El Banco de la República aumentó su tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta el 12,25%. Cuatro integrantes respaldaron el incremento, dos propusieron mantenerla y uno pidió subirla en 50 puntos básicos, ante el repunte de la inflación.
El Gobierno colombiano decretó un racionamiento programado de gas natural tras una falla técnica en uno de los trenes de regasificación de la terminal SPEC LNG en Cartagena, lo que redujo temporalmente su capacidad de entrega. La medida, sustentada en una resolución de Minenergía, prioriza a los hogares, hospitales, colegios y sistemas de transporte masivo, mientras desplaza los recortes hacia la industria y parte de la generación térmica. Gremios y expertos advierten que el episodio confirma la vulnerabilidad de depender de una sola planta para buena parte del gas importado y reclaman acelerar nuevas infraestructuras, almacenamiento y exploración interna para reducir el riesgo de futuras crisis.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella rompió relaciones diplomáticas con Irán, decisión vigente desde el 19 de septiembre y anunciada por la Cancillería el 24, alegando razones de seguridad nacional, vínculos con el terrorismo, violaciones de derechos humanos y el bloqueo del estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo, declaró terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní y reforzó controles migratorios, alineándose con la estrategia de presión de Estados Unidos e Israel en medio de la guerra en Medio Oriente. El impacto económico directo parece limitado, pero la ruptura redefine la política exterior colombiana, estrecha la cooperación en seguridad con sus aliados y aumenta los riesgos de quedar expuesta a represalias indirectas en el escenario regional.
El vicepresidente José Manuel Restrepo llevó ante la Asamblea General de la ONU el primer mensaje del gobierno de Abelardo de la Espriella, centrado en la respuesta al reciente terremoto, la recuperación de la seguridad interna y la llamada “Patria Milagro” como proyecto de país. En un tono crítico pero cooperativo, cuestionó la burocracia de Naciones Unidas, propuso avanzar hacia una definición jurídica internacional del terrorismo, defendió una “Economía Milagro” abierta a la inversión extranjera y ató la credibilidad en derechos humanos a una “transición democrática pronta, segura y profunda” en Venezuela. Las primeras reacciones apuntan a un giro pragmático en la política exterior colombiana, sin romper puentes con el sistema multilateral.
Un incendio forestal de gran magnitud afecta desde el fin de semana a Villa de Leyva y otros puntos de Boyacá, donde las autoridades municipales declararon la calamidad pública y ordenaron evacuaciones preventivas en áreas rurales y hoteleras. En menos de 48 horas el fuego ha consumido más de 300 hectáreas en el cerro San Marcos, ha obligado a cerrar senderos turísticos y ha tensionado la capacidad de respuesta local, mientras el gobernador reclama mayor apoyo del Gobierno nacional. Las condiciones de sequía, los vientos y el riesgo asociado al fenómeno de El Niño agravan el comportamiento de las llamas, en una región donde expertos advierten sobre alta vulnerabilidad estructural frente a incendios forestales.
El Gobierno colombiano y la canadiense Collective Mining presentaron el hallazgo de un yacimiento de tungsteno con potencial comercial en el sistema Apollo del proyecto Guayabales, en Caldas, considerado el primer depósito en roca dura de este metal identificado en el país. La compañía estima recursos que, en tungsteno contenido, se acercan a la producción anual de Vietnam, segundo productor mundial, y plantea una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares si el proyecto pasa a fase de construcción. El anuncio llega en plena disputa entre China y Estados Unidos por el control de minerales críticos para la industria militar, electrónica y el auge de la inteligencia artificial, y reabre debates ambientales y sociales en una región históricamente marcada por la minería.
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la muerte de los cinco ocupantes de la avioneta Cessna T206 de la Patrulla Aérea Civil Colombiana que se estrelló el domingo cuando regresaba de una brigada médica en Condoto, Chocó. El siniestro, ocurrido en una zona selvática de difícil acceso cercana al Cerro Tatamá, truncó la misión humanitaria que había atendido a cientos de damnificados y reavivó las alarmas sobre la seguridad de la aviación humanitaria y la dependencia de estas brigadas para llevar salud a las regiones más aisladas del país.
El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto 1368 con el que se levanta la suspensión general de los permisos de porte de armas de fuego y se reactiva el sistema de salvoconductos basado en el Decreto Ley 2535 de 1993. El Gobierno asegura que no habrá “libre porte” y que se mantienen estrictos requisitos de idoneidad física y mental, estudios de seguridad y controles militares, mientras defensores celebran que “ciudadanos decentes” puedan armarse frente al crimen. Organizaciones de derechos humanos, alcaldes y expertos en seguridad advierten que la medida contradice la evidencia de reducción de homicidios lograda durante la suspensión del porte y puede escalar la violencia cotidiana y los riesgos para el orden público.
Un ataque con drones cargados de explosivos contra el cantón militar El Trapiche, en Ocaña (Norte de Santander), dejó al menos tres militares muertos y varios heridos, en un hecho que el Gobierno atribuye al ELN. El presidente Abelardo de la Espriella prometió una respuesta “implacable” y anunció refuerzos, nuevas medidas antidrones y ajustes a su ofensiva de seguridad, mientras analistas advierten que la escalada complica cualquier eventual intento de reabrir diálogos de paz y vuelve a poner bajo la lupa la crítica situación humanitaria en el Catatumbo y la frontera con Venezuela.
Un operativo aéreo de la Fuerza Pública contra un campamento de disidencias en zona rural de El Retorno, Guaviare, dejó diez muertos, entre ellos tres menores de edad, según confirmó Medicina Legal y el propio Ministerio de Defensa. El Gobierno y la cúpula militar defienden que todas las personas abatidas eran “combatientes” en función continua de combate y señalan a las disidencias por reclutar niños, mientras organizaciones de derechos humanos y sectores políticos cuestionan si se tomaron precauciones suficientes para proteger a la niñez en medio de la nueva ofensiva de seguridad que reemplaza a la política de “paz total”.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó en el Congreso un Presupuesto General de la Nación 2027 por 634,9 billones de pesos, cerca de 10 % más alto que el proyecto que había dejado Gustavo Petro y 14,2 % por encima del presupuesto de 2026. El nuevo plan aumenta de forma marcada el servicio de la deuda, reduce levemente la inversión y mantiene al alza el gasto de funcionamiento, mientras el Ejecutivo admite que las cifras aún no recogen plenamente el impacto fiscal de la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. Expertos y sectores de la oposición cuestionan la coherencia entre el discurso de austeridad y el tamaño del presupuesto, y advierten riesgos para el cumplimiento de la regla fiscal y la confianza de los mercados.
Un sismo de magnitud 5,1 con epicentro en Los Santos, Santander, se registró este miércoles en el nororiente de Colombia y se sintió con fuerza en Bogotá y varias ciudades andinas, apenas dos semanas después del terremoto de 7,4 que dejó centenares de muertos, heridos y desaparecidos. Aunque no se reportan daños graves ni víctimas por el nuevo temblor, el episodio reaviva el miedo en un país que aún procesa la devastación y pone bajo escrutinio el avance en la entrega de subsidios, ayudas y planes de reconstrucción en las zonas más golpeadas.
Shakira y el filántropo estadounidense Howard G. Buffett anunciaron en Quibdó un plan para reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó y levantar 10 nuevos colegios en el departamento, una de las zonas más golpeadas por el reciente terremoto de magnitud 7,4. La iniciativa, articulada entre la Fundación Pies Descalzos y la Fundación Howard G. Buffett, suma aportes adicionales de fondos internacionales y se presenta como un eje de la recuperación educativa en una región históricamente marginada. El proyecto ha sido recibido con esperanza, pero también con llamados a que el Estado no delegue en la filantropía responsabilidades estructurales de la reconstrucción.
A una semana de iniciar su mandato y en plena emergencia por el terremoto de magnitud 7,4, el gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta su primera crisis política. Las fotos del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, descansando en una playa de Santa Marta y el video del presidente repartiendo balones con propaganda de su movimiento a víctimas en Buenaventura desataron una ola de indignación ciudadana y llamados a moción de censura. El episodio pone bajo la lupa la gestión política y comunicacional del pos‑terremoto y anticipa riesgos para la legitimidad del nuevo gabinete.
El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó una nueva política exterior que consolida un alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel, formaliza la entrada plena de Colombia al Escudo de las Américas y reconoce soberanías de aliados en territorios en disputa. La doctrina se anuncia en plena emergencia tras el terremoto del Pacífico y promete canalizar ayuda, tecnología militar y recursos para la reconstrucción. Sin embargo, abre una intensa controversia interna y regional sobre pérdida de autonomía, ruptura con el multilateralismo y el riesgo de que la agenda humanitaria quede supeditada a objetivos de seguridad.
Cuatro días después del terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, el saldo oficial asciende a 281 muertos, casi 4.000 heridos y centenares de desaparecidos, mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella presenta su primer plan de reconstrucción de viviendas. El Ejecutivo ha anunciado la reparación o reposición de 44.000 casas dañadas, apoyado en alianzas con grandes constructoras, subsidios de arriendo y alivios temporales en servicios públicos, en el marco de una inminente emergencia económica. Al mismo tiempo, ha decidido aceptar equipos de rescate solo de cuatro países aliados —Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador— y restringir al resto a la entrega de insumos, una postura que suscita críticas por su impacto en el ritmo de los rescates, la imagen internacional del país y la confianza ciudadana en la gestión del desastre.
Tras el terremoto de magnitud 7,4 en el Pacífico, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que declarará la emergencia económica para agilizar recursos hacia las zonas más golpeadas. La figura, prevista en la Constitución colombiana, permite al Ejecutivo dictar decretos con fuerza de ley, reorientar el presupuesto y flexibilizar la contratación. El Gobierno estudia alivios tributarios, subsidios focalizados y un gran plan de reconstrucción, mientras crecen las exigencias de transparencia, control político y participación ciudadana para evitar que el estado de excepción se convierta en un cheque en blanco.
Un día después del terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar (Chocó), el Gobierno colombiano reporta al menos 181 muertos, más de 2.500 heridos y cerca de 200 desaparecidos, mientras bases de datos ciudadanas hablan de hasta 3.900 personas sin localizar. Las operaciones de búsqueda y rescate se concentran en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, pero persiste un gran vacío de información en las zonas rurales del Pacífico. El presidente Abelardo de la Espriella declaró desastre de carácter nacional, impuso toques de queda en Cali y Pereira para evitar saqueos y coordina ofertas de ayuda internacional, en medio de crecientes denuncias sobre la fragilidad de la infraestructura y el incumplimiento de normas sismo-resistentes.