México cierra la investigación contra La Luz del Mundo y reaviva el debate sobre impunidad

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó recientemente que determinó el “no ejercicio de la acción penal” en la investigación que mantenía desde 2019 sobre los líderes de la iglesia La Luz del Mundo. El acuerdo, notificado a denunciantes y filtrado a la prensa, se limita a consignar la decisión de archivar la causa sin hacer públicos los argumentos técnicos que la sustentan, pese a que en la mira estaban el líder espiritual Naasón Joaquín García, varios familiares, ministros de alto rango y políticos cercanos a la congregación.

La carpeta de investigación se abrió poco después de la detención de Naasón Joaquín en Los Ángeles, en 2019, acusado de abuso sexual infantil, trata de personas y pornografía infantil. El líder de la megai­glesia fue finalmente sentenciado a 16 años y ocho meses de prisión tras admitir cargos de abuso sexual de menores en California y, más tarde, quedó imputado en Estados Unidos por un caso federal más amplio de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil que lo podría mantener en prisión de por vida.

En paralelo, la FGR y la entonces Policía Federal desarrollaron en México una investigación que incluyó operativos encubiertos en la colonia Hermosa Provincia, sede de la iglesia en Guadalajara, para documentar presuntos abusos en casas y templos vinculados a la cúpula. Los agentes también intentaron ubicar a jóvenes identificadas como “doncellas” del líder, una de las cuales relató haber sido “esclava sexual” antes de ser rescatada por autoridades estadounidenses.

La vertiente financiera del expediente se apoyó en el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, que en 2020 congeló cuentas ligadas a la congregación con casi 20 millones de dólares, al detectar transferencias incompatibles con actividades religiosas, compras de propiedades y vehículos blindados, así como un nivel de gasto personal de Naasón superior a sus ingresos declarados. Esa investigación también fue finalmente archivada.

Para las víctimas, el cierre de la causa penal en México es vivido como una segunda agresión. La exfiel Sochil Martin —quien declaró ante la fiscalía bajo seudónimo y denunció abusos de Naasón y de su padre, el anterior apóstol Samuel Joaquín— fue notificada a inicios de año de que el caso se había cerrado desde diciembre. Ha descrito sentirse revictimizada y sin confianza en la autoridad, pero al mismo tiempo ha impugnado legalmente la determinación junto con su esposo, a la espera de que un tribunal federal revise la actuación ministerial.

Organizaciones de derechos humanos, que llevan años documentando patrones de impunidad en delitos sexuales y violencia de género, ven en este desenlace un ejemplo más del uso discrecional de la figura de “no ejercicio de la acción penal”, prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales para casos en que se considera que el hecho no es delito, que la acción prescribió o que no hay elementos suficientes. Informes de instancias internacionales y de organismos nacionales han advertido que su aplicación masiva en México contribuye a la impunidad estructural.

La historia de La Luz del Mundo está marcada por denuncias recurrentes de abusos sexuales desde su fundador, Aarón Joaquín, pasando por Samuel Joaquín y hasta Naasón, sin que los jerarcas hayan enfrentado a la justicia mexicana. A ello se suma la consolidación de un brazo político: legisladores y cuadros vinculados a la iglesia han llegado a cargos por el partido gobernante y por agrupaciones satélite, y en 2019 fue posible incluso organizar en el Palacio de Bellas Artes un homenaje oficial al líder hoy preso, con participación de funcionarios y de la orquesta de la Marina.

La decisión de la FGR, adoptada sin transparencia ni una explicación convincente de por qué, tras años de trabajo, no habría materia para judicializar el caso, profundiza las dudas sobre la capacidad del Estado mexicano para investigar a actores con poder económico, religioso y político. Para las víctimas, el mensaje es claro: si ni siquiera un caso con condenas firmes en el extranjero y un amplio expediente de abusos logra llegar ante un juez en México, la promesa de combate a la impunidad sigue siendo, en buena medida, una promesa incumplida.