Venezuela frena la amnistía en el Parlamento mientras el caso Guanipa expone una “puerta giratoria”

La Asamblea Nacional de Venezuela decidió aplazar la sesión prevista para este martes en la que debía votarse en segunda discusión la ley de amnistía promovida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El texto estaba llamado a convertirse en la principal herramienta jurídica para liberar a los presos políticos detenidos durante más de dos décadas de conflicto interno, pero su postergación reavivó la desconfianza de familiares y organizaciones de derechos humanos que aguardaban un cambio inmediato.

Una ley clave para la “convivencia democrática”

El proyecto de “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática” fue anunciado por Rodríguez como un perdón general para hechos de naturaleza política cometidos desde 1999, en el marco de la transición abierta tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Según la exposición de motivos, la norma busca “reparar heridas” y facilitar la reconciliación, pero deja fuera delitos como violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, en línea con las restricciones de la Constitución venezolana.

El borrador también contempla la anulación de inhabilitaciones políticas, lo que abriría la puerta al retorno electoral de figuras opositoras, y asigna un rol central a Fiscalía y tribunales para aplicar los beneficios. Ese punto ha generado recelos entre ONG que recuerdan que son las mismas instituciones señaladas por su participación en procesos arbitrarios.

Excarselaciones masivas, cifras dispares

Desde comienzos de enero, el gobierno ha puesto en marcha una ola de excarcelaciones paralela al debate legislativo. Organizaciones como Foro Penal contabilizan entre 400 y más de 700 personas liberadas, aunque muchas bajo medidas cautelares que limitan su movilidad y su actividad política. El Ejecutivo, que rechaza la categoría de “presos políticos”, habla de casi 900 personas beneficiadas desde finales de 2025. Más allá de las discrepancias, ONG subrayan que aún permanecen centenares en prisión y más de diez mil con causas abiertas o restricciones a la libertad.

El caso Guanipa y la “puerta giratoria”

En este contexto, el opositor Juan Pablo Guanipa se convirtió en símbolo de la fragilidad de las nuevas garantías. Tras ser excarcelado el domingo y participar en caravanas que celebraban la libertad de presos políticos en varias cárceles, fue detenido de nuevo pocas horas después y permaneció varias horas en paradero desconocido. Este martes, su familia confirmó que fue trasladado a su casa en Maracaibo, donde cumple arresto domiciliario con vigilancia electrónica. Su hijo agradeció la presión internacional, pero recalcó que “casa por cárcel sigue siendo prisión” y exigió libertad plena para él y para todos los detenidos por motivos políticos.

Protestas y temor a una amnistía selectiva

Frente al Palacio Legislativo, familiares de presos políticos y algunos excarcelados se concentraron para denunciar que el aplazamiento prolonga la incertidumbre. Entre consignas como “no pedimos perdón, exigimos libertad”, reclamaron la liberación inmediata de quienes siguen en centros como El Rodeo o La Pica y advirtieron que, en su forma actual, la ley excluye a “más de la mitad” de los casos y no contempla reparación a las víctimas ni garantías de no repetición.

Organizaciones de derechos humanos que participaron en reuniones con la comisión parlamentaria —entre ellas Foro Penal, Provea, Justicia Venezolana, Acceso a la Justicia y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos— valoran como positivo haber sido escuchadas, pero piden cambios sustantivos. Reclaman que la aplicación de la amnistía no quede solo en manos del Ejecutivo y del mismo sistema judicial que ejecutó la persecución, y que se derogue el entramado de leyes represivas, como la Ley contra el Odio, utilizado para criminalizar la protesta.

Voceros como el director de una ONG de paz califican el diseño actual como “una forma de impunidad: no se absuelve, pero tampoco se hace justicia”, mientras otros juristas cuestionan artículos que extinguen la responsabilidad administrativa y civil de funcionarios, temiendo que se consagre un “borrón y cuenta nueva” para jueces, fiscales y cuerpos de seguridad implicados en abusos.

Escenarios abiertos para los presos políticos y la transición

La postergación de la votación reordena el tablero de la transición. Si el Parlamento aprueba en los próximos días una versión corregida que amplíe los beneficios, incluya participación de víctimas y mantenga excluidos los crímenes más graves, podría consolidar una salida negociada y aliviar la presión internacional. Si, por el contrario, se impone una amnistía parcial, limitada y aplicada de forma discrecional, el riesgo es que la “puerta giratoria” se mantenga: liberar a algunos para mejorar la imagen externa mientras se conservan herramientas para nuevas detenciones selectivas.

Para los presos políticos y sus familias, el mensaje de esta jornada es ambiguo. La liberación condicionada de figuras como Guanipa, junto con el aplazamiento de la ley, muestra avances concretos pero también la persistencia de un sistema en el que la libertad sigue dependiendo de decisiones políticas más que de garantías judiciales estables. El desenlace de este debate será una prueba decisiva de la voluntad real del nuevo gobierno de desmontar la estructura de persecución construida en los años previos.