Sheinbaum desafía a la DEA y lanza ley general contra el feminicidio en todo México

Un choque frontal con la DEA en plena mañanera

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum convirtió la tribuna de Palacio Nacional en el principal escenario de la más reciente tensión con Washington. Cuestionada sobre las declaraciones del titular de la DEA, Terry Cole, quien insinuó la existencia de un “narcogobierno” y señaló presuntos vínculos de autoridades mexicanas con cárteles, la mandataria respondió que se trata de afirmaciones “muy desafortunadas” y de “carácter político”, carentes de pruebas públicas.

Sheinbaum recordó que México mantiene operando una estrategia de seguridad que combina despliegue territorial, inteligencia financiera y reducción de homicidios dolosos, y sostuvo que los resultados deben medirse por indicadores verificables, no por señalamientos mediáticos. Al mismo tiempo, reprochó que la agencia antidrogas estadounidense no haya hecho una revisión profunda de sus propios casos de corrupción y filtraciones hacia el crimen organizado, ni del papel del mercado de consumo de drogas y del tráfico de armas que sale de Estados Unidos.

La presidenta subrayó que la cooperación bilateral en seguridad continuará, pero bajo condiciones claras: registro y autorización expresa para cada agente extranjero, obligación de ceñirse a la Ley de Seguridad Nacional mexicana y prohibición de operaciones unilaterales. Ese marco, reiteró, busca evitar episodios como los que rodean el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, que ya provocaron acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos sobre la transparencia de las operaciones de inteligencia.

Una ley general para unificar la respuesta al feminicidio

En el mismo espacio, Sheinbaum presentó la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, que será enviada al Congreso para su discusión en el próximo periodo ordinario. La propuesta se apoya en una reforma constitucional reciente que facultó al Congreso de la Unión para expedir una legislación general en la materia y establecer un tipo penal homologado en todo el país.

El proyecto parte de una definición común: comete feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Desde ahí, fija un piso mínimo de agravantes —como que la víctima sea niña, esté embarazada, sea defensora de derechos humanos o periodista, o que el agresor sea servidor público— y prevé penas que pueden alcanzar hasta 70 años de prisión.

Uno de los ejes centrales es la investigación: toda muerte violenta de una mujer deberá iniciarse bajo la hipótesis de feminicidio, con protocolos y peritajes especializados y turnos continuos para evitar la fragmentación de los casos. La ley contempla además un marco de derechos para víctimas indirectas, que incluye atención médica y psicológica de urgencia, asesoría jurídica gratuita, apoyos para niñas y niños en orfandad y reglas claras para la restitución digna de cuerpos.

Reacciones y retos: entre el papel y la realidad

En el plano político interno, el oficialismo presenta la ley como el complemento lógico de la reforma constitucional aprobada por unanimidad en el Senado, que buscó garantizar que el acceso a la justicia por feminicidio no dependa del estado donde ocurra el crimen. Para el gobierno, se trata de construir un “muro” jurídico uniforme frente a la violencia feminicida.

Colectivas feministas y organizaciones de derechos humanos reciben el anuncio con una mezcla de reconocimiento y cautela. En pronunciamientos recientes sobre el proyecto, han advertido que nuevas normas no bastan si las fiscalías siguen sin aplicar los protocolos existentes y si no se corrigen omisiones estructurales, como el rezago en la implementación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el débil seguimiento a las Alertas de Violencia de Género vigentes en varios estados.

Informes de organismos internacionales subrayan que el feminicidio continúa siendo una de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos en México, con altos niveles de impunidad pese a avances normativos. En ese contexto, la nueva ley podría convertirse en un parteaguas si se acompaña de mayor presupuesto, capacitación obligatoria con perspectiva de género, evaluación independiente del desempeño de fiscalías y coordinación efectiva entre órdenes de gobierno.

Al combinar una defensa firme de la soberanía frente a la DEA con una apuesta por fortalecer la respuesta institucional a la violencia contra las mujeres, el gobierno de Sheinbaum intenta enviar un doble mensaje: México quiere ser tratado como socio en pie de igualdad en la agenda de seguridad, mientras asume —al menos en el plano legal— uno de los desafíos más urgentes de su propia crisis de derechos humanos.