FGR acusa a César Jáuregui por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal libró una orden de aprehensión contra César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, por hechos que, según la institución, podrían constituir traición a la patria en materia de seguridad nacional. La investigación se relaciona con el ingreso presuntamente no autorizado de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y su presunta participación en un operativo contra el crimen organizado en abril, en El Pinal, municipio de Morelos.

La fiscal general Ernestina Godoy dijo que la FGR realizó más de cien actos de investigación antes de solicitar la orden. Según su versión, Jáuregui habría coordinado hechos durante el operativo y permitido la intervención de los agentes estadounidenses sin autorización del Gobierno federal mexicano. Godoy también sostuvo que las autoridades estatales no informaron a la Federación antes de la operación y que los agentes visitaron en varias ocasiones instalaciones de investigación estatal. Son señalamientos de la Fiscalía, no hechos establecidos en una sentencia.

Dos órdenes y causas distintas

La detención de Jáuregui incluyó actuaciones de autoridades federales y estatales, pero los procedimientos no son el mismo caso. La FGR informó que ejecutó la orden federal por la presunta traición a la patria en materia de seguridad nacional. En paralelo, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó una orden de un juez local por presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición, delitos previstos en el código penal estatal.

El encargado de despacho de la Fiscalía estatal, Gilberto Loya, vinculó la causa local con la probable participación de personas extranjeras en el operativo y con posibles omisiones de la cadena de mando y los protocolos. Afirmó que investigar la forma en que se realizó la operación no resta valor al desmantelamiento del laboratorio. La audiencia inicial estatal fue diferida, a solicitud de la defensa, para que pudiera revisar la carpeta de investigación. La información consultada no confirma el resultado posterior de esa diligencia ni el estado de una audiencia federal.

Qué se sabe y qué falta aclarar

El operativo en El Pinal ocurrió entre el 17 y el 19 de abril. Tras la misión, dos agentes estadounidenses y dos funcionarios de la Fiscalía estatal murieron en un accidente carretero. En un primer momento, autoridades de Chihuahua describieron a los estadounidenses como trabajadores de la embajada que realizaban labores de adiestramiento; después se conoció su vínculo con la CIA y surgieron versiones distintas sobre si participaron directamente en el operativo. En abril, el Gobierno federal sostuvo que no había sido informado ni había autorizado la presencia de agentes extranjeros.

La FGR plantea que el combate al crimen organizado y ciertas facultades de seguridad corresponden a autoridades federales, y que la colaboración con gobiernos extranjeros está sujeta a normas mexicanas. El caso, por tanto, pone bajo escrutinio la coordinación entre Chihuahua y el Gobierno federal de México, así como la actuación de funcionarios de Estados Unidos en territorio mexicano. Lo que no queda establecido públicamente en la información revisada es qué tareas concretas realizó cada agente, quién autorizó su participación, qué evidencia sustenta cada imputación y cómo resolverán los jueces la cuestión de competencia y responsabilidad.

La defensa, por medio del abogado Luis Villegas, calificó la detención de maniobra política y sostuvo que podría impedir a Jáuregui competir por una candidatura local. Jáuregui había negado previamente haber cometido un delito. Ambas afirmaciones deben entenderse como posiciones de la defensa, no como determinaciones judiciales.

La orden de aprehensión y las imputaciones no equivalen a una condena. Corresponde a los tribunales examinar las pruebas, garantizar el derecho de defensa y determinar si se acreditan los delitos atribuidos. Hasta entonces, Jáuregui conserva la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.