Presupuesto 2027 de De la Espriella crece 10 % y deja fuera, por ahora, el costo del terremoto

Un presupuesto más grande en medio de la emergencia

El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó en la Cámara de Representantes un Presupuesto General de la Nación para 2027 por 634,9 billones de pesos, que el propio ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, bautizó como el “Presupuesto de la Verdad”. La cifra es superior en algo más de 59 billones al proyecto presentado por el gobierno de Gustavo Petro y devuelto por las comisiones económicas, lo que implica un aumento cercano al 10 %. En comparación con el presupuesto aprobado para 2026, de 555,8 billones, el salto es de 14,2 %.

El nuevo texto se estructura en tres grandes bloques: 62 % para gastos de funcionamiento, 24 % para servicio de la deuda y 14 % para inversión. En pesos, el funcionamiento asciende a 392,5 billones (7,3 % más que en 2026), el servicio de la deuda a 155 billones (un aumento de 54,7 %) y la inversión a 86,9 billones, que supone una caída de 2,8 % frente al año en curso y una reducción de su participación en el PIB.

Reconstrucción tras el terremoto: la gran ausente

El presupuesto llega apenas dos semanas después del terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que dejó una amplia estela de daños en varias regiones. Los primeros cálculos oficiales y privados estiman que la reconstrucción y la atención a los afectados requerirían del orden de 30 billones de pesos, de los cuales cerca del 60 % recaería en el Estado.

Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2027 no crea todavía un gran bloque explícito para la reconstrucción. La inversión total incluso se reduce frente a 2026, lo que sugiere que los recursos para obras de emergencia y rehabilitación se canalizarán vía adiciones presupuestales y reasignaciones durante el próximo año, una vez se consoliden los avalúos de daños. Desde el propio Ministerio de Hacienda se ha señalado que será necesario “sincerar las cuentas” y tramitar una ley fiscal específica para ordenar el impacto del sismo en las finanzas públicas.

Defensa, gasto social y deuda en tensión con la austeridad

Aunque el detalle por sectores se conocerá en los anexos técnicos, el Gobierno y la mesa directiva de la Cámara destacan que el presupuesto “protege el gasto social, garantiza pensiones y salarios, fortalece la seguridad y prioriza inversión que genera crecimiento”. Eso implica mantener un peso alto de rubros como educación, salud, transferencias sociales y nómina del sector público dentro del gasto de funcionamiento, y preservar recursos para Fuerzas Militares y Policía en un contexto de creciente preocupación por la seguridad.

El elemento más llamativo es el salto del servicio de la deuda a 155 billones de pesos, casi una cuarta parte del presupuesto y la cifra más alta registrada en este rubro. El ministro Gómez lo atribuye al endeudamiento acumulado en los últimos años y defiende que el nuevo plan “deja de esconder” obligaciones financieras que antes se subestimaban. Para intentar cuadrar las cuentas, el Ejecutivo anuncia un recorte de 21,9 billones en contratos de prestación de servicios y otros gastos administrativos, así como una ley fiscal que reorganizaría el gasto y buscaría nuevas fuentes de financiación sin crear impuestos adicionales.

Regla fiscal, críticas y señales a los mercados

Antes del cambio de proyecto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal había advertido que el presupuesto heredado presentaba un faltante de ingresos superior a 30 billones y pidió ajustes de fondo. Ahora, con un monto total aún mayor, el reto para cumplir la senda de la regla fiscal se hace más complejo. Las últimas proyecciones oficiales indican que el país podría cerrar 2026 con un déficit cercano a 7,8 % del PIB, muy por encima del 5,3 % inicialmente estimado, en un contexto de calificaciones soberanas rebajadas y tasas de interés más altas.

Economistas consultados señalan que, aunque es positivo sincerar el costo real de la deuda y de los compromisos del Estado, un presupuesto que crece en funcionamiento y servicio de la deuda mientras recorta la inversión puede ralentizar la recuperación tras el terremoto y frenar el crecimiento potencial. Desde la oposición, se cuestiona la coherencia entre el discurso de “Estado austero” y un incremento de dos dígitos frente al proyecto de Petro y al presupuesto de 2026. Para los mercados, el mensaje clave será si el Gobierno logra combinar este mayor tamaño del Estado con un plan creíble de recortes selectivos, reforma institucional y priorización de la inversión que evite nuevas presiones sobre el riesgo país.