Fiscalía apunta a la Segunda Marquetalia por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y sacude la campaña de 2026

La Fiscalía General de la Nación dio un giro definitivo en el caso del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay al señalar formalmente a la Segunda Marquetalia como responsable intelectual del magnicidio. En una rueda de prensa, el ente acusador anunció órdenes de captura contra Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, contra el jefe financiero guerrillero conocido como John 40 y contra José Manuel Sierra Sabogal, el Zarco Aldinever, por su presunta participación como determinadores del homicidio agravado y otros delitos asociados. La decisión se apoya en nuevas pruebas testimoniales, reportes de inteligencia y trazas financieras que, según la Fiscalía, conectan a la disidencia con la red de sicarios ya procesada.

Del atentado en Modelia al reconocimiento de un magnicidio

Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros durante un acto proselitista en un parque del barrio Modelia, en Bogotá, mientras buscaba la nominación presidencial del Centro Democrático para las elecciones de 2026. Un menor de 15 años disparó varias veces, impactando al senador en la cabeza y en una pierna; aunque fue capturado en el lugar, Uribe murió semanas después en una clínica capitalina tras múltiples intervenciones neurológicas. El autor material fue juzgado en la jurisdicción de menores y condenado a siete años de privación de la libertad, mientras la Fiscalía avanzaba en la identificación de la red que habría planeado el ataque.

Con el tiempo fueron capturados varios presuntos coordinadores, entre ellos Elder José Arteaga, alias el Costeño, señalado como pieza clave entre los sicarios y los posibles autores intelectuales. La hipótesis de que la Segunda Marquetalia estuviera detrás del crimen fue ganando fuerza a partir de informes de Policía e inteligencia militar, aunque durante meses se mantuvo en el terreno de las sospechas. La reciente confesión de Simeón Pérez, alias el Viejo, detenido en 2025, habría sido el punto de quiebre: ante fiscales del caso aseguró que la orden partió del Zarco Aldinever, comandante de esa disidencia, y que se ofreció una millonaria suma para ejecutar el asesinato y silenciar a los participantes.

El papel del Zarco Aldinever y el golpe a la “paz total”

La figura del Zarco Aldinever resulta especialmente sensible para el gobierno porque el guerrillero había sido reconocido en el pasado como gestor de paz en el marco de la política de paz total. El propio alto comisionado para la Paz llegó a expresar dudas públicas sobre su participación en el crimen de Uribe, en parte porque durante años se dio por muerto al comandante, lo que abrió controversias sobre la calidad de la información con la que operaba el Estado. Ahora, la imputación de la Fiscalía coloca en entredicho el diseño de los mecanismos de acercamiento con las disidencias y refuerza el argumento de quienes advertían sobre los riesgos de otorgar estatus político a mandos vinculados con economías ilegales.

Para el gobierno, el reto inmediato será sostener que la búsqueda de una salida negociada al conflicto no implica impunidad. Fuentes oficiales insisten en que las órdenes de captura demuestran que, aun en medio de diálogos, los responsables de crímenes contra la democracia deben ser perseguidos. Sin embargo, sectores de oposición y algunas víctimas consideran que el anuncio llega tarde y que el Ejecutivo fue ambiguo frente a las disidencias, lo que habría permitido a la Segunda Marquetalia recomponer estructuras mientras participaba en escenarios de paz.

Impacto en la campaña de 2026 y en la seguridad política

El asesinato de Miguel Uribe ya había reactivado los fantasmas de la campaña de 1990, marcada por el asesinato de varios candidatos presidenciales, y encendió alertas sobre la protección de quienes compiten por la jefatura del Estado. En la recta decisiva hacia las elecciones de 2026, la confirmación de que una guerrilla estaría detrás del magnicidio alimenta la polarización: los sectores de línea dura reclaman la ruptura inmediata de cualquier negociación con la Segunda Marquetalia, mientras candidatos más moderados abogan por mantener los canales de diálogo pero con condiciones estrictas de cese de hostilidades y sometimiento a la justicia.

La oposición de derecha, especialmente en el entorno del Centro Democrático, interpreta la decisión de la Fiscalía como prueba de que la paz total fracasó en su promesa de desactivar la violencia política. Voceros de ese sector sostienen que la campaña ha debido desarrollarse bajo un esquema de seguridad reforzado, que no se aplicó con suficiente rigor pese a las amenazas previas contra el senador. Desde el oficialismo, en cambio, se insiste en que el magnicidio confirma la necesidad de cerrar definitivamente la confrontación armada, para evitar que actores ilegales sigan usando el miedo como herramienta de incidencia electoral.

Confianza ciudadana y camino judicial

La forma como avance el proceso penal contra Iván Márquez, John 40 y el Zarco Aldinever será determinante para la credibilidad de las instituciones. Las órdenes de captura tienen, por ahora, más peso simbólico que práctico, dado que los tres jefes guerrilleros se encontrarían fuera del alcance inmediato de la fuerza pública, presumiblemente en zonas de difícil acceso o en territorio extranjero. Organizaciones de derechos humanos y analistas advierten que el Estado deberá garantizar transparencia en la presentación de pruebas y evitar que el caso se instrumentalice políticamente, si quiere que el esclarecimiento del crimen se convierta en un punto de inflexión contra la impunidad y no en un nuevo motivo de desconfianza. Mientras tanto, los demás candidatos presidenciales exigen garantías reforzadas de seguridad y un monitoreo más estricto de las amenazas, conscientes de que la estabilidad de la campaña dependerá de que tragedias como la de Miguel Uribe no se repitan.