Recortes de De la Espriella ponen en jaque la implementación de la paz en Colombia

Un giro fiscal que golpea el corazón del posconflicto

El presidente electo Abelardo de la Espriella ha puesto la implementación del Acuerdo de Paz en el centro de su agenda de recortes. En una transmisión en vivo anunció la eliminación de 229 cargos en la Presidencia y la desaparición de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, como parte de un plan para reducir en 20 billones de pesos el gasto del Estado.

El mensaje es inequívoco: desmontar la política de “paz total” promovida por el gobierno de Gustavo Petro y recentrar la estrategia en seguridad y control territorial. De la Espriella ha insistido en que no habrá “más procesos de falsa paz” y que las negociaciones con grupos armados dejarán de ser prioridad de la Presidencia.

Qué se recorta y quién pierde

La desaparición de la Oficina del Alto Comisionado implica, en la práctica, cerrar o suspender las mesas con el ELN, las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central y de la Segunda Marquetalia, así como otros canales de diálogo con estructuras criminales. A ello se suma la incertidumbre sobre el futuro de la Unidad de Implementación, que articula la ejecución del Acuerdo con entidades como la Agencia para la Reincorporación y Normalización y la Unidad para las Víctimas.

En los 170 municipios PDET, las zonas más golpeadas por el conflicto, los recortes pondrían en riesgo obras de infraestructura rural, sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y proyectos productivos de comunidades campesinas y excombatientes, en territorios donde se concentra buena parte de las víctimas registradas y persisten disputas armadas.

La ruta de reincorporación de unos 13.000 exguerrilleros que dejaron las armas también queda en entredicho: sin recursos estables para vivienda, educación, salud y proyectos productivos, aumenta el riesgo de que algunos terminen cooptados por estructuras criminales, lo que muchos consideran un retroceso.

El contrapunto de Petro: diálogo y calle

Mientras el presidente electo marca distancia con la arquitectura institucional de la paz, Gustavo Petro se aferra al discurso del acuerdo nacional y la movilización social. Ha convocado a marchas el 20 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia y la instalación del nuevo Congreso, para defender las reformas sociales de su gobierno y advertir que el país “no puede volver a la guerra”.

En recientes intervenciones públicas, Petro ha llamado al próximo gobierno a hablar con sus opositores y con las víctimas, subrayando que “la guerra civil es el fracaso” y que la salida debe ser un nuevo pacto democrático. Sus aliados buscan que la movilización sirva también como demostración de respaldo a la implementación del Acuerdo y a los procesos de diálogo aún abiertos.

Una transición marcada por la desconfianza

El pulso entre austeridad fiscal y compromisos de paz redefine la transición política. Para los partidarios de De la Espriella, el recorte es una corrección necesaria frente a una “burocracia de la paz” costosa e ineficiente. Para sectores de víctimas, comunidades en territorios PDET y expertos en conflicto armado, la señal es de ruptura: el Estado parece retirarse justo de las zonas donde su presencia civil empezaba a consolidarse.

Más que un debate técnico sobre partidas, está en juego el modelo de paz: negociación y transformación territorial o, en cambio, mano dura y enfoque en seguridad. La respuesta del Congreso y de la Corte Constitucional será clave para saber si Colombia acepta una implementación mínima del Acuerdo o si las presiones ciudadanas logran frenar la asfixia financiera de la paz.