Reconstrucción selectiva: las decisiones de De la Espriella que marcan el pos‑terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia dejó un país en ruinas y un Gobierno sometido a prueba. El último balance oficial, divulgado en la madrugada de este viernes, habla de 281 personas fallecidas, 3.971 heridas, 379 desaparecidas y 348 rescatadas con vida. A ello se suman más de 65.000 viviendas averiadas, más de 10.000 destruidas y más de un centenar de edificios colapsados en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. Mientras los equipos de socorro siguen removiendo escombros, el presidente Abelardo de la Espriella intenta tomar la iniciativa política con un plan de reconstrucción y una política controvertida hacia la ayuda internacional.

Un plan de reconstrucción apoyado en el sector privado

En una rueda de prensa nocturna, De la Espriella anunció un plan específico para las 44.000 viviendas catalogadas como afectadas por el sismo. Acompañado por su ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, y por representantes de grandes empresas constructoras, el mandatario prometió que “ninguna familia se quedará sola”, y subrayó que la reconstrucción se hará “de la mano de la empresa privada y las autoridades locales”. El paquete incluye un subsidio de arriendo para los hogares más golpeados, un decreto de alivio temporal en el pago de servicios públicos y una alianza con el gremio de la infraestructura para levantar de nuevo casas en los barrios urbanos más dañados.

El programa se enmarca en la declaración de una emergencia económica, que permitirá al Ejecutivo reasignar partidas, firmar contratos abreviados y recurrir a nuevos créditos. Esta vía ha sido criticada por el expresidente Gustavo Petro y por el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Mauricio Pava, quienes alertan de un sobreendeudamiento del país y reclaman que los costos recaigan en mayores impuestos a los más ricos, y no en deuda futura. Para los detractores, el riesgo es que el “Plan Marshall” prometido para el Pacífico termine priorizando a grandes constructoras y propietarios urbanos, dejando rezagadas a comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas del Chocó, donde el Estado históricamente ha tenido menos presencia.

Ayuda internacional filtrada por afinidades políticas

En paralelo al anuncio del plan de viviendas, el Gobierno ha fijado una línea dura respecto al ingreso de brigadas extranjeras. Según la última actualización, Colombia solo recibirá equipos de rescate procedentes de cuatro países que el presidente considera aliados estratégicos: Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador. El resto de gobiernos interesados —entre ellos México, Chile, Brasil o España— han sido invitados a enviar únicamente ayuda humanitaria en especie o apoyos logísticos, pero no personal especializado. El Ejecutivo sostiene que esas cuatro naciones son las únicas que cumplen los “estándares internacionales requeridos” y que, por ahora, las capacidades nacionales no se han visto rebasadas.

Sin embargo, la práctica muestra una situación más compleja. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha explicado que una brigada militar de rescatistas entrenados en grandes sismos no ha recibido autorización para volar, después de que Bogotá pidiera “otra certificación” adicional. El presidente salvadoreño Nayib Bukele confirmó que su país enviará 100 toneladas de insumos, pero no personal, porque Colombia solo ha solicitado ayuda de ese tipo. El embajador de China en Bogotá reclamó públicamente que el Gobierno identifique con claridad al funcionario encargado de coordinar la cooperación, señalando la falta de un canal operativo claro en medio de la emergencia.

A la vez, Estados Unidos ha activado un equipo de respuesta ante desastres y comprometido más de 15 millones de dólares en apoyo, mientras la ONU se limita, por ahora, a “acompañar la respuesta liderada por el Gobierno colombiano”. Para analistas de política exterior, la combinación de un filtro muy estricto a los rescatistas y una clara preferencia por aliados ideológicamente afines refuerza la imagen de un Gobierno receloso del multilateralismo, en línea con las posiciones previas de De la Espriella frente a organismos como Naciones Unidas y la OEA.

Respuesta a la emergencia, diplomacia y confianza ciudadana

Las consecuencias prácticas de estas decisiones se miden en horas perdidas durante la “ventana dorada” de los rescates. Con centenares de edificios colapsados y miles de viviendas dañadas, expertos en gestión del riesgo señalan que el país sí muestra signos de estar desbordado y que la llegada oportuna de brigadas experimentadas podría marcar la diferencia entre vida y muerte. El retraso en el nombramiento del nuevo director de la UNGRD, sumado a la ruptura del empalme con el gobierno anterior, ha complicado la activación de mecanismos internacionales diseñados precisamente para estas emergencias.

En el plano diplomático, la selektividad ha generado molestia en capitales que ofrecieron ayuda inmediata y que ahora ven cómo sus equipos permanecen en espera o son sometidos a exigencias adicionales. México, Chile, Brasil y España han optado por un tono prudente, pero sus mensajes públicos dejan entrever frustración. Al mismo tiempo, el alineamiento preferente con Washington, El Salvador, Israel y Ecuador puede consolidar la narrativa de un gobierno que antepone afinidades ideológicas a criterios puramente técnicos en plena catástrofe.

De cara a la ciudadanía, el contraste entre la solidaridad desbordada de vecinos, bomberos y voluntarios locales, y la percepción de un Estado central que discute certificaciones mientras continúan los derrumbes, alimenta la desconfianza. El plan de reconstrucción y los subsidios anuncian un alivio a mediano plazo, pero la forma en que se están administrando la ayuda internacional y las finanzas públicas podría marcar, desde ya, la credibilidad del gobierno de De la Espriella como gestor de crisis.