Venezuela eleva a 3.800 los muertos por los terremotos y encara una reconstrucción bajo presión

El doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela hace dos semanas sigue reconfigurando el mapa humano y político del país. El balance oficial más reciente eleva a 3.811 las personas fallecidas y mantiene en 16.740 las heridas, mientras el presidente del Parlamento cifra en 17.907 los habitantes que han perdido su vivienda y en 856 los edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron por completo. El salto respecto a recuentos anteriores, que hablaban de algo más de 2.200 muertos, se explica por la recuperación de cuerpos entre los escombros y por la consolidación de registros en zonas donde las comunicaciones estuvieron cortadas durante días.

La Guaira: servicios que vuelven, vidas en suspenso

La Guaira concentra la mayor devastación. Allí, el Gobierno asegura haber restablecido el 96 % del servicio eléctrico —tras reparar 21 subestaciones— y el 84 % de la distribución de agua, con camiones cisterna para las áreas colapsadas. Sin embargo, informes humanitarios describen a miles de personas durmiendo en estadios y polideportivos, como el César Nieves o el José María Vargas, en refugios de lona y literas donde aún faltan duchas adecuadas, gestión de residuos y agua potable suficiente.

A escala nacional, el Ministerio de Educación reporta 16.686 personas alojadas en 87 campamentos transitorios montados por el Estado, mientras Naciones Unidas contabiliza solo en La Guaira 46 espacios de alojamiento temporal con más de 11.500 desplazados. En estos lugares, organizaciones médicas alertan sobre un aumento de diarreas, infecciones cutáneas y descompensaciones de enfermedades crónicas, agravadas por la destrucción parcial de la red sanitaria y por el hecho de que cerca de la mitad del personal de salud de La Guaira habría resultado directamente afectado por el desastre.

Estado de Emergencia y Estado Mayor de Contingencia

Desde el primer día, la presidencia encargada decretó el Estado de Emergencia y activó un Estado Mayor de Contingencia para coordinar tanto la respuesta humanitaria como la futura reconstrucción. La conducción recae en un general de la Guardia Nacional con amplia autoridad sobre ministerios civiles y cuerpos de seguridad. El Gobierno destaca que se han atendido 86.794 familias, distribuido más de 9,6 millones de kilos de alimentos, desplegado a 30.000 efectivos de fuerzas de seguridad y protección civil y recibido a 4.388 rescatistas internacionales, apoyados por casi 29.000 voluntarios registrados.

La Asamblea Nacional, presidida también por un dirigente oficialista, ha asumido un rol central de vocería, actualizando cifras y anunciando que, en alianza con agencias de la ONU, se priorizará la instalación de viviendas prefabricadas para quienes no puedan volver a zonas de alto riesgo. Este énfasis en soluciones rápidas contrasta con la magnitud de los daños: una primera estimación de Naciones Unidas calcula en unos 37.000 millones de dólares las pérdidas físicas directas en viviendas e infraestructura, con especial impacto en telecomunicaciones, energía y carreteras.

Campamentos saturados y críticas por militarización

Sobre el terreno, la percepción es menos triunfalista. Residentes de sectores populares de La Guaira y otras localidades costeras relatan que, durante días, debieron excavar con las manos o con herramientas precarias, mientras la maquinaria pesada llegaba con retraso por falta de combustible o problemas logísticos. En algunos barrios, los primeros bulldozers aparecieron casi una semana después del sismo, cuando ya toda esperanza de encontrar sobrevivientes se había desvanecido.

Testimonios recogidos por medios internacionales describen visitas de la dirigencia gubernamental recibidas con abucheos en zonas de clase media y alta, y denuncian que, en La Guaira, se impusieron cordones militares estrictos que limitaban el acceso de familiares y voluntarios a edificios colapsados. Encuestas rápidas citadas por analistas locales apuntan a niveles inusualmente altos de frustración dirigidos no solo al Gobierno, sino también a las fuerzas armadas, percibidas como más enfocadas en el orden público que en el rescate.

Ayuda internacional y papel de México

En paralelo, la dimensión internacional de la respuesta ha ganado peso. La ONU lanzó un llamamiento de unos 300 millones de dólares para asistir a 1,3 millones de personas, mientras países como Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Noruega, miembros de la Unión Europea y organismos financieros multilaterales anunciaron contribuciones. Entre los apoyos regionales destaca el de México, que ha enviado a Venezuela aviones de transporte militar con especialistas del Ejército y de protección civil, equipos caninos y cargamentos de insumos, en operaciones coordinadas por su Fuerza Aérea.

La presencia de contingentes extranjeros, incluidos militares, genera también interrogantes políticos. Sectores críticos temen una dependencia prolongada de capacidades externas y cuestionan la falta de información detallada sobre los acuerdos operativos, mientras el Gobierno presenta la movilización como prueba de reconocimiento internacional y de eficacia de su diplomacia.

Los retos inmediatos de la reconstrucción

Más allá de la fase de rescate, el país entra en una etapa en la que se superponen desafíos. En lo material, reconstruir o reforzar miles de viviendas en un contexto de debilidad fiscal y sanciones internacionales exigirá combinar recursos nacionales, créditos y donaciones, con el riesgo de que la ayuda se concentre en zonas visibles y deje rezagadas a comunidades periféricas.

En lo social y sanitario, evitar brotes epidémicos en campamentos superpoblados, garantizar atención continuada a heridos graves y a personas con enfermedades crónicas, y ofrecer alternativas habitacionales dignas antes de que se consoliden asentamientos precarios son prioridades urgentes señaladas por organizaciones médicas y humanitarias.

En lo político, la gestión del desastre ya funciona como catalizador de tensiones acumuladas: la centralización en el Estado Mayor, la militarización de la emergencia, la opacidad sobre muertos no identificados y desaparecidos y la sospecha de clientelismo en el reparto de ayuda podrían erosionar aún más la confianza en las instituciones si no se acompañan de transparencia, participación comunitaria y control independiente. La manera en que el Gobierno y el Parlamento afronten estos dilemas definirá no solo la velocidad de la reconstrucción, sino también el clima político de los próximos meses.