La reforma sobre nacionalidad única supera el umbral estatal, pero aún no está vigente

La reforma constitucional de nacionalidad única alcanzó un umbral decisivo, pero todavía no había completado su recorrido legal. Al viernes 2 de octubre, 21 congresos locales habían aprobado los cambios, seis más que las 17 legislaturas requeridas para avanzar conforme al artículo 135 constitucional. La información publicada ese día señalaba que el Congreso federal preveía declarar la aprobación constitucional el martes 6 de octubre.

El dato importa porque el respaldo de los estados no convierte por sí solo una iniciativa en una reforma plenamente promulgada. Tras el aval local todavía correspondían el cómputo formal de las votaciones y la declaratoria de aprobación por las cámaras de Diputados y Senadores. Después, el decreto debía enviarse para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Al corte del 2 de octubre, esa declaratoria y la publicación seguían pendientes.

A quiénes alcanzaría la medida

La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer el requisito de nacionalidad mexicana exclusiva a quienes busquen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. Quien tenga otra nacionalidad tendría que renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura. El texto también contempla restricciones relacionadas con adquirir o ejercer derechos vinculados a otra nacionalidad durante el desempeño de esos cargos.

No se trata de una prohibición general de la doble nacionalidad ni de una pérdida automática de la nacionalidad mexicana para quienes la tienen. La limitación se dirige a la elegibilidad para esos puestos ejecutivos. Según los transitorios difundidos durante el trámite, su aplicación se proyecta a partir de 2028, por lo que no afectaría las elecciones estatales previstas para 2027.

Soberanía frente a derechos políticos

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la iniciativa como una garantía de que quienes encabecen los poderes ejecutivos mantengan un vínculo jurídico y político exclusivo con México. Su argumento es que, ante decisiones de máxima responsabilidad, el interés nacional debe prevalecer sobre cualquier otro vínculo estatal. En su explicación pública, cuestionó que un presidente pudiera tener simultáneamente nacionalidad mexicana y estadounidense.

Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano objetaron que el nuevo requisito limita el derecho a ser votado y afecta especialmente a personas mexicanas con doble nacionalidad, muchas de ellas vinculadas a comunidades migrantes. El senador panista Francisco Ramírez Acuña sostuvo que la medida levanta una barrera a la participación política. Esas críticas no equivalen a una resolución judicial sobre la constitucionalidad de la reforma: hasta el avance reportado, el desacuerdo era político y legislativo.

El paso pendiente

Superado el umbral de aprobaciones estatales, la cuestión inmediata era completar las declaratorias federales y publicar el decreto. Después, el Congreso tendría que adecuar la legislación correspondiente dentro del plazo previsto en los transitorios; también se anticiparon ajustes en normas locales. La aplicación concreta —incluidos los procedimientos para acreditar una renuncia a otra nacionalidad— dependería de esas reglas y de cómo operen en cada caso.

Por tanto, al 2 de octubre era correcto hablar de una reforma aprobada por ambas cámaras y respaldada por la mayoría necesaria de legislaturas locales, pero no de una norma ya publicada y plenamente vigente. La fecha anunciada para la declaratoria era un paso programado, no una formalidad que pudiera darse por cumplida de antemano.