Denuncia de Iván Cepeda ante la Corte Penal Internacional sacude la segunda vuelta en Colombia

Acusación por vínculos paramilitares contra Abelardo de la Espriella reabre el debate sobre impunidad y justicia internacional

URGENTE
Imagen de la publicación: Denuncia de Iván Cepeda ante la Corte Penal Internacional sacude la segunda vuelta en Colombia

Resumen

El candidato presidencial Iván Cepeda presentó una denuncia penal ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional contra su rival Abelardo de la Espriella por concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito, presuntamente ligados a crímenes de lesa humanidad cometidos por estructuras paramilitares. La acusación se apoya en testimonios de exjefes de las AUC, documentos de justicia transicional y el papel de la fundación Fipaz, y llega a diez días de la segunda vuelta presidencial, añadiendo presión sobre unas instituciones ya tensionadas por los debates sobre impunidad y uso político de la justicia.

Escucha el artículo

Versión en audio

Resumen ampliado en audio

Denuncia de Iván Cepeda ante la Corte Penal Internacional sacude la segunda vuelta en Colombia

La campaña presidencial colombiana entra en su tramo más crítico bajo la sombra de la justicia internacional. El senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y una comunicación ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra su rival, el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, por tres delitos asociados a crímenes de lesa humanidad: concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.

La trama judicial y los presuntos nexos paramilitares

Según la denuncia, el eje de la relación entre De la Espriella y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue la Fundación Iniciativas de Paz (Fipaz), creada a comienzos de los años dos mil. Cepeda sostiene que Fipaz habría sido diseñada junto con jefes paramilitares como Salvatore Mancuso y otros comandantes para ampliar su influencia política en plena desmovilización, seleccionar candidatos al Congreso afines y operar como vehículo de financiación y legitimación social.

El documento presentado detalla seis bloques de hechos: la creación de Fipaz con fines políticos, la designación de congresistas promovidos por las AUC, un supuesto soborno al exparamilitar “Juancho Dique” para silenciar declaraciones, la compra de un predio ligado al entorno del jefe narcoparamilitar conocido como “Comandante Barbie”, la presunta solicitud de grandes sumas de dinero para influir en decisiones judiciales favorables y una participación en el entramado de sobornos para la elección del exfiscal general Mario Iguarán, señalado como garante de impunidad para los jefes paramilitares.

Investigaciones previas sobre la fundación y el entorno empresarial de De la Espriella ya habían dejado rastros incómodos. En un caso relacionado con la disputa por una mina de oro en el sur de Bolívar, una investigación periodística documentó cómo su firma intervino en un escenario marcado por denuncias de despojo y presencia paramilitar; en paralelo, se registró que Fipaz aparecía en contabilidades de las AUC, aunque una investigación por concierto para delinquir y lavado fue archivada tras declaraciones de exjefes paramilitares que lo exoneraban.

Qué puede hacer la Corte Penal Internacional

Colombia es Estado Parte del Estatuto de Roma, por lo que la CPI tiene competencia sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en su territorio o por sus nacionales. Sin embargo, rige el principio de complementariedad: la corte solo interviene cuando la justicia interna es incapaz o poco dispuesta a actuar. La comunicación de Cepeda se suma al historial colombiano ante la CPI, que ya había mantenido durante años un examen preliminar sobre el conflicto armado antes de cerrarlo tras compromisos de cooperación, sin descartar futuras actuaciones si surgen nuevos patrones de impunidad.

En la práctica, la vía internacional recién comienza. La Fiscalía de la CPI deberá evaluar la información recibida, contrastarla con el funcionamiento de la justicia colombiana y decidir si abre un nuevo examen preliminar. Paralelamente, la Fiscalía nacional está llamada a reactivar investigaciones archivadas o inconclusas sobre Fipaz, las relaciones con excomandantes paramilitares y posibles actos de corrupción judicial.

Reacciones y riesgos para la segunda vuelta

La campaña de Cepeda presenta la denuncia como un intento de cerrar un ciclo de impunidad en torno al paramilitarismo y de marcar un contraste ético con su adversario. Organizaciones de víctimas, a las que el candidato llamó explícitamente a “activar todos sus mecanismos” frente a De la Espriella, ven en la reapertura de estos expedientes una oportunidad para que se esclarezcan viejas alianzas entre política, negocios y armas.

El entorno del candidato de derecha, por su parte, ha insistido históricamente en que varias de las investigaciones por nexos con paramilitares han sido archivadas y que testigos claves declararon en su favor, enfatizando la ausencia de condenas en su contra. Esa narrativa se apoya, entre otros antecedentes, en declaraciones de exjefes del Bloque Central Bolívar que negaron haber financiado directamente al abogado, aunque la aparición de Fipaz en registros contables de las AUC nunca quedó plenamente esclarecida.

Expertos en derecho internacional consultados por distintos medios recuerdan que una denuncia ante la CPI, por sí sola, no implica la apertura de un caso, pero advierten que, en medio de una contienda en la que De la Espriella llega con ligera ventaja en encuestas tras la primera vuelta, el solo hecho de internacionalizar las acusaciones puede erosionar la legitimidad de quien resulte elegido y tensionar la relación de Colombia con el tribunal si la justicia interna no ofrece respuestas creíbles.

En un escenario de alta polarización y con la memoria del paramilitarismo aún abierta, el movimiento de Cepeda añade una capa de incertidumbre institucional: obligará al próximo gobierno —sea el suyo o el de su rival— a definir una postura clara frente a la CPI, la justicia transicional y las demandas de verdad y reparación de las víctimas, bajo la mirada atenta de la comunidad internacional.

Análisis y resumen ampliado

La denuncia presentada por Iván Cepeda ante la Fiscalía colombiana y la Corte Penal Internacional imputa a Abelardo de la Espriella los delitos de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito, en el marco de presuntos crímenes de lesa humanidad asociados a las Autodefensas Unidas de Colombia. Los señalamientos describen seis ejes: la creación y uso político de la fundación Fipaz, la selección de congresistas apoyados por paramilitares, sobornos a excombatientes, beneficios patrimoniales derivados del crimen, gestión de sobornos para favorecer sentencias y un rol en la elección del exfiscal Mario Iguarán. La acusación se fundamenta en testimonios de exjefes paramilitares, decisiones judiciales y documentos de la justicia transicional, y se presenta en un contexto electoral polarizado en el que De la Espriella llega a la segunda vuelta como favorito en encuestas.

Fuentes y referencias

Esta publicación no tiene fuentes enlazadas registradas. Si necesitas verificar un dato, contacta con el proyecto y señala el artículo y el dato concreto.

  • Colombia
  • Iván Cepeda
  • Abelardo de la Espriella
  • Corte Penal Internacional
  • paramilitares
  • segunda vuelta
  • elecciones
  • derechos humanos

Reportar un error en esta publicación