Venezuela reconfigura su Tribunal Supremo: cirugía de poder en pleno giro internacional

Una comisión que abre la puerta a una “cirugía mayor”

La Asamblea Nacional venezolana, dominada por el chavismo, aprobó este martes la creación de la comisión preliminar que dará paso al Comité de Postulaciones Judiciales, órgano encargado de recibir y filtrar las candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Fuentes parlamentarias dan por hecho que el proceso desembocará en la sustitución de la mayoría de los magistrados, mediante un uso extensivo de la figura de la jubilación y otras salidas administrativas, con el objetivo de renovar cerca de dos tercios de la cúpula judicial.

El procedimiento sigue los cauces previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica del TSJ, que otorgan a la Asamblea la competencia para designar a los magistrados tras la preselección realizada por el Comité de Postulaciones. Sin embargo, la magnitud del recambio y el momento político —con un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez que busca consolidar su propio equilibrio interno— convierten esta operación en algo más que un simple ajuste institucional.

Un poder clave para sostener al chavismo

Desde los primeros años del chavismo, el TSJ ha sido pieza central en la arquitectura de poder. Reformas legales y designaciones aceleradas ampliaron el número de magistrados y llenaron las salas de figuras afines al oficialismo. En 2015, una Asamblea saliente, aún controlada por el chavismo, nombró de forma exprés a decenas de magistrados cuyos requisitos y procedimientos fueron cuestionados por juristas y posteriormente revisados por comisiones parlamentarias.

A partir de 2016, el Tribunal dictó decisiones que dejaron sin efecto a la Asamblea de mayoría opositora y allanaron el camino para la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente, consolidando la concentración de poder en el Ejecutivo. Organismos internacionales y ONG nacionales han señalado desde entonces la falta de independencia del TSJ, su rol en la criminalización de la disidencia y su uso como escudo frente a denuncias de violaciones de derechos humanos.

La larga sombra de Cilia Flores

En ese entramado, Cilia Flores, esposa del expresidente Nicolás Maduro, ha sido descrita como una operadora clave del aparato judicial. Ex presidenta de la Asamblea Nacional y figura influyente en el Partido Socialista Unido de Venezuela, su nombre aparece asociado a la promoción de magistrados leales y a la conformación de redes familiares y políticas en el TSJ y en la Fiscalía General. Investigaciones recientes le atribuyen un papel directo en la selección de jueces y en el ascenso del actual fiscal general.

La “cirugía mayor” al Supremo es leída por diversas fuentes como un intento del nuevo equilibrio de poder de reducir la gravitación de ese bloque, heredado del madurismo, dentro de la estructura judicial. La vía de la jubilación masiva permite, además, minimizar el costo político de destituciones abiertas y presentar la operación como un relevo generacional.

Señales hacia la comunidad internacional

La renovación del TSJ se produce mientras el gobierno impulsa una ley de amnistía y una comisión de seguimiento que ya ha procesado miles de solicitudes de excarcelación de personas vinculadas a causas políticas, en respuesta a exigencias de organizaciones de derechos humanos y del sistema internacional. Paralelamente, Caracas busca normalizar relaciones con socios occidentales, reactivar el acceso a financiamiento multilateral y ofrecer mayores garantías jurídicas a inversionistas petroleros y mineros.

En ese contexto, un TSJ percibido como menos sometido a intereses particulares es una ficha importante para convencer a organismos financieros y gobiernos de que los acuerdos que se firmen —desde reestructuraciones de deuda hasta contratos energéticos— tendrán algún tipo de resguardo institucional.

Reforma real o redistribución de cuotas

La incógnita central es si la reconfiguración del TSJ implicará un cambio sustantivo en la independencia judicial o solo una redistribución de cuotas dentro del mismo proyecto político. Expertos recuerdan que la ley prevé participación de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones, pero advierten que la selección final depende de un Parlamento totalmente controlado por el oficialismo.

La composición del nuevo Supremo, los perfiles escogidos y, sobre todo, sus primeras decisiones en causas sensibles —desde juicios a opositores hasta casos de corrupción y violaciones de derechos humanos— serán la verdadera prueba de si Venezuela está iniciando una transición hacia un sistema de justicia más autónomo o si, una vez más, el máximo tribunal seguirá siendo el espejo jurídico de las luchas internas del chavismo.