Fractura del Cártel de Sinaloa enciende Mazatlán y el sur del estado

Una escalada que rompe la ilusión de tranquilidad

En Mazatlán y en el sur de Sinaloa, la violencia dejó de ser un ruido lejano para convertirse en parte del paisaje cotidiano. En meses recientes se han registrado hallazgos de cuerpos con signos de tortura en zonas urbanas del puerto, como el caso de una víctima arrojada envuelta en una cobija en el Estero del Infiernillo, un punto cercano a áreas habitacionales y de tránsito diario.

A esto se suma el secuestro de seis personas, entre ellas una menor, en una playa de la Zona Dorada de Mazatlán, cuando paseaban en vehículos todo terreno y fueron interceptadas por un comando armado. El hecho, que motivó un amplio operativo de Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal, impactó directamente la imagen del principal corredor turístico del estado.

Al mismo tiempo, en municipios como Rosario y Escuinapa se han documentado enfrentamientos entre grupos armados, con muertos y heridos, así como denuncias de desplazamiento de familias de comunidades serranas de Rosario, Concordia y Escuinapa, que buscan refugio en cabeceras municipales o en otros puntos del estado.

Un mapa criminal en reconfiguración permanente

La ola de violencia no puede entenderse sin la profunda fractura del Cártel de Sinaloa. Informes recientes de centros de análisis de conflictos y del propio gabinete de seguridad mexicano describen cuatro grandes bloques en disputa, con más de 20 células activas. Los Chapitos, debilitados por capturas y extradiciones, se replegaron al sur de Sinaloa y mantienen presencia en Concordia, Rosario, Escuinapa y parte de Mazatlán, donde controlan rutas y actividades ligadas al puerto.

En paralelo, la facción de “Los Mayos” ha ganado terreno en Culiacán y zonas del centro del estado, mientras el Cártel de Guasave, conocido también como “Los Mazatlecos”, aprovecha los vacíos de poder para expandirse. La ruptura interna borró antiguas fronteras criminales, transformando carreteras como la que conecta Culiacán con Mazatlán en corredores de alto riesgo por donde se mueven armas, drogas y células armadas.

En este contexto se inscribe la figura de mandos regionales como Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, identificado como jefe de plaza de Los Chapitos en Rosario y Concordia, cuya persecución desató operativos militares recientes en la zona serrana del sur de Sinaloa.

La respuesta del Estado: despliegues, cifras y límites

El gobierno federal sostiene que la estrategia de contención ha dado resultados. Datos de la Secretaría de Seguridad señalan miles de armas aseguradas y más de dos mil quinientas personas detenidas por delitos de alto impacto en Sinaloa desde el inicio de la actual administración.

En el sur del estado, la respuesta se ha concretado en operativos conjuntos del Ejército, la Marina, Guardia Nacional y corporaciones estatales, con patrullajes en carreteras, sobrevuelos en zonas serranas y cateos en rancherías utilizadas como rutas logísticas por células armadas. Estos despliegues se reforzaron tras los enfrentamientos en Rosario y Escuinapa y después de episodios de alto impacto en Mazatlán, como el secuestro múltiple en la playa y los hallazgos de cuerpos con aparentes narcomensajes.

Sin embargo, especialistas advierten que los golpes quirúrgicos a jefes de plaza y el aseguramiento de armamento no han sido suficientes para desactivar las redes financieras y territoriales de las facciones, que suelen regenerar mandos rápidamente y compensar sus pérdidas con nuevas alianzas.

Turismo y vida diaria bajo presión

Para el sector turístico de Mazatlán, cada hecho violento cerca de la Zona Dorada o de áreas de playa se traduce en cancelaciones y en un aumento de los costos de seguridad privada en hoteles, bares y restaurantes. Aunque la ocupación se mantiene gracias a paquetes promocionales y a la lealtad de visitantes recurrentes, empresarios reconocen que la percepción de riesgo ha crecido, en particular entre turistas internacionales sensibles a noticias de levantones y balaceras.

En las comunidades rurales del sur de Sinaloa, el impacto es aún más crudo: escuelas que pierden matrícula por el desplazamiento de familias, actividades agrícolas interrumpidas por el temor a quedar en medio de un enfrentamiento y jóvenes reclutados por las distintas células. Organizaciones civiles locales han documentado cómo la población vive entre la necesidad de denunciar y el miedo a represalias, mientras la militarización de la región normaliza retenes y sobrevuelos como parte del día a día.

En conjunto, la combinación de una estructura criminal fragmentada, una respuesta estatal centrada en operativos y una economía fuertemente dependiente del turismo y del campo mantiene a Mazatlán y al sur de Sinaloa en un frágil equilibrio, donde cualquier nuevo choque entre facciones puede detonar otra oleada de violencia.