Sheinbaum abre la puerta al fracking con cuatro proyectos mixtos y seduce a la banca

La nueva política energética del Gobierno de Claudia Sheinbaum ha dejado de ser solo insinuaciones técnicas para tomar forma en una cartera inicial de cuatro proyectos de exploración y producción de hidrocarburos con inversión mixta entre Pemex y capital privado. Estos proyectos, aún sin anuncios formales, abarcarían gas y petróleo en yacimientos convencionales y no convencionales y funcionarían como laboratorio regulatorio del nuevo modelo, en estados como Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.

El rediseño incluye dos ejes: reglas ambientales específicas para la extracción en formaciones no convencionales y un marco de coinversión público‑privada pensado para corregir experiencias previas, en las que las convocatorias de Pemex apenas atrajeron empresas por la ambigüedad regulatoria y los plazos poco competitivos. La creación de la Comisión Consultiva del Petróleo, presidida por Cuauhtémoc Cárdenas, busca dar legitimidad histórica al giro y ofrecer recomendaciones estratégicas desde Pemex en un momento en que el Gobierno se prepara a romper el veto a la fractura hidráulica.

El contraste con la política de Andrés Manuel López Obrador es evidente. Durante el sexenio anterior se impuso un hiato en los proyectos de fracking y se frenó la entrega de nuevas áreas a privados, bajo la consigna de reforzar a Pemex y CFE como empresas públicas y revertir la apertura de la reforma de 2013. Sheinbaum, que en campaña prometió no permitir la explotación de hidrocarburos mediante fracking, ha pasado a admitir que su uso está “a discusión” en aras de la soberanía energética y de reducir la dependencia de un gas que México importa en torno al 75 % desde Estados Unidos, donde precisamente se produce con fractura hidráulica.

Ante los banqueros reunidos en la Convención Bancaria, la presidenta ha vinculado esta agenda energética a un ambicioso Plan de Inversión en Infraestructura de 5,6 billones de pesos, más de la mitad destinado a proyectos de energía. Ha pedido a la banca elevar el crédito del 38 % al 45 % del PIB, subrayando que detrás de los grandes proyectos públicos y privados —incluidos los energéticos— estarán los recursos del sistema financiero nacional. El presidente de la Asociación de Bancos de México ha respondido con apoyo, destacando la estabilidad macroeconómica y viendo en el sector energía un motor para ampliar la cartera crediticia.

El contexto internacional refuerza esa narrativa. Desde el Banco de México se advierte que el conflicto en Irán está encareciendo los energéticos y aumentando la volatilidad financiera, lo que presiona la inflación y las cuentas externas, pero también eleva los ingresos potenciales por exportaciones de crudo. Para el Gobierno, reactivar el gas nacional mediante fracking y atraer inversión mixta serviría como seguro frente a choques externos y como palanca para industrias intensivas en energía, desde manufactura hasta centros de datos.

Sin embargo, el giro tiene un alto coste político y social. Organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking y Greenpeace acusan a Sheinbaum de traicionar el voto popular al revertir su compromiso de campaña y recuerdan los antecedentes de fracking en México, con miles de pozos perforados entre 2003 y 2018 y denuncias de impactos en agua y suelos. Alertan de riesgos de contaminación de acuíferos, uso intensivo de agua en regiones ya estresadas y emisiones de metano que comprometen las metas climáticas, además de posibles sismos inducidos y conflictos territoriales con comunidades rurales e indígenas en las zonas de explotación.

La oposición parlamentaria, por su parte, cuestiona que se refuerce a Pemex y CFE como ejes del sector mientras se reabre la puerta a prácticas de alto impacto ambiental y se recurre de nuevo a capital privado, lo que consideran una reedición limitada de la lógica de la reforma de 2013. También plantean dudas sobre la compatibilidad de los nuevos esquemas de inversión con compromisos del TMEC y con la transición hacia energías renovables.

En última instancia, el alcance real de los impactos económicos —en inversión, empleo y balanza energética— y de los riesgos ambientales y sociales dependerá de cómo se definan las reglas de estos cuatro proyectos piloto: el grado de transparencia, la distribución de beneficios con las comunidades y la capacidad del Estado para hacer cumplir salvaguardas ambientales en un sector históricamente marcado por la opacidad.