EE UU lanza campaña para desmantelar la Corte Penal Internacional

El anuncio del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de una campaña diplomática para “desmantelar” la Corte Penal Internacional (CPI) supone el paso más agresivo hasta ahora en el largo pulso de Washington con el tribunal de La Haya. La iniciativa combina nuevas restricciones migratorias, expansión de sanciones financieras y presión directa sobre aliados para aislar a la corte y vaciarla de apoyo político.

Según el discurso de Rubio y filtraciones de funcionarios del Departamento de Estado, la campaña incluye prohibir la entrada a territorio estadounidense de jueces, fiscales, investigadores y personal administrativo de la CPI, así como de algunos familiares directos. También prevé la cancelación de visados ya emitidos y la ampliación de los vetos para organizaciones de la sociedad civil que colaboren con investigaciones del tribunal sobre conductas de militares y altos cargos de Estados Unidos o de Israel.

El segundo pilar es económico. Rubio anunció que se reforzará la aplicación de la orden ejecutiva 14203, que desde 2025 permite congelar bienes y bloquear transacciones de funcionarios de la CPI considerados una “amenaza” para la seguridad nacional. El nuevo plan extiende ese marco a unidades administrativas completas de la corte y abre la puerta a sanciones secundarias contra bancos y empresas extranjeras que faciliten sus operaciones financieras.

Un tercer eje es abiertamente diplomático. La Casa Blanca y el Departamento de Estado comenzaron a comunicar a gobiernos aliados que la cooperación en materia de defensa, inteligencia y ayuda económica deberá ser “compatible” con la postura estadounidense frente a la CPI. De forma explícita o implícita, el mensaje apunta a que los países que sostienen el Estatuto de Roma y permiten actuaciones de la corte contra ciudadanos estadounidenses o israelíes podrían ver revisado su trato preferencial.

Un conflicto de larga data entre Washington y la CPI

La ofensiva de hoy se apoya en un historial de enfrentamientos. Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma en 2000, pero nunca lo ratificó y, con la Ley de Protección de los Miembros de las Fuerzas Armadas de 2002, restringió de forma drástica cualquier cooperación con la CPI. Las tensiones escalaron cuando el tribunal abrió investigaciones por presuntos crímenes de guerra en Afganistán y, más recientemente, al autorizar órdenes de arresto contra responsables israelíes por la guerra en Gaza.

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el nombramiento de Rubio como secretario de Estado, Washington pasó de la desconfianza estructural al castigo directo. La orden ejecutiva 14203, de 2025, permitió imponer sanciones a jueces y fiscales de la CPI, así como a funcionarios de la ONU vinculados a investigaciones sobre Palestina. Juristas y organismos internacionales denunciaron entonces un intento de intimidar al tribunal y de blindar a militares y políticos frente a eventuales procesos por crímenes internacionales.

Soberanía versus justicia internacional

El argumento oficial es que la CPI se ha convertido en un órgano “politizado” que pretende juzgar a nacionales de países que no son parte del Estatuto de Roma y que, por tanto, viola principios básicos de soberanía. Para defensores de la justicia internacional, en cambio, el nuevo paquete refuerza la imagen de una potencia dispuesta a utilizar su peso financiero y diplomático para impedir que se investiguen abusos graves cuando afectan a sus aliados o a sus propias fuerzas armadas.

Lo que está en juego para América Latina

Para América Latina, donde la mayoría de los países —incluidos Argentina, Colombia, México, Chile y Venezuela— son parte de la CPI, la campaña abre un nuevo frente de presión. Estados que dependen de cooperación militar o ayuda financiera estadounidense podrían enfrentarse a dilemas entre mantener su compromiso con el tribunal o privilegiar la relación bilateral con Washington.

El desenlace dependerá de si otros Estados acompañan o frenan la embestida estadounidense.