JEP imputa a 11 exintegrantes de la Armada y la Policía por 32 masacres

La investigación documentó 284 asesinatos y 107 víctimas de violencias de género

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Resumen

La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes de la Armada y dos de la Policía por hechos vinculados con 32 masacres en Montes de María, entre 1999 y 2001. La Sala documentó 284 asesinatos y 107 víctimas de violencias basadas en género, sexuales y contra mujeres y niñas. La imputación no es una declaración definitiva de responsabilidad: los comparecientes tendrán 15 días hábiles desde su notificación para reconocer los hechos y su responsabilidad o controvertirlos.

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JEP imputa a 11 exintegrantes de la Armada y la Policía por 32 masacres

La decisión de la Sala

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó el 10 de noviembre crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional por su presunta participación en hechos vinculados con 32 masacres y otras conductas contra la población civil de Montes de María. La investigación, dentro del Caso 08, priorizó hechos ocurridos entre 1999 y 2001 en esta región de Colombia y municipios cercanos, incluidos territorios del Canal del Dique.

La Sala de Reconocimiento de Verdad sostuvo que las masacres no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón de violencia contra comunidades campesinas estigmatizadas como supuestas colaboradoras de las antiguas Farc-EP. Según la JEP, ese patrón involucró un “alineamiento estratégico” entre estructuras paramilitares, determinados integrantes de la fuerza pública y otros actores regionales, mediante coordinación, intercambio de información, facilitación de desplazamientos, omisiones y tolerancia operacional. La Sala precisó que su conclusión no presupone una organización única ni un mando común.

Cifras y daños documentados

La decisión atribuye a las 32 masacres 284 asesinatos: 169 en cuatro hechos ilustrativos y 115 en otros 28. En 15 de las masacres, la Sala documentó 107 víctimas de violencias basadas en género, violencia sexual y otras violencias contra mujeres y niñas. La JEP describió también desapariciones forzadas, torturas, amenazas y desplazamientos, y señaló que las afectaciones incluyeron daños a la vida comunitaria y al territorio.

En el subcaso hay 1.219 víctimas acreditadas, entre personas, colectivos y los territorios de Montes de María y Canal del Dique. La Sala determinó que las violencias sexuales, reproductivas y basadas en género fueron utilizadas para castigar, humillar y someter a víctimas y comunidades, y estableció persecución por razón de género. Estas son conclusiones de la Sala en esta etapa; la imputación aún puede ser controvertida.

Medidas para las víctimas y trámite

La JEP ordenó dos mesas técnicas. Una, con la Unidad para las Víctimas, revisará el estado de la valoración y el acceso a reparación administrativa de víctimas acreditadas de violencia sexual y basada en género; la Defensoría del Pueblo ejercerá su secretaría técnica. La otra, con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, coordinará búsqueda, localización, identificación y entrega digna, y revisará necesidades de muestras genéticas. Su primera reunión deberá realizarse dentro de los tres meses siguientes a que la decisión quede ejecutoriada. También se dispuso activar rutas para reconocer a las mujeres buscadoras, incorporarlas al registro correspondiente y adoptar medidas de prevención y protección.

La JEP notificará a los once comparecientes. Desde la notificación tendrán 15 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad, o controvertir la imputación con argumentos y pruebas. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público cuentan con el mismo plazo para presentar observaciones. Si hay reconocimiento y aporte de verdad, la Sala puede remitir conclusiones al Tribunal para la Paz, que definirá las sanciones restaurativas. Si se controvierte, el caso puede pasar a la Unidad de Investigación y Acusación; si esta formula acusación, podría avanzar a juicio y, si se establece responsabilidad, dar lugar a penas de hasta 20 años.

La imputación, por tanto, no es una condena ni una declaración definitiva de responsabilidad penal. Además, la JEP informó por separado que tres comparecientes fueron remitidos anticipadamente a la Unidad de Investigación y Acusación por hechos relacionados con Capaca, El Salado y Macayepo; ese trámite no debe confundirse con el plazo recién abierto para los once imputados.

Análisis y resumen ampliado

La Sala de Reconocimiento de la JEP atribuyó a nueve antiguos integrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía presunta responsabilidad como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad ligados a 32 masacres y otras conductas contra civiles en Montes de María. La investigación priorizó hechos ocurridos entre 1999 y 2001 y documentó 284 asesinatos, además de 107 víctimas de violencias basadas en género, violencia sexual y violencia contra mujeres y niñas. La JEP describió un patrón de coordinación entre determinados miembros de la fuerza pública, estructuras paramilitares y otros actores, no un mando único. La imputación no equivale a condena. Tras la notificación, los comparecientes disponen de 15 días hábiles para reconocer o controvertir; se ordenaron también mesas para reparación, búsqueda de desaparecidos y protección de mujeres buscadoras.

Fuentes y referencias

  • Colombia
  • JEP
  • Montes de María
  • Armada Nacional
  • Policía Nacional
  • masacres
  • violencia de género
  • Caso 08

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