Cinco días de terror en el suroccidente: Cauca sitiado reaviva la crisis de la paz total

En apenas cinco días, el corredor que une Cali con Popayán y el sur del país pasó de ser una arteria comercial bulliciosa a un territorio bajo zozobra y control militar. El atentado con cilindros bomba del sábado en Cajibío, que dejó alrededor de una veintena de civiles muertos y decenas de heridos al impactar un bus intermunicipal y otros vehículos en la vía Panamericana, marcó el inicio de una nueva escalada de violencia. Tres días después, un vehículo tipo furgón —o tractocamión, según distintos reportes— fue detonado en el sector de La Agustina, en zona rural de Santander de Quilichao, obligando al cierre del mismo corredor y alimentando el temor de que el suroccidente vuelva a convertirse en frente principal del conflicto armado.

Disidencias en ofensiva y paz total en entredicho

Las autoridades atribuyen ambos ataques a la columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central, la principal disidencia de las antiguas FARC en la región. Este grupo, que controla corredores del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, había participado en los diálogos de la política de “paz total”, pero retomó los atentados masivos tras la ruptura de los ceses al fuego. Voceros de la estructura han intentado presentar la masacre de Cajibío como un “error” y sostienen que el blanco eran unidades militares, no civiles, un argumento que organismos de derechos humanos y analistas rechazan por tratarse de un ataque indiscriminado contra población desarmada.

Militarización, capturas y límites del control estatal

Como respuesta, el Gobierno ordenó la militarización reforzada de la vía Panamericana y de otros corredores estratégicos entre Cauca y Valle del Cauca, con patrullajes permanentes, puestos de control mixtos de Ejército y Policía y sobrevuelos de helicópteros. También anunció el envío de refuerzos a Popayán, Santander de Quilichao, Jamundí y otros municipios críticos, así como la instalación de un puesto de mando unificado para coordinar inteligencia y reacción rápida. En paralelo, las fuerzas de seguridad reportaron la captura en zona rural de Palmira de un presunto cabecilla conocido como alias “Mi Pez”, señalado como uno de los responsables del atentado de Cajibío, en un intento de mostrar resultados concretos frente a la indignación nacional.

Sin embargo, los hechos de estos días evidencian los límites de esa respuesta. Pese a los anuncios oficiales, las disidencias han demostrado capacidad para golpear de manera casi simultánea varios puntos del suroccidente, alternando ataques a la infraestructura vial con hostigamientos a estaciones de Policía y acciones de intimidación contra comunidades rurales. La presencia militar reactiva, concentrada en las carreteras tras cada explosión, contrasta con la fragilidad del control del Estado en las veredas, donde persisten economías ilegales, reclutamiento de jóvenes y disputas armadas que la “paz total” no ha logrado desactivar.

Comunidades atrapadas y una economía al borde del colapso

Para las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que habitan el norte del Cauca y el sur del Valle, la violencia de estos días no es un episodio aislado, sino la continuidad de un conflicto que se recicla. El cierre recurrente de la Panamericana interrumpe el transporte de alimentos, combustibles y suministros médicos, encarece los productos básicos y golpea de manera desproporcionada a pequeños productores que no pueden sacar sus cosechas. Transportadores y comerciantes reportan pérdidas millonarias, mientras hoteles, restaurantes y servicios asociados al turismo en Popayán y municipios vecinos registran cancelaciones masivas ante el miedo a quedar atrapados en medio de un nuevo atentado o un bloqueo armado. En este contexto, la “paz total” luce más lejana y la capacidad real del Estado vuelve a ser cuestionada.