Regreso de Rubén Rocha Moya sacude Sinaloa tras licencia por nexos con el narco

El retorno tras 112 días de licencia

El Gobierno de Sinaloa oficializó este viernes la reincorporación de Rubén Rocha Moya como gobernador constitucional, después de 112 días de licencia. Durante ese periodo, la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, asumió como mandataria interina, tras la autorización del Congreso local a la solicitud de separación temporal presentada por Rocha a inicios de mayo.

La licencia se produjo luego de que autoridades estadounidenses lo señalaran, junto con otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, de presunta colaboración con una red asociada al Cártel de Sinaloa, acusaciones que motivaron a la Fiscalía General de la República (FGR) a abrir una investigación. El gobernador argumentó entonces que se apartaba para no afectar al gobierno estatal ni a su fuerza política y para ponerse a disposición de las autoridades mexicanas.

En su mensaje de regreso, Rocha afirmó que vuelve “con la frente en alto” y sostuvo que, según la FGR, no existen elementos que lo vinculen con delitos penales, calificando las acusaciones de Estados Unidos como infundadas y motivadas políticamente.

Investigaciones abiertas y postura del Gobierno federal

A pesar del discurso del mandatario, el Gobierno federal ha señalado que su reincorporación responde a una decisión personal y que las carpetas de investigación siguen en manos de la Fiscalía. La Secretaría de Gobernación ha recordado que las autoridades estadounidenses acusan a una decena de funcionarios de haber protegido operaciones de tráfico de drogas —incluido fentanilo y metanfetaminas— de facciones del Cártel de Sinaloa, presuntamente a cambio de sobornos.

La Cancillería, por su parte, ha insistido en que Washington entregue pruebas concretas para sustentar los señalamientos. Hasta ahora no se han anunciado órdenes de captura ni imputaciones formales en México contra Rocha, que mantiene su fuero como gobernador en funciones, un punto que juristas críticos han descrito como una “simulación” al considerar que la licencia no lo dejó realmente expuesto a un proceso penal ordinario.

El caso Fausto Corrales y la sombra de la violencia política

El regreso del gobernador coincide con la detención, esta misma semana, de Fausto Ernesto Corrales Rodríguez por parte de la FGR. Corrales, operador político vinculado al Partido Sinaloense e hijo de un exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha sido señalado como testigo clave en dos hechos que estremecieron la vida pública del estado: el homicidio del exrector y político Héctor Melesio Cuén y la presunta privación de la libertad de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024.

De acuerdo con los reportes disponibles, la Fiscalía federal lo investiga ahora no solo como testigo, sino como posible implicado en estos hechos. Su padre, hoy legislador local, ha defendido públicamente su inocencia y sostiene que demostrará que las imputaciones son infundadas.

La detención de Corrales reactiva las sospechas sobre la convergencia entre estructuras políticas, universitarias y grupos criminales en Sinaloa, así como sobre el posible uso de la violencia para dirimir disputas por el control de instituciones clave como la universidad pública.

Reacciones políticas y efectos en seguridad y gobernabilidad

Sectores de la oposición y especialistas en derecho constitucional han cuestionado tanto la licencia como el retorno de Rocha, al considerar que manda un mensaje de impunidad al mantener en el cargo a un gobernador bajo investigación por presuntos nexos con el narcotráfico. Reclaman que, mientras no se esclarezcan plenamente las acusaciones, la prioridad debería ser blindar a las instituciones estatales frente a cualquier injerencia del crimen organizado.

El oficialismo, en cambio, ha defendido al mandatario, presentándolo como víctima de injerencias externas y de una campaña de desestabilización política. Desde esta visión, el regreso de Rocha busca dar continuidad a los programas sociales y a la estrategia de seguridad vigente, al tiempo que se exige a Estados Unidos aportar pruebas sólidas de sus señalamientos.

En términos de seguridad y gobernabilidad, el escenario es delicado. Por un lado, la presencia de un gobernador cuestionado puede debilitar la confianza ciudadana y la coordinación con fuerzas federales en un territorio clave para las rutas del narcotráfico. Por otro, un eventual avance de las investigaciones que implique a figuras de alto nivel podría derivar en una crisis política mayor en el estado. En este contexto, la transparencia de la FGR y la capacidad de las autoridades para investigar sin presiones políticas serán determinantes para la estabilidad institucional de Sinaloa.