Jáuregui evita prisión estatal, pero la FGR activa una causa federal distinta

La decisión del juez estatal

El 18 de octubre, tras una audiencia de más de diez horas, un juez de control de Chihuahua rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía General del Estado contra César Jáuregui, exfiscal estatal. Resolvió que enfrentara en libertad la causa local mientras avanza el procedimiento, pero le impuso medidas cautelares: entregar su pasaporte y visa, presentarse a firmar periódicamente —los reportes señalan una firma mensual— y no acercarse a testigos relacionados con la investigación. Las restricciones buscan asegurar su comparecencia y limitar el riesgo de que salga del país o interfiera con la causa.

La acusación estatal es por presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición. La Fiscalía sostiene que Jáuregui habría incurrido en irregularidades vinculadas con la intervención de personal extranjero en un operativo. Son imputaciones que deberán examinarse ante el tribunal; el rechazo de la prisión preventiva no equivale a una absolución y tampoco establece que los delitos se hayan cometido.

La audiencia quedó diferida para el jueves 22 de octubre, cuando el juez deberá resolver si hay elementos suficientes para vincularlo a proceso por esos cargos locales. Esa decisión procesal está pendiente: el 18 de octubre el juez resolvió las medidas cautelares, no la responsabilidad penal de Jáuregui ni su vinculación.

Una orden federal separada

La situación de libertad ordenada por el juez estatal no puso fin a la detención. Minutos después de concluida la audiencia, agentes federales ejecutaron una orden de aprehensión distinta, emitida en el fuero federal, según los reportes sobre la actuación de la Fiscalía General de la República. La FGR investiga a Jáuregui por hechos que, a juicio de esa institución, podrían constituir traición a la patria en materia de seguridad nacional. La fiscalía le atribuye presunta responsabilidad por permitir o facilitar la participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano sin la autorización federal correspondiente.

La defensa informó que se había dispuesto el traslado de Jáuregui al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, para comparecer ante una jueza federal. Sin embargo, las notas consultadas describen el traslado como previsto o en curso y no permiten confirmar de manera independiente que ya hubiera llegado al centro penitenciario. Tampoco establecen con certeza cuándo se celebraría la diligencia federal ni si se realizaría presencialmente o por videoconferencia. Por tanto, no debe confundirse el anuncio del traslado con una confirmación de llegada o de una resolución federal posterior.

El trasfondo del caso

La investigación se relaciona con un operativo antidrogas realizado en abril en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. La controversia surgió por la presunta participación de agentes de la CIA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos, junto con personal mexicano. En el contexto del operativo, dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos murieron en un accidente, según los reportes consultados.

La FGR sostiene que la intervención de agentes extranjeros en tareas de seguridad sin autorización pudo vulnerar la soberanía mexicana. Esa es la hipótesis de la fiscalía, no un hecho declarado probado por un tribunal. La causa estatal y la federal tienen autoridades, imputaciones y decisiones procesales distintas, aunque ambas se originan en el mismo episodio. Hasta que los jueces examinen las pruebas y resuelvan las etapas correspondientes, las acusaciones contra Jáuregui no constituyen una condena.