Morena impone respaldo “obligatorio” a la reforma electoral de Sheinbaum y abre fisuras con PT y PVEM

La decisión de Morena de respaldar de manera “obligatoria” y unánime la reforma electoral que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum marca un punto de quiebre en la negociación dentro de la llamada Cuarta Transformación. En una reunión plenaria en San Lázaro, el coordinador Ricardo Monreal instruyó a los diputados del partido guinda a apoyar la iniciativa “como venga”, aun admitiendo que el documento final todavía no se conoce.

Qué se sabe de la reforma electoral

Aunque la presidenta ha reiterado que el Instituto Nacional Electoral conservará su autonomía y que no se busca desaparecerlo ni someterlo al Ejecutivo, los borradores que circulan apuntan a una reconfiguración profunda del sistema.

Los adelantos hablan de cuatro ejes centrales: disminuir el costo de las elecciones, reducir y redistribuir el financiamiento público a partidos, modificar la representación proporcional y fortalecer tanto el voto de mexicanos en el exterior como los mecanismos de democracia participativa. Entre las propuestas figura un recorte significativo al presupuesto del INE, especialmente en años no electorales, y una reducción de alrededor de una cuarta parte de los recursos destinados al gasto ordinario de los partidos, manteniendo un incremento durante las campañas.

En materia de representación, la discusión se ha centrado en los diputados plurinominales. Versiones previas consideraban recortar cien escaños para pasar de 500 a 400 diputados, aunque más recientemente la propia Sheinbaum ha dejado abierta la posibilidad de mantener el tamaño actual de la Cámara pero “reordenando” la fórmula de representación proporcional y la asignación de curules de lista.

Por qué Morena cierra filas

Para Morena, el respaldo sin matices responde a una lógica política: mostrar cohesión en torno a la presidenta y asegurar que el llamado “Plan C” avance mientras la coalición todavía dispone de una mayoría amplia en el Congreso. Monreal ha enmarcado el acuerdo como una “responsabilidad histórica” del grupo mayoritario, que busca modificar las reglas antes de que inicie el próximo ciclo electoral.

La disciplina también intenta evitar que PT y PVEM, socios menores en la alianza, se conviertan en un poder de veto interno. Al fijar públicamente la línea de voto, Morena manda la señal de que la iniciativa es prioritaria y que cualquier ajuste con los aliados deberá hacerse sin poner en riesgo el objetivo central: abaratar el sistema electoral y limitar el peso de los partidos en el erario.

Las reservas del PT, el PVEM y la oposición

Justo ahí se abre la grieta. PT y PVEM dependen en gran medida de la representación proporcional y de los recursos públicos para sostener su presencia nacional; cualquier reducción de plurinominales o cambio en la fórmula de financiamiento puede traducirse en menos escaños y menor capacidad de negociación. De hecho, dirigentes petistas han advertido que una reforma constitucional no pasa sin sus votos, recordando que Morena por sí sola no alcanza la mayoría calificada.

La oposición, por su parte, ve con alarma el “respaldo a ciegas” del partido en el gobierno. Legisladores de bloques rivales han señalado que recortes fuertes al INE podrían mermar su capacidad operativa y abrir espacios a la intervención política, además de que una mala redistritación o una reducción mal calibrada de plurinominales podría sobrerrepresentar al partido mayoritario y dejar subrepresentadas a fuerzas minoritarias y opositoras.

Impacto en las elecciones de 2027 y 2030

El calendario proyectado por la propia comisión que elaboró la propuesta prevé que, si la reforma se aprueba en los próximos meses y se armoniza la legislación secundaria, las nuevas reglas estarían vigentes para las elecciones intermedias de 2027 y plenamente consolidadas para la contienda presidencial de 2030.

En el mejor escenario para el oficialismo, un sistema con menores costos, una representación proporcional ajustada y un INE menos oneroso consolidaría la narrativa de “austeridad democrática” sin afectar la confianza ciudadana. En el peor, la percepción de una reforma hecha a la medida de Morena podría traducirse en desconfianza, judicialización intensa y un arranque envenenado para los próximos dos ciclos electorales. Lo que hoy se discute en San Lázaro definirá, en buena medida, quién y cómo competirá por el poder en 2027 y 2030.