Espriella rompe con la “paz total”: anuncia fin de beneficios y retorno de órdenes de captura

El presidente electo Abelardo de la Espriella escogió su primer gran anuncio en materia de seguridad: desmontar la política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro y reactivar las órdenes de captura contra integrantes del ELN, disidencias de las FARC y otras estructuras armadas. El mensaje, difundido tras una reunión con la cúpula militar, marca un viraje abrupto frente a una política que el Congreso había elevado a política de Estado mediante la modificación de la Ley 418, conocida como Ley 2272.

Qué pretende desmontar del andamiaje de la paz total

El núcleo del anuncio apunta a tres piezas del diseño de la paz total. En primer lugar, el presidente electo anticipó que promoverá la derogatoria o reforma profunda de las facultades extraordinarias que permiten al Ejecutivo reconocer “gestores de paz” y suspenderles órdenes de captura o solicitudes de extradición mientras duran los diálogos.

En segundo lugar, Espriella cuestiona los ceses al fuego bilaterales firmados con guerrillas y disidencias, que limitaron la acción ofensiva de la Fuerza Pública en zonas priorizadas. Su equipo habla de sustituirlos por “pausas tácticas estrictamente humanitarias”, sin restricciones amplias a operaciones militares. En tercer lugar, el nuevo gobierno pone en la mira los proyectos de sometimiento a la justicia para bandas criminales, al considerar que enviaron señales equivocadas a economías ilegales.

La respuesta del gobierno saliente y el marco jurídico

Desde Roma, el presidente Gustavo Petro defendió la paz total como un esfuerzo por integrar transformación social en territorios golpeados, implementación del Acuerdo de 2016 y negociación política con todos los actores armados. Voceros de la Casa de Nariño recuerdan que la legislación vigente define la paz como política de Estado, respaldada además por resoluciones y reportes ante Naciones Unidas, y advierten que revertirla sin consenso podría abrir controversias constitucionales.

El Ejecutivo saliente reprocha que se anuncie el regreso masivo de órdenes de captura sin un plan claro de protección a comunidades, en un contexto de crisis humanitaria persistente en regiones como el Catatumbo.

Comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos

Delegaciones de países que acompañaron los diálogos con el ELN y las disidencias expresan preocupación por el impacto de la ruptura en la confianza acumulada, pero al mismo tiempo insisten en que cualquier negociación futura debe traducirse en reducciones reales de violencia, algo que muchos territorios no han sentido.

Organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales señalan que el mayor riesgo es una transición brusca: levantar ceses al fuego, reactivar capturas y endurecer operaciones sin ampliar la presencia civil del Estado, la justicia y los servicios básicos. En zonas donde los grupos armados han incorporado drones explosivos a sus arsenales, advierten, un aumento de la confrontación puede multiplicar los daños colaterales sobre población campesina, indígena y afrodescendiente.

Diálogos en vilo y seguridad en territorios bajo fuego de drones

El giro anunciado deja en suspenso las mesas con sectores del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, así como eventuales acercamientos con estructuras ligadas al narcotráfico. Analistas consultados coinciden en que la reactivación de órdenes de captura contra negociadores puede llevar a los grupos a replegarse o a intentar demostrar fuerza mediante atentados.

En departamentos como Cauca, Chocó y Norte de Santander, donde se ha documentado una escalada de ataques con drones contra bases militares, estaciones de policía y cascos urbanos, el nuevo enfoque promete más operaciones y tecnología antidrones. Pero la pregunta de fondo es si un énfasis casi exclusivo en la respuesta armada, sin mantener canales de diálogo ni agendas de desarrollo local, reducirá realmente la capacidad de fuego de ELN y disidencias o reproducirá ciclos conocidos de retaliaciones, desplazamientos masivos y control territorial armado.

El próximo gobierno se estrena así con una promesa de autoridad y mano firme, pero también con la responsabilidad de evitar que el fin de la paz total se traduzca en una paz aún más lejana en los territorios.