Colombia fuerza el traslado de 7.000 millones de dólares a Colpensiones y desata un choque pensional y fiscal

Qué ordena el decreto y de dónde salen los 7.000 millones de dólares

El Decreto 0415 de 2026 ordena a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) trasladar a Colpensiones aproximadamente 25 billones de pesos, equivalentes a unos 7.000 millones de dólares, en un plazo cercano a 30 días. Se trata de los ahorros acumulados en las cuentas individuales de más de 119.000 afiliados que, al amparo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, se cambiaron del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM).

La reforma pensional permitió ese traslado para trabajadores próximos a jubilarse. Muchos ya reciben mesada de Colpensiones, pero sus recursos seguían invertidos en los portafolios de las AFP. El decreto busca forzar el giro total de esos saldos, incluidos rendimientos, hacia el fondo común que administra la entidad pública.

A quiénes afecta y cómo se ejecuta el traslado

La medida impacta, en primer lugar, a quienes ya consolidaron el derecho a la pensión en Colpensiones tras migrar desde los fondos privados, así como a decenas de miles de afiliados que se trasladaron pero aún no cumplen los requisitos para jubilarse. Para ambos grupos, los recursos dejarán de estar en cuentas individuales administradas por las AFP y pasarán a formar parte del fondo común del régimen público.

El decreto fija un cronograma acelerado: las AFP deben transferir la mitad de los recursos en los primeros 20 días hábiles y el resto en los 10 días siguientes. Solo se pueden usar efectivo, Títulos de Tesorería (TES) clase B y otros títulos de deuda permitidos por el régimen de inversión de Colpensiones, valorados a precios de mercado. En la práctica, esto obliga a reacomodar rápidamente los portafolios más conservadores de los fondos privados.

Argumentos oficiales: sostenibilidad y cierre del “descalce financiero”

El Gobierno sostiene que Colpensiones está asumiendo obligaciones crecientes sin contar con los activos correspondientes, lo que genera un “descalce financiero” contrario al principio constitucional de sostenibilidad. Cifras oficiales citadas en el decreto indican que la nómina de pensiones de la entidad superó los 55 billones de pesos en 2024, de los cuales más de 15 billones provinieron de traslados desde las AFP.

Para el Ejecutivo, mantener esos recursos en los fondos privados, mientras Colpensiones asume el riesgo de longevidad, invalidez y sobrevivencia de los afiliados trasladados, es insostenible. La orden de traslado se presenta como un paso necesario para llevar a la práctica la reforma pensional y garantizar el pago oportuno de mesadas actuales y futuras.

Críticas de AFP, órganos de control y riesgos de mercado

Asofondos ha cuestionado la medida al considerar que no existe base jurídica suficiente para exigir el traslado total, especialmente de quienes aún no se han pensionado, y advierte que el espíritu de la reforma era que esos ahorros fueran al futuro Fondo de Ahorro administrado por el Banco de la República, no directamente a Colpensiones.

El Banco de la República y la Contraloría han manifestado reparos en documentos recientes: alertan que mover anticipadamente los recursos puede contradecir lo aprobado en la reforma, que el Fondo de Ahorro aún no opera y que usar saldos de trabajadores activos para cubrir mesadas presentes implica transformar ahorro previsional en gasto corriente.

En el frente financiero, analistas advierten que una venta acelerada de activos por parte de las AFP, o un fuerte reacomodo hacia TES, podría presionar las tasas de la deuda pública, aumentar la volatilidad en el mercado de renta fija y enviar señales de injerencia política en el ahorro de largo plazo, con impacto en la confianza de inversionistas locales y extranjeros.

Respaldo sindical y debate jurídico y político abierto

Centrales sindicales y sectores afines al Gobierno celebran el decreto como un triunfo del pilar público sobre el modelo de capitalización individual, al considerar que protege a los afiliados cercanos a la jubilación de la volatilidad de los mercados y refuerza el carácter solidario del sistema.

Sin embargo, el traslado masivo se apoya en una reforma cuya constitucionalidad aún no está plenamente despejada, pues la Corte Constitucional suspendió buena parte de sus artículos y solo mantiene vigente la ventana de traslado de régimen. Ese vacío abre la puerta a demandas que podrían terminar dirimiéndose en los tribunales, mientras la oposición denuncia una “estatización forzosa” del ahorro pensional y los mercados observan cómo el Estado asume, en tiempo récord, la administración de un volumen inédito de recursos clave para el futuro fiscal del país.