Colombia busca a miles de desaparecidos tras el terremoto de 7,4 en el Pacífico

Un día después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia, el país amanece con un balance todavía preliminar y en constante movimiento. De acuerdo con el último reporte del Gobierno, al menos 181 personas han muerto, unas 2.595 resultaron heridas y cerca de 195 siguen oficialmente desaparecidas, aunque bases de datos ciudadanas elevan a más de 3.900 el número de personas sin localizar.

Las muertes se concentran en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, mientras se multiplican las denuncias por daños severos en municipios intermedios y veredas del Pacífico y del Eje Cafetero, donde las comunicaciones siguen siendo inestables o inexistentes. En Bogotá, el sismo provocó evacuaciones masivas y daños menores en fachadas y edificaciones antiguas, sin que se reporten colapsos significativos. El epicentro, en San José del Palmar (Chocó), una zona montañosa y de difícil acceso, dificulta el despliegue de equipos y el envío de información confiable.

En ciudades como Cali y Pereira, las imágenes se repiten: edificios de apartamentos convertidos en montones de concreto, fachadas arrancadas y vehículos aplastados. Según autoridades locales, al menos 58 edificaciones colapsaron en Pereira y unas 40 en Cali. Brigadas de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y equipos de rescate urbanos trabajan junto a soldados y voluntarios, apoyados por perros rastreadores y maquinaria pesada. “Sabemos que el tiempo corre en contra, pero mientras haya ruido bajo los escombros no vamos a parar”, cuenta un rescatista en Cali, tras una noche de trabajo ininterrumpido.

En Quibdó, capital del Chocó, los hospitales funcionan al límite con cortes intermitentes de energía y agua. Habitantes consultados por teléfono describen barrios con viviendas de madera y bloque agrietadas o en el suelo, y puentes locales con daños visibles. Usuarios en redes sociales han denunciado que en municipios cercanos al epicentro, como San José del Palmar, la señal telefónica y de internet colapsó poco después del sismo, dejando a familias sin noticias de sus parientes.

El presidente Abelardo de la Espriella, en el cargo desde hace pocos días, declaró el desastre de carácter nacional y una emergencia para agilizar recursos y contratación de obras de recuperación. La Presidencia informó que “se movilizó todo el aparato militar y policial”, incluidos ingenieros, helicópteros y aviones de transporte, con prioridad para el corredor Cali–Pereira–Manizales y para el Pacífico chocoano. En Pereira se restringió la circulación de vehículos particulares para despejar rutas de ambulancias y maquinaria de rescate, mientras en Cali y Pereira rigen toques de queda nocturnos para prevenir saqueos y permitir el trabajo de los equipos en relativa calma.

La Cancillería y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo aseguran haber recibido ofertas de apoyo de gobiernos y organismos internacionales, que incluyen equipos de búsqueda y rescate especializados y asistencia técnica para evaluar daños estructurales. Al mismo tiempo, organizaciones humanitarias nacionales coordinan campañas de donación de agua, alimentos no perecederos y elementos de aseo, con llamados específicos a no olvidar al Chocó, uno de los departamentos históricamente más empobrecidos del país.

El terremoto volvió a exponer la vulnerabilidad sísmica de Colombia, ubicada en la convergencia de varias placas y atravesada por el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Expertos en gestión del riesgo señalan que, pese a la existencia de un código de construcciones sismo-resistentes desde los años ochenta, su aplicación ha sido irregular, especialmente en edificaciones antiguas, viviendas informales y zonas rurales. Las escenas de edificios colapsados en Pereira y Manizales reavivan paralelos con terremotos anteriores en el Eje Cafetero y cuestionan la supervisión de licencias urbanísticas y la calidad de los materiales empleados.

Entre los escombros, las estadísticas toman rostro. En Pereira, un hombre que viajó desde Medellín busca a su hermano entre los restos de un bloque de apartamentos donde apenas se reconoce la estructura original. En Cali, vecinos improvisan cadenas humanas para sacar enseres y documentos de edificios que los ingenieros han catalogado como inhabitables. En Quibdó, una madre relata que pasó la noche en una cancha, junto a cientos de personas que temen regresar a sus casas agrietadas. Frente a la magnitud del desastre, el desafío inmediato es salvar vidas; el siguiente, más incómodo y de largo aliento, será decidir si el país aprende las lecciones de esta tragedia o vuelve a enterrarlas bajo el concreto.