Bloqueos de taxistas en Bogotá y paro campesino tensan la movilidad y la agenda de Petro

Una jornada de bloqueos encadenados

Colombia vivió una jornada de alto voltaje social y logístico con dos protestas que se retroalimentaron en el terreno político. En Bogotá, taxistas bloquearon de manera intermitente uno de los accesos al aeropuerto El Dorado por segundo día consecutivo, mientras en varias regiones del país campesinos y otros sectores adelantaban un paro nacional contra el aumento de los avalúos catastrales rurales. La combinación de ambos movimientos dejó corredores claves colapsados, afectó la operación de aeropuertos regionales y tensó la capacidad de respuesta de las autoridades locales y del Gobierno central.

El pulso de los taxistas en El Dorado

El foco urbano del conflicto se concentró en el occidente de Bogotá. Tras los disturbios de la noche anterior, cuando la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden dispersó con gases y aturdidoras a los manifestantes que bloqueaban la plataforma y el carril exclusivo de taxis en El Dorado, un grupo de conductores regresó a primera hora para mantener el bloqueo parcial de la vía de acceso.

La protesta se dirige contra la nueva gerencia de Taxi Imperial, empresa autorizada para operar el servicio de taxis en el aeropuerto. Los conductores denuncian que bajo la dirección de Julio Jiménez se ampliaron los servicios con vehículos de placa blanca, se impusieron controles y sanciones que consideran arbitrarios y, sobre todo, se difundieron declaraciones que los asocian con delincuencia y mal servicio, lo que interpretan como un intento de desprestigiarlos frente a los usuarios.

Presionada por el bloqueo y la imposibilidad de llegar a un acuerdo en la madrugada, la empresa anunció la renuncia de Jiménez y la instalación de una mesa de diálogo con delegados de los taxistas y de la Defensoría del Pueblo. El compromiso incluye la retractación formal de las declaraciones cuestionadas y la revisión de la presencia de vehículos de placa blanca en la terminal. El anuncio permitió levantar el bloqueo principal en horas de la tarde, aunque persistieron afectaciones puntuales y una fuerte presencia policial en la zona.

Paro campesino contra el catastro multipropósito

En paralelo, organizaciones campesinas, comités catastrales y colectivos ciudadanos pusieron en marcha un paro nacional contra el incremento de los avalúos rurales. El detonante es la Resolución 2057 de 2025, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que activó un ajuste masivo de los valores catastrales en 527 municipios como parte de la política de catastro multipropósito y del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo.

Los manifestantes denuncian aumentos que en algunos casos superan varias veces el valor anterior del avalúo, con un impacto inmediato en el impuesto predial y en los costos de producción agrícola. Desde primeras horas se reportaron concentraciones y bloqueos intermitentes en vías de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Valle del Cauca, entre otros departamentos, incluidos accesos a cabeceras municipales y a corredores estratégicos. Incluso la Aeronáutica Civil advirtió sobre dificultades de acceso al aeropuerto Palonegro, en Bucaramanga, por cierres asociados al paro campesino, obligando a los viajeros a caminar largos tramos con equipaje.

Respuesta del Gobierno y escenarios abiertos

La Casa de Nariño llegó a esta jornada con el paro anunciado. En un consejo de ministros reciente, Gustavo Petro había alertado que la oposición buscaba convertir el 9 de abril en un paro cívico nacional con el catastro como pretexto, y defendió que el catastro multipropósito es un compromiso del Acuerdo de Paz diseñado para que paguen más los grandes terratenientes, no los pequeños campesinos.

El Ministerio del Interior y la dirección del IGAC reiteraron en los últimos días que la entidad solo fija los avalúos y que son los concejos municipales los que determinan tarifas y alivios del impuesto predial, al tiempo que llamaron a “no instrumentalizar” a las comunidades rurales. Paralelamente, se ofrecieron mesas técnicas para revisar casos extremos y escalonar los incrementos, pero las organizaciones movilizadas consideran insuficientes las garantías y exigen suspender la resolución y replantear la política.

En Bogotá, la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad activaron planes de contingencia para mitigar el impacto del bloqueo de taxistas, con desvíos, refuerzos en transporte público y recomendaciones de llegar con horas de anticipación al aeropuerto, mientras la Policía mantuvo dispositivos de control para evitar nuevos disturbios. En las regiones, gobernaciones y alcaldías negociaron aperturas parciales y corredores humanitarios para el paso de alimentos y emergencias. Aunque la mayoría de los bloqueos se planteó como pacífica, la posibilidad de choques con la fuerza pública y de un escalamiento del paro mantiene en vilo al Gobierno, que enfrenta el reto de conjugar orden público, derecho a la protesta y manejo de una reforma catastral que ha tocado fibras profundas en el campo colombiano.