Venezuela abre su subsuelo al capital extranjero: la nueva ley de minas que reordena el poder sobre el oro y los minerales estratégicos

Resumen

El Parlamento venezolano aprobó una nueva ley de minas que deroga la normativa heredada del chavismo y abre la explotación del subsuelo a consorcios privados y extranjeros, manteniendo la propiedad estatal de los yacimientos pero ampliando plazos y garantías para los inversionistas. La norma incluye oro y “minerales estratégicos”, fija concesiones de hasta 30 años prorrogables, un techo de regalías del 13 % y mecanismos de mediación y arbitraje que buscan disipar el recuerdo de expropiaciones pasadas. Organizaciones ambientales, expertos y comunidades indígenas alertan que la apertura podría profundizar la devastación en el Arco Minero del Orinoco y agravar violaciones de derechos humanos, mientras Estados Unidos y China compiten por posicionarse en un mapa de recursos clave para la transición energética y la industria tecnológica.

Una ley que marca ruptura con el modelo minero chavista

La Asamblea Nacional venezolana, dominada por el oficialismo, aprobó una nueva ley de minas que deroga el marco jurídico vigente desde 2013 y pone fin al monopolio práctico del Estado sobre la explotación de minerales. La norma, de 131 artículos, permite que empresas y consorcios nacionales o extranjeros, públicos o privados, participen directamente en la exploración y explotación de yacimientos, mientras el Estado conserva la propiedad de los recursos del subsuelo.

El texto se aprueba tras semanas de debate y varias sesiones diferidas, y se inscribe en una agenda de reformas económicas que ya abrió el sector de hidrocarburos a mayores cuotas de capital privado. La votación fue unánime, en un Parlamento alineado con el gobierno interino de Delcy Rodríguez y bajo la presión de asegurar divisas rápidas en un país devastado por años de recesión, sanciones y colapso petrolero.

Minerales incluidos y arquitectura de las concesiones

La ley autoriza la explotación de oro y “minerales estratégicos”, una categoría que abarca tierras raras, bauxita, hierro, carbón, cobre, níquel y coltán, entre otros insumos clave para la industria tecnológica y la transición energética. Las concesiones podrán durar hasta 30 años, con posibilidad de dos prórrogas sucesivas de diez años cada una, lo que en la práctica permite proyectos de medio siglo.

En materia fiscal, se fija un techo de regalías del 13 % sobre la producción bruta calculada al valor comercial del producto final, con margen para que el Ejecutivo module las tasas dentro de ese límite. El Estado podrá cobrar en dinero o en especie. El Banco Central de Venezuela obtiene un derecho preferente de compra sobre el oro recién extraído durante los primeros días posteriores a su producción, con el objetivo de reforzar reservas internacionales y controlar los flujos del metal.

La norma incorpora, además, mecanismos de mediación y arbitraje –incluida la posibilidad de acudir a instancias internacionales– para resolver controversias entre el Estado y los operadores, una demanda recurrente de los inversionistas tras las expropiaciones y confiscaciones de la última década.

Garantías al capital y giro geopolítico

El gobierno presenta la ley como pieza central de una estrategia para diversificar una economía dependiente del petróleo y atraer miles de millones de dólares en inversiones mineras en los próximos años. Proyecciones citadas por analistas contemplan ingresos anuales del orden de varios miles de millones de dólares hacia 2036 si se logra formalizar la producción y reducir el peso de la minería ilegal.

La aprobación llega después de visitas de altos funcionarios estadounidenses y delegaciones de ejecutivos mineros a Caracas, donde se han discutido oportunidades de negocio en oro y minerales críticos. Washington busca reducir su dependencia de las cadenas de suministro dominadas por China, que en la última década había profundizado su presencia financiera y extractiva en Venezuela. La nueva ley reequilibra ese tablero al dar señales claras de apertura a compañías de Estados Unidos, sin cerrar la puerta a actores chinos interesados en consolidar posiciones en el Arco Minero del Orinoco.

Arco Minero, pueblos indígenas y riesgos ambientales

Los mayores yacimientos se concentran en el Arco Minero del Orinoco, una franja de más de 100.000 kilómetros cuadrados en el sur del país, donde la expansión de la minería –legal e ilegal– ha sido asociada a deforestación acelerada, contaminación de ríos con mercurio y violencia sistemática. Informes de organismos internacionales y organizaciones ambientales han documentado trabajo forzado, esclavitud moderna y homicidios, así como la presencia de grupos armados y redes criminales que disputan el control de las minas con sectores de las fuerzas de seguridad.

Ante la nueva ley, ONG ambientalistas y de derechos humanos advierten que la apertura al gran capital, sin salvaguardas robustas, corre el riesgo de consolidar ese modelo en lugar de corregirlo. Señalan vacíos en los mecanismos de supervisión independiente, en las evaluaciones de impacto acumulativo y en la transparencia de los contratos. También cuestionan que se priorice la estabilidad para los inversionistas sin fortalecer en la misma medida la protección de ecosistemas frágiles y de las comunidades que habitan la Amazonia venezolana.

Representantes indígenas denuncian que las consultas previas han sido insuficientes o meramente formales y temen una ampliación de concesiones sobre territorios ancestrales ya afectados por la minería ilegal. Alertan sobre el aumento de enfermedades, desplazamientos forzados y pérdida de medios de vida tradicionales si se profundiza la explotación sin asegurar su consentimiento libre e informado y sin mecanismos efectivos de reparación.

Una apuesta de alto riesgo

Economistas coinciden en que Venezuela necesita diversificar fuentes de ingreso y recuperar sectores distintos al petróleo, y reconocen que la ley introduce elementos de seguridad jurídica inexistentes en el pasado reciente. Pero advierten que, en ausencia de instituciones sólidas, el arbitraje independiente y las garantías contractuales podrían convivir con la captura de rentas por élites políticas y grupos armados, reproduciendo la lógica extractivista que se pretende superar.

El resultado dependerá de la capacidad del Estado para imponer reglas en zonas hoy controladas por actores ilegales, de la transparencia con que se adjudiquen las concesiones y de la presión de socios externos para vincular la inversión a estándares ambientales y de derechos humanos. La nueva ley de minas inaugura una etapa de apertura sin precedentes; está por verse si significará una salida sostenible de la crisis o una profundización de los conflictos en torno al oro y los minerales estratégicos de Venezuela.

La nueva ley de minas aprobada por la Asamblea Nacional venezolana abre de forma inédita la explotación de oro y minerales estratégicos a capital privado y extranjero, en línea con la reciente reforma petrolera. La norma, de 131 artículos, mantiene la propiedad estatal del subsuelo pero permite que empresas nacionales y foráneas obtengan concesiones de hasta 30 años, prorrogables dos veces por diez años, con un tope de regalías de 13 % sobre el valor del mineral y derecho preferente del banco central para comprar el oro. Incluye cláusulas de mediación y arbitraje internacional destinadas a ofrecer seguridad jurídica tras décadas de expropiaciones. De acuerdo con documentos parlamentarios y reportes de prensa internacional, la aprobación se da en un contexto de acercamiento acelerado entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y Estados Unidos, con visitas de altos funcionarios y ejecutivos mineros interesados en el oro, las tierras raras y otros minerales críticos. Expertos y organizaciones ambientales advierten que, sin controles estrictos, la formalización puede legitimar la expansión de operaciones en el Arco Minero del Orinoco, una región ya asociada a deforestación masiva, contaminación y graves abusos contra pueblos indígenas.