserve como sitio de memoria y museo de derechos humanos, con reconocimiento oficial de los abusos. Todo ocurre pocas semanas después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y del ascenso de Delcy y Jorge Rodríguez, en medio de elogios cautelosos de gobiernos vecinos y de la presión de Washington para que las reformas no se queden en gestos simbólicos.