Carro bomba en la Panamericana: Cajibío expone la fragilidad de la “paz total” en el Cauca

La tarde del 25 de abril, el ruido de los motores en la vía Panamericana fue sustituido por una explosión que partió en dos la rutina de Cajibío. En el sector conocido como El Túnel, un cilindro cargado con explosivos impactó un bus intermunicipal y alcanzó a otros vehículos detenidos por hombres armados que habrían obligado a frenar el tráfico. El saldo, que en un inicio se contó en siete muertos, aumentó rápidamente hasta alcanzar por lo menos 20 fallecidos y más de 35 heridos, la mayoría civiles. La carretera quedó convertida en un campo de chatarra calcinada y cuerpos cubiertos con mantas, mientras ambulancias improvisadas trasladaban heridos a hospitales saturados en Popayán y otros municipios.

Un ataque en medio de una ola de violencia

El atentado no fue un hecho aislado. En las 48 horas previas y posteriores, el Ejército registró al menos 17 ataques en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, que incluyeron explosivos lanzados con drones, hostigamientos a bases militares y ataques a vehículos civiles, todos atribuidos principalmente a estructuras del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, bajo el mando de Iván Mordisco. En Cajibío, las autoridades señalan de manera específica a la columna Jaime Martínez y a uno de sus mandos, conocido como alias Marlon, como responsables del bombardeo contra el bus.

La región del Cauca, estratégica por sus corredores hacia el Pacífico y por la presencia de cultivos de coca y minería ilegal, se ha convertido en un escenario clave de disputa entre estas disidencias y el Estado. La capacidad demostrada para combinar explosivos de alto poder con tácticas de bloqueo de carreteras y ataques simultáneos aumenta la sensación de vulnerabilidad en municipios donde la presencia institucional es históricamente frágil.

De atentado a masacre: el patrón de 2026

Organizaciones como Indepaz clasificaron el ataque en Cajibío como la masacre número 47 de 2026, al tratarse de un hecho en el que varios civiles fueron asesinados en un mismo lugar y de manera simultánea. La cifra ilustra un patrón: lejos de disminuir, los asesinatos colectivos se han mantenido o incrementado en zonas rurales donde confluyen economías ilegales, disputas territoriales y presencia limitada del Estado.

En el suroccidente del país, Cauca concentra una proporción significativa de estos casos, con comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas atrapadas entre el control armado de las disidencias, las operaciones militares y la precariedad de la justicia. El atentado de Cajibío encaja en esa lógica de castigo colectivo y mensaje territorial, ahora amplificado por el uso de un corredor vial central para el comercio y la movilidad nacional.

La respuesta del Gobierno y la paz bajo presión

Tras la explosión, el Gobierno nacional y las autoridades locales convocaron consejos extraordinarios de seguridad, anunciaron una ofensiva militar focalizada en contra de las estructuras responsables y reforzaron la presencia de tropas en el corredor Cali–Popayán–Pasto y en áreas rurales del Cauca. En Popayán se declararon medidas como ley seca, restricciones al uso de motocicletas, prohibición de eventos masivos y un sistema de recompensas para quienes aporten información sobre los autores del ataque.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo insiste en que la estrategia de “paz total” sigue siendo el horizonte, pero condiciona los diálogos con el Estado Mayor Central al cese de ataques contra la población civil y la infraestructura. Analistas han señalado que grupos como el de Iván Mordisco utilizan este tipo de atentados para demostrar capacidad de daño y ganar poder de negociación frente a cualquier futuro proceso de conversaciones, lo que alimenta la crítica de quienes consideran fallida la apuesta por múltiples ceses al fuego sin un control efectivo del territorio.

Comunidades entre el miedo y la desconfianza

Mientras el Gobierno define su combinación de ofensiva militar y puertas entreabiertas al diálogo, las comunidades del Cauca lidian con consecuencias inmediatas: familias enteras en duelo, campesinos que no pudieron sacar sus productos por el cierre de la Panamericana, estudiantes y pacientes que quedaron varados, pequeños negocios que dependen del tránsito de la carretera y que ahora temen nuevos ataques.

En varias veredas y cascos urbanos, líderes sociales describen un sentimiento de abandono. Por un lado, perciben que el Estado llega sobre todo mediante operaciones militares que no siempre se traducen en protección cotidiana ni en presencia de justicia, salud o educación. Por el otro, los grupos armados imponen toques de queda, cobros extorsivos y reclutamiento, con poca capacidad de respuesta institucional. La confianza ciudadana se erosiona cuando, pese a reiterados anuncios de planes de seguridad y negociaciones, hechos como el de Cajibío siguen ocurriendo en uno de los corredores más vigilados del país. La masacre, más que una excepción, es leída en la región como el síntoma de una política de paz que no ha logrado traducirse en garantías reales de no repetición.