Fiscalía y Corte Suprema se cruzan por capturas del Clan del Golfo y ponen a prueba la ‘paz total’

La decisión de la Fiscalía General de la Nación de mantener vigentes las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, incluido alias ‘Chiquito Malo’, tensó de nuevo la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y los órganos de justicia. El Ejecutivo había solicitado suspender temporalmente esas órdenes —incluidas las de extradición— para facilitar el traslado de los jefes de la organización a Zonas de Ubicación Temporal en Córdoba y Chocó, paso previo a una mesa formal en el marco de la política de “paz total”. La fiscal general, sin embargo, condicionó cualquier alivio a la verificación caso por caso de identidad, situación jurídica y nivel de responsabilidad de los integrantes listados.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia anunció que examinará la solicitud del gobierno para suspender específicamente la orden de captura contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, máximo jefe del Clan del Golfo y figura central de la operación. El alto tribunal ya había emitido en 2025 un concepto favorable para su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y terrorismo, lo que ahora obliga a ponderar el deber de cooperación internacional frente a la estrategia interna de desescalamiento del conflicto.

Un pulso jurídico en medio de la “paz total”

La petición del gobierno se ampara en la Ley de “paz total” y en una resolución reciente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que autorizó el desplazamiento preparatorio de 29 miembros del Clan del Golfo hacia zonas controladas, con acompañamiento estatal, para facilitar su tránsito hacia eventuales acuerdos de sometimiento. La Fiscalía respondió que la suspensión de órdenes de captura no puede operar de manera automática ni generalizada y que, tratándose de máximos responsables y personas con solicitudes de extradición vigentes, el estándar de control debe ser más estricto. Desde el Ejecutivo se insiste, en cambio, en que la ley ya define el marco para estas suspensiones y que la discrecionalidad del ente acusador no puede vaciar la apuesta del gobierno por cesar la violencia territorial.

¿Quién es alias ‘Chiquito Malo’?

‘Chiquito Malo’ emergió como uno de los principales mandos del Clan del Golfo tras la captura de alias ‘Otoniel’, consolidando el control de rutas de narcotráfico desde el Urabá hacia Centroamérica y Estados Unidos. Informes judiciales lo ubican como cabeza del llamado Ejército Gaitanista de Colombia, con presencia en múltiples departamentos y capacidad para coordinar ataques armados, extorsiones y control de economías ilegales. En Estados Unidos enfrenta una acusación ampliada que lo señala como líder de una organización considerada terrorista, responsable de exportar toneladas de cocaína y de ordenar acciones violentas contra fuerzas de seguridad y comunidades.

Reacciones y efectos políticos

Magistrados consultados de manera reservada señalan que el caso pone a prueba la frontera entre los compromisos de paz y la obligación de investigar y juzgar a los máximos responsables de crímenes graves. Para algunos, conceder la suspensión de capturas a un jefe con concepto de extradición favorable enviaría una señal equivocada a las víctimas y a los socios internacionales; para otros, negarla sin un análisis de contexto podría frustrar una oportunidad de reducción real de la violencia regional.

Desde el Ejecutivo, el comisionado de Paz ha recalcado que sin garantías jurídicas mínimas para los negociadores es inviable que el clan asuma riesgos políticos y personales, y advierte que frenar el proceso fortalecería a las facciones internas más reacias al sometimiento. Penalistas y expertos en procesos de paz consultados coinciden en que la clave está en condicionar cualquier alivio a compromisos verificables de desmantelamiento de estructuras, entrega de bienes y verdad sobre las cadenas del narcotráfico.

En el escenario electoral, los candidatos de oposición han usado el episodio para acusar al gobierno de “negociar con narcotraficantes” y de presionar indebidamente a la justicia, mientras sectores afines al oficialismo denuncian un “cerco judicial” que, a su juicio, limita la capacidad del Ejecutivo para cambiar la política de seguridad. La discusión sobre si la “paz total” implica beneficios excesivos para jefes criminales o si es la única vía para reducir la violencia se ha instalado en los debates y plazas públicas. El desenlace de este pulso entre Fiscalía, Corte Suprema y Gobierno se perfila, así, como un hito que definirá no solo el futuro de los diálogos con el Clan del Golfo, sino también el relato de campaña sobre seguridad, justicia y separación de poderes en la antesala de las presidenciales de 2026.